El juez López Picabea impidió que representantes de los organismos pudieran visitar Agustín Santillán, detenido sin condena y criminalizado por la reivindicación histórica del territorio ancestral indígena.
Informe presentado al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sobre la respuesta del Estado argentino a la desaparición de Santiago Maldonado.
Hoy el CELS recusó al juez federal Guido Otranto, a cargo de la causa en la que se investiga la desaparición de Santiago Maldonado.
El Estado argentino no siguió los términos de la acción urgente 381/2017 de la ONU sobre la desaparición de Santiago Maldonado. En este informe solicitamos al Comité que requiera la adopción inmediata de las medidas esenciales que deben tomarse ante la desaparición de una persona.
Luego de que Casación cambiara su condena, de tentativa de homicidio simple a calificado, el TOC 4 de San Martín ajustó el monto de la pena por el correspondiente: 15 años y 6 meses.
Se realizó una conferencia de prensa en Esquel, a 35 días de la desaparición de Santiago Maldonado. Se señalaron las falencias en los primeros días de la investigación, el operativo violento en el que desapareció Santiago y las hipótesis que buscaron desviar la causa.
Represión policial y criminalización fueron las respuestas de los gobiernos nacional y de la ciudad y de la justicia federal a la masiva movilización que el viernes pidió por la aparición con vida de Santiago Maldonado. La Policía de la Ciudad volvió a incumplir las obligaciones que le fija la ley.
Hoy, en la ciudad de Córdoba fueron allanados once locales de distintos partidos políticos y organizaciones sociales. Se trata de un mensaje que busca intimidar a las organizaciones sociales y políticas.
El recorrido es el sábado. Hablaremos sobre las transformaciones de la protesta social, las respuestas estatales y las estrategias de los organismos para promover la protección de los derechos humanos .
Hoy se cumplen 10 días de que Santiago Maldonado fue visto por última vez mientras intentaba escapar de un operativo de la Gendarmería en el territorio de la comunidad Pu Lof Cushamen, en la provincia de Chubut. Hoy hubo una masiva concentración en la Plaza de Mayo para exigir su aparición con vida.
El Estado argentino debe tomar medidas urgentes para encontrar a Santiago Maldonado. Tambien debe actuar de inmediato para proteger a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut.
Como ya ha ocurrido en otras ocasiones recientes, la Gendarmería desplegó un operativo violento, disparó balas de plomo y de goma, no tomó ninguna precaución para proteger a niños y niñas presentes en el lugar y tuvo un proceder inexplicable que incluyó la quema de objetos pertenecientes a las familias, como sus ropas y mantas, acciones que tienen como único fin el amedrentamiento de sus integrantes.
Hoy a la mañana la Policía Bonaerense, apoyada por Gendarmería, ingresó a la planta de la empresa PepsiCo en la que permanecían trabajadores despedidos que reclaman ser reincorporados. Trabajadores, legisladores y trabajadores de prensa fueron golpeados, gaseados y heridos. Varias personas fueron detenidas.
El amicus presentado por el CELS plantea que la CSJN debe tener en cuenta que la muerte de Fuentealba se produjo durante una protesta y que es el propio Estado quien debe garantizar el libre ejercicio de ese derecho.
Los manifestantes detenidos en la última semana -ayer enfrente de Tribunales y el miércoles pasado en la Av. 9 de julio- fueron privados de la libertad por el delito de “intimidación pública”. Esto agrava la criminalización de la protesta social.
Agentes de la policía porteña incumplieron la Ley de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires: no estaban uniformados ni identificados cuando persiguieron y detuvieron a manifestantes. Ocurrió durante la represión de una protesta en la avenida 9 de Julio.
Los autores materiales de los asesinatos de Kosteki y Santillán fueron condenados en 2006. Sin embargo el sistema judicial no avanzó en la investigación de las responsabilidades de los funcionarios políticos ni de los jefes policiales que tuvieron a su cargo la represión.
El referente de la comunidad wichi está detenido de manera arbitraria desde hace dos meses por su participación en protestas sociales. La Cámara de Apelaciones debe resolver su situación.
En esta nueva publicación analizamos la protesta social en el país. En los últimos años investigamos y litigamos en numerosos casos en los que la respuesta estatal al ejercicio del derecho a la protesta ocasionó muertes y afectó la salud y la integridad física de cientos de manifestantes.
Diego Montón, Marta Dillon y Sonia Alesso analizan la protesta social en la Argentina desde sus experiencias militantes: la resistencia campesina, contra la violencia de género y la lucha docente. Fue en el encuentro Derecho a la protesta. Conflictos sociales y represión en el continente americano.
Integrantes de distintas organizaciones de derechos humanos de la región analizaron la situación de la protesta social en sus países, en el encuentro Derecho a la protesta. Conflictos sociales y represión en el continente americano.
Michael Power de la organización sudafricana LRC, Homer Venters de Physicians for Human Rights y Matthew Cagle de ACLU reflexionan sobre las respuestas estatales a la protesta social.
Organizaciones de la sociedad civil firmamos una carta de repudio a la detención de Agustín Santillán y otros referentes Wichís en Formosa.
El Estado argentino fue convocado por la CIDH para dar respuesta sobre la represión y la criminalización de la protesta social en Jujuy. En esa provincia se utilizan procesos penales, contravencionales y administrativos para limitar la protesta, la libertad de expresión y la libertad de asociación.
Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) y Fernando Acosta, Secretario de Interior de la CTA Autónoma hablan de la persecución judicial de organizaciones y referentes sindicales y sociales en la provincia de Jujuy.
Participaron dos de las personas detenidas, Laura Arnés y Natalia Milduberger, Mariana Carbajal, integrante de la Comisión Directiva del CELS e integrante del Colectivo Ni Una Menos, María Rachid, directora del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo, Paula Litvachky, directora del área Justicia y Seguridad del CELS.
Las respuestas estatales que buscan restringir las protestas a través de regulaciones, de la criminalización y del uso de la fuerza afectan de manera negativa a la vida democrática. Esta investigación analiza su abordaje en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
Comunicado conjunto del CELS, Amnistía Internacional y ANDHES.
La justicia federal fijó una pena desproporcionada a una dirigente social a partir de un testimonio que no tiene ninguna credibilidad, por un episodio del que no participó.
Comunicado conjunto del CELS y ANDHES.
Se realizará una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la violencia que sufrió la comunidad Nam Qom en agosto de 2002 y la falta de respuesta estatal.
Luis Almagro difundió una carta que escribió a Milagro Sala, quien está privada de su libertad de manera arbitraria desde el 16 de enero.
Las reivindicaciones territoriales mapuches son tomadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación como amenazas para la seguridad social.
Amnistía Internacional, ANDHES y el CELS pedimos que el Estado argentino informe las acciones que está realizando para cumplir con la decisión definitiva del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
Comunicado conjunto de Amnistía Internacional Argentina, el CELS y ANDHES.
Las protestas sociales han ido en aumento. En muchos casos, las fuerzas policiales y de seguridad han respondido con procedimientos que vulneran seriamente los derechos fundamentales a la protesta y a la libre expresión, y esto a menudo se refleja en un recrudecimiento de la violencia por el uso injustificado, inadecuado y desmedido de la fuerza.
El delegado gremial de Unión del Personal Civil de la Nación, Luis Bastidas, recibió un disparo con bala de plomo por parte de un policía durante una protesta en la sede del Ministerio de Trabajo de Neuquén.
Un grupo de trabajadores del Ingenio San Martín del Tabacal, nucleados en el sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA) que cortaban la ruta nacional 50 en las cercanías de la ciudad de Orán por un conflicto laboral fueron reprimidos por la policía de Salta y la Gendarmería Nacional.
El 28 de julio de 2011, Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan José Velázquez fueron asesinados por la policía de la provincia de Jujuy durante el desalojo de un reclamo por acceso a viviendas en la ciudad de Libertador General San Martín.
Distintas fuerzas de seguridad realizaron un operativo violento a una comunidad mapuche, que lleva adelante un proceso de recuperación de tierras ancestrales.
El Tribunal Oral Federal N 6 dio a conocer el fallo por la represión policial del 20 de diciembre de 2001 que ocasionó cinco muertes y decenas de heridos en la ciudad de Buenos Aires.
El recurso de queja presentado ante la CSJN es para evitar el cierre de la causa penal que investiga la quema de 17 casas de la comunidad Qom – La Primavera durante la represión del 23 de noviembre de 2010.
La detención arbitraria de Milagro Sala ocurre en el contexto de una serie de medidas tomadas por la administración de Macri que han debilitado el Estado de derecho bajo el pretexto de seguridad, libertad económica y la guerra contra las drogas. Por Gastón Chillier y Ernesto Semán.
El 16 de enero la dirigente social de la Túpac Amaru, Milagro Sala, fue detenida arbitrariamente en la provincia de Jujuy por liderar una protesta contra decisiones del gobernador Gerardo Morales.
La ONU aceptó la denuncia contra el Estado argentino por la detención de Milagro Sala presentada por el CELS, Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
El CELS envió sus consideraciones con motivo de la consulta que se encuentra abierta sobre el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”.
El gobierno nacional considera que las protestas sociales deben ser abordadas como un problema de seguridad y, por lo tanto, la primera respuesta del Estado a los reclamos en la calle la darán las fuerzas de seguridad.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones periodísticas se refirió a las críticas hechas por CELS al protocolo con el que las fuerzas de seguridad responderán a las manifestaciones.
El protocolo para la actuación policial en las manifestaciones públicas otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales solicitaron a la CIDH que otorgue medidas cautelares para garantizar la libertad de Milagro Sala.