El amicus presentado por el CELS plantea que la CSJN debe tener en cuenta que la muerte de Fuentealba se produjo durante una protesta y que es el propio Estado quien debe garantizar el libre ejercicio de ese derecho.
Los manifestantes detenidos en la última semana -ayer enfrente de Tribunales y el miércoles pasado en la Av. 9 de julio- fueron privados de la libertad por el delito de “intimidación pública”. Esto agrava la criminalización de la protesta social.
Agentes de la policía porteña incumplieron la Ley de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires: no estaban uniformados ni identificados cuando persiguieron y detuvieron a manifestantes. Ocurrió durante la represión de una protesta en la avenida 9 de Julio.
Los autores materiales de los asesinatos de Kosteki y Santillán fueron condenados en 2006. Sin embargo el sistema judicial no avanzó en la investigación de las responsabilidades de los funcionarios políticos ni de los jefes policiales que tuvieron a su cargo la represión.
El referente de la comunidad wichi está detenido de manera arbitraria desde hace dos meses por su participación en protestas sociales. La Cámara de Apelaciones debe resolver su situación.
En esta nueva publicación analizamos la protesta social en el país. En los últimos años investigamos y litigamos en numerosos casos en los que la respuesta estatal al ejercicio del derecho a la protesta ocasionó muertes y afectó la salud y la integridad física de cientos de manifestantes.
Diego Montón, Marta Dillon y Sonia Alesso analizan la protesta social en la Argentina desde sus experiencias militantes: la resistencia campesina, contra la violencia de género y la lucha docente. Fue en el encuentro Derecho a la protesta. Conflictos sociales y represión en el continente americano.
Integrantes de distintas organizaciones de derechos humanos de la región analizaron la situación de la protesta social en sus países, en el encuentro Derecho a la protesta. Conflictos sociales y represión en el continente americano.
Michael Power de la organización sudafricana LRC, Homer Venters de Physicians for Human Rights y Matthew Cagle de ACLU reflexionan sobre las respuestas estatales a la protesta social.
Organizaciones de la sociedad civil firmamos una carta de repudio a la detención de Agustín Santillán y otros referentes Wichís en Formosa.
El Estado argentino fue convocado por la CIDH para dar respuesta sobre la represión y la criminalización de la protesta social en Jujuy. En esa provincia se utilizan procesos penales, contravencionales y administrativos para limitar la protesta, la libertad de expresión y la libertad de asociación.
Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) y Fernando Acosta, Secretario de Interior de la CTA Autónoma hablan de la persecución judicial de organizaciones y referentes sindicales y sociales en la provincia de Jujuy.
Participaron dos de las personas detenidas, Laura Arnés y Natalia Milduberger, Mariana Carbajal, integrante de la Comisión Directiva del CELS e integrante del Colectivo Ni Una Menos, María Rachid, directora del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo, Paula Litvachky, directora del área Justicia y Seguridad del CELS.
Las respuestas estatales que buscan restringir las protestas a través de regulaciones, de la criminalización y del uso de la fuerza afectan de manera negativa a la vida democrática. Esta investigación analiza su abordaje en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
Comunicado conjunto del CELS, Amnistía Internacional y ANDHES.
La justicia federal fijó una pena desproporcionada a una dirigente social a partir de un testimonio que no tiene ninguna credibilidad, por un episodio del que no participó.
Comunicado conjunto del CELS y ANDHES.
Se realizará una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la violencia que sufrió la comunidad Nam Qom en agosto de 2002 y la falta de respuesta estatal.
Luis Almagro difundió una carta que escribió a Milagro Sala, quien está privada de su libertad de manera arbitraria desde el 16 de enero.
Las reivindicaciones territoriales mapuches son tomadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación como amenazas para la seguridad social.
Amnistía Internacional, ANDHES y el CELS pedimos que el Estado argentino informe las acciones que está realizando para cumplir con la decisión definitiva del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
Comunicado conjunto de Amnistía Internacional Argentina, el CELS y ANDHES.
Las protestas sociales han ido en aumento. En muchos casos, las fuerzas policiales y de seguridad han respondido con procedimientos que vulneran seriamente los derechos fundamentales a la protesta y a la libre expresión, y esto a menudo se refleja en un recrudecimiento de la violencia por el uso injustificado, inadecuado y desmedido de la fuerza.
El delegado gremial de Unión del Personal Civil de la Nación, Luis Bastidas, recibió un disparo con bala de plomo por parte de un policía durante una protesta en la sede del Ministerio de Trabajo de Neuquén.
Un grupo de trabajadores del Ingenio San Martín del Tabacal, nucleados en el sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA) que cortaban la ruta nacional 50 en las cercanías de la ciudad de Orán por un conflicto laboral fueron reprimidos por la policía de Salta y la Gendarmería Nacional.
El 28 de julio de 2011, Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan José Velázquez fueron asesinados por la policía de la provincia de Jujuy durante el desalojo de un reclamo por acceso a viviendas en la ciudad de Libertador General San Martín.
Distintas fuerzas de seguridad realizaron un operativo violento a una comunidad mapuche, que lleva adelante un proceso de recuperación de tierras ancestrales.
El Tribunal Oral Federal N 6 dio a conocer el fallo por la represión policial del 20 de diciembre de 2001 que ocasionó cinco muertes y decenas de heridos en la ciudad de Buenos Aires.
El recurso de queja presentado ante la CSJN es para evitar el cierre de la causa penal que investiga la quema de 17 casas de la comunidad Qom – La Primavera durante la represión del 23 de noviembre de 2010.
La detención arbitraria de Milagro Sala ocurre en el contexto de una serie de medidas tomadas por la administración de Macri que han debilitado el Estado de derecho bajo el pretexto de seguridad, libertad económica y la guerra contra las drogas. Por Gastón Chillier y Ernesto Semán.
El 16 de enero la dirigente social de la Túpac Amaru, Milagro Sala, fue detenida arbitrariamente en la provincia de Jujuy por liderar una protesta contra decisiones del gobernador Gerardo Morales.
La ONU aceptó la denuncia contra el Estado argentino por la detención de Milagro Sala presentada por el CELS, Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
El CELS envió sus consideraciones con motivo de la consulta que se encuentra abierta sobre el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”.
El gobierno nacional considera que las protestas sociales deben ser abordadas como un problema de seguridad y, por lo tanto, la primera respuesta del Estado a los reclamos en la calle la darán las fuerzas de seguridad.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones periodísticas se refirió a las críticas hechas por CELS al protocolo con el que las fuerzas de seguridad responderán a las manifestaciones.
El protocolo para la actuación policial en las manifestaciones públicas otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales solicitaron a la CIDH que otorgue medidas cautelares para garantizar la libertad de Milagro Sala.
Milagro Sala, dirigente del movimiento Tupac Amaru, fue detenida en una causa en la que se la acusa de instigar a cometer delitos y de sedición.
La Policía Bonaerense reprimió una protesta de trabajadores precarizados y cesanteados en la ciudad de La Plata.
Esta mañana la Gendarmería nacional reprimió una protesta de trabajadores de la empresa Cresta Roja que reclaman por el cobro pendiente de sus salarios y la continuidad laboral de 4500 personas.
En su alegato, el CELS, pidió que se condene a Enrique Mathov, Rubén Jorge Santos, Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi a penas de hasta cinco años de prisión e inhabilitaciones especiales parar ejercer cargos públicos.
A partir del 11 de noviembre inicia la etapa de alegatos en el juicio por las muertes ocasionadas por la represión del 20 de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló la absolución de Rey y ordenó realizar un nuevo juicio para determinar su responsabilidad.
La Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh La Primavera decidió presentarse con el patrocinio del CELS como querellante en la causa judicial que debe investigar el operativo policial de noviembre de 2010.
Ángel Verón, el militante social del MTD No al desalojo, murió luego de que permaneciera internado por una feroz golpiza por parte de la policía que intervino en la represión de la protesta que desarrollaban en intercepción de ruta 11 km 997 en reclamo de trabajo y viviendas, el pasado 24 de septiembre.
Se cumplen cinco años del asesinato de Mariano Ferreyra, mientras participaba de una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, que reclamaban por su pase a planta permanente y la reincorporación de un grupo de compañeros despedidos.
El 30 de septiembre, la comunidad indígena Nam Qom fue reprimida por la policía de Formosa con balas de plomo y de goma, mientras llevaba adelante una protesta en reclamo del derecho a la vivienda digna y que tuvo como resultado varias personas resultaron heridas, entre ellas niños.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas de José Pedraza y Juan Carlos Fernández y del resto de los imputados por el homicidio de Mariano Ferreyra.
Anoche la policía de Tucumán reprimió una manifestación frente a la casa de gobierno provincial.
Esta mañana, la Gendarmería Nacional reprimió a trabajadores de la línea 60 de colectivos que se encontraban realizando una protesta por un conflicto laboral que alcanza 53 despidos.