El CELS expresó su repudio a la detención del delegado gremial de la ex línea Sarmiento, Rubén “Pollo” Sobrero, realizada mediante un procedimiento irregular y en el contexto de una investigación plagada de dudas.
El CELS condena la brutal represión durante el desalojo de un predio en la localidad de Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy, que produjo la muerte de un número aún indeterminado de personas, y reclama que se garantice el cese de la violencia.
Los seis efectivos de la Policía Federal procesados están acusados de liberar la zona para que la patota de la Unión Ferroviaria pudiera producir el ataque que terminó con el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra e hirió a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.
El CELS solicitó el procesamiento de siete efectivos de la Policía Federal que participaron en el operativo del 20 de octubre de 2010 en Barracas, cuando una patota de la Unión Ferroviaria asesinó a Mariano Ferreyra e hirió a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.
En un acto en los tribunales de San Martín, familiares y organizaciones reclamaron justicia por los crimenes de Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17, asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense el pasado 3 de febrero, en la brutal represión que siguió al descarrilamiento de un tren frente al barrio “La Cárcova”, en José León Suárez.
Pese a la política de no represión de las protestas sociales, el gobierno nacional no fijó un piso común para promover los estándares no represivos a las policías provinciales.
El titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, fue detenido para tomar declaración y pieron la indagatoria a cinco funcionarios de alto rango de la Policía Federal en la causa que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra.
El CELS repudia la represión que tuvo lugar el jueves por la noche en José León Suárez, durante la cual fueron asesinados dos adolescentes y un tercero sufrió heridas gravísimas.
El CELS repudia la represión que tuvo lugar en el desalojo de un predio en Villa Soldati y que produjeron los asesinatos de Rosemary Churapuña y Bernardo Salgueiro y más de una decena de personas resultaron heridas y exige el control civil de las fuerzas de seguridad.
El CELS reclama la inmediata identificación y sanción de los responsables de los hechos de violencia entre gremialistas de la Unión Ferroviaria y empleados de empresas contratistas del ferrocarril Roca, en el que se produjo el asesinato de Mariano Ferreyra, y en el que resultaron heridos por impactos de bala, Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre.
La denuncia presentada ante el organismo es por los crímenes de los jóvenes Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, asesinados por funcionarios policiales el 17 de junio pasado en la ciudad de Bariloche.
Los familiares de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, lograron un compromiso explícito del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo para monitorear el avance de la investigación y garantizar que la justicia identifique y sancione a los culpables.
Integrantes del Acuerdo para una política de Seguridad Democrática (ASD) repudian la violenta respuesta estatal producida ayer en la ciudad de Bariloche frente al reclamo por el asesinato del adolescente Diego Bonefoi a manos de un policía de la provincia de Río Negro.
19 y 20 de diciembre. El CELS reconoce la decisión de la Cámara Federal de revocar el sobreseimiento del ex presidente Fernando De la Rúa.
En este capítulo se analizan las formas concretas en que el Estado respondió a las distintas manifestaciones en el espacio público.
El posicionamiento del Estado frente a la protesta social ha estado permanentemente presente en la agenda del gobierno saliente de Néstor Kirchner.
Durante 2006 se produjeron numerosas situaciones de conflicto social que involucraron al Estado. En este artículo se analizan algunas de estas situaciones y se reflexiona sobre el modo en que el derecho podría acercarse a ellas.
En este capítulo se aborda la respuesta del Estado frente a la expresión de los conflictos sociales en el espacio público.
Este capítulo hace referencia a la reactivación económica, el trabajo y los nuevos conflictos, remarca la necesidad de que se piensen conjunta e integralmente las políticas sociales, las asistenciales y las laborales. También se enfoca en la disputa por el espacio público, donde se subraya que las políticas desplegadas reducen cuestiones sociales complejas a una cuestión de “orden público” o en la vía pública.
En este capítulo se analiza la respuesta del Estado frente a las manifestaciones públicas desarrolladas en distintos puntos del país.
En este libro, el CELS, analiza el modo en que el Estado enfrentó las sostenidas y novedosas formas de reclamo (piqueteros, cortes de rutas y calles), con la intención de promover la reflexión y proponer reformas legislativas e institucionales entre 1996-2002.
En este capítulo se anlizan varios episodios que ilustran la respuesta que ha brindado el Estado a las distintas manifestaciones del descontento frente a la crisis social y las secuelas del desempleo y la pobreza.
Durante diciembre del 2001, en un contexto de profundo retraimiento económico e inequidad social, se produjeron en todo el territorio encendidas manifestaciones de protesta. Contra ellas, el Estado desplegó una fuerte represión que incluyó la declaración de estado de sitio en toda la Nación.
En este apartado, se analiza la lógica y las consecuencias de las respuestas institucionales del gobierno nacional, caracterizadas por la represión y la criminalización de los manifestantes, en su mayoría delegados sindicales y trabajadores desocupados.
El año 1997 se caracterizó por un importante número de protestas sociales y por una nueva modalidad de reclamo: los cortes de ruta.
El apartado incluye un análisis cuantitativo y cualitativo de las protestas sociales en el período.