El poder judicial habilitó la feria para analizar el pedido del CELS sobre la crítica situación en la quedaron los servicios del hospital luego de los despidos de 200 profesionales. El gobierno nacional argumentó “sobredotación” para intervenir la institución luego de las movilizaciones contra el vaciamiento.
Columna publicada en la edición de octubre de Posdata, el boletín mensual del CELS.
El aumento de la pobreza en Argentina genera un escenario crítico. El acceso a tratamientos y medicamentos se vuelve cada vez más difícil, incluso muchos deben abandonarlos. Las políticas oficiales impactan en los sectores históricamente vulnerados y también en las clases medias. En este informe analizamos cómo afecta a la salud y a la economía de las personas.
La Organización Panamericana de la Salud alertó por el aumento de casos y señaló que los países afectados deben intensificar los esfuerzos para que no se repita la crisis del año pasado. Es imprescindible que el Estado nacional y las jurisdicciones fortalezcan las políticas destinadas a la prevención y control.
La decisión surge a partir de un amparo colectivo que presentamos ante la mayor epidemia de dengue de la historia de la Ciudad. Además pedimos información al gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires para que brinden detalles de sus políticas implementadas y resultados obtenidos.
La desregulación impuesta por el Gobierno nacional en el DNU 70/23 afecta el acceso a la salud e impacta con mayor fuerza en quienes atraviesan enfermedades graves o crónicas. Llevamos al poder judicial los casos de 26 adultos y niños asociados a diez prepagas diferentes y a una obra social.
¿Qué pasa después del momento de externación? ¿Es un punto de inflexión entre el adentro y el afuera? A partir de conversaciones con once mujeres externadas, que hoy conviven en cuatro casas, se realizó este informe con aportes al proceso de transformación manicomial.
Estrenamos una película que muestra la manicomialización en Argentina a través de la historia de tres mujeres usuarias del hospital “Dr. Alejandro Korn”, en Melchor Romero, provincia de Buenos Aires. Fue producida por el CELS junto con el Movimiento por la Desmanicomialización en Romero y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, como parte del trabajo para la implementación de la ley de salud mental.
En 2014 el psiquiátrico bonaerense fue judicializado por la gravísima situación de las personas internadas. Desde entonces, una mesa intersectorial de trabajo impulsa la transformación del manicomio de acuerdo a las exigencias de la Ley Nacional de Salud Mental. En ese proceso exigimos el cierre de los sectores de larga estancia y la creación de todos los dispositivos de atención y vida en la comunidad que aún faltan.
El TOC 14 de CABA absolvió a les profesionales imputades por la muerte de Matías, ocurrida hace 12 años mientras estaba en tratamiento en el Hospital Borda. El resultado de este juicio pone en evidencia las dificultades que deben atravesar las víctimas para que el poder judicial investigue tratos crueles y fallecimientos en manicomios.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló que Argentina debe trabajar en el fortalecimiento y la implementación de políticas públicas. Las recomendaciones tomaron en cuenta los informes que presentamos las organizaciones de la sociedad civil.
Publicación del CELS junto al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y al Movimiento por la Desmanicomializacion en Romero (MDR), acerca de la experiencia de trabajo con perspectiva de género en el Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero
En 2014 presentamos un amparo junto al Movimiento por la Desmanicomialización en Romero (MDR) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Ahora 16 personas alojadas en el hospital psiquiátrico podrán mudarse a cuatro casas que entregó la provincia de Buenos Aires. Es un hito fundamental para la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental.
El martes 9 de agosto empezarán a ser juzgados seis ex funcionarios del neuropsiquiátrico Borda, a donde el joven de 23 años se encontraba en tratamiento. Matías murió en 2010 en el Hospital Penna. Allí se constataron lesiones físicas y quemaduras compatibles con el pasaje de corriente eléctrica. Se trata de la primera vez en que un caso de torturas dentro de un hospital en democracia será juzgado en la Argentina.
Desde el martes 2 de agosto, un miembro de la clausurada Fundación San Camilo será juzgado por homicidio culposo por el suicidio de Saulo Rojas. En 2013 el joven fue encerrado en una celda de aislamiento, mientras atravesaba una crisis y sin su dosis de insulina. Es la primera vez que se llega a esta instancia desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental.
A partir de los recientes debates en torno a la ley 26.657, enviamos una nota a les integrantes del Congreso en la que manifestamos la importancia y el sentido de esta norma y solicitamos acciones que garanticen su plena implementación.
El 6 de junio se firmará un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de María del Carmen Senem de Buzzi ocurrido en 1993. El acuerdo establece diferentes medidas estructurales como la promoción de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en las provincias.
A raíz de los recientes hechos que involucraron a personas del ámbito público, nos parece fundamental plantear algunas cuestiones sobre los alcances de la Ley, que pueden ayudar a resolver confusiones.
Cuatro jóvenes murieron asfixiados y sus familiares denunciaron que los habían sobremedicado. Por esa razón no advirtieron lo que sucedía y no pudieron escapar. Es imprescindible el cumplimiento de la ley, que ordena la atención de esas problemáticas en hospitales generales, como cualquier otra situación de salud. Mientras eso no ocurra, se hace necesario avanzar con estrictas políticas de fiscalización y control estatal.
La Cámara de Senadores aprobó la reforma a la ley 26.130, que garantiza derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Ya no se podrán realizar vasectomías ni ligaduras de trompas sin consentimiento.
Un hombre murió en la madrugada del 1 de diciembre, sin atención ni asistencia de personal de enfermería. Es la segunda muerte en menos de dos años. Un nuevo ejemplo de la institución manicomial como lugar de desidia y abandono estatal.
Es un contrasentido que un procedimiento establecido en la legislación para resguardar los derechos de las personas con padecimiento mental y de sus familiares, culmine con las personas a quienes se debe cuidar herida de bala, como en el caso de Chano Moreno Charpentier, o asfixiada como en el caso de Vicky Núñez.
La publicación reconstruye el comienzo, durante la dictadura, de un grupo de trabajo orientado a la atención terapeútica de las víctimas de la represión. Y su posterior constitución en una línea de acción estratégica.
Matías Carbonell murió el 12 de noviembre de 2010, en el Hospital Penna. Había llegado en coma, derivado del Hospital Borda. Sus familiares siguen esperando que comience el juicio.
Este año se cumple el plazo para el cierre de los manicomios. También venció el plazo para que las instituciones con internación en salud mental presenten su plan para la adecuación a la Ley 26.657. Presentamos un documento de elaboración colectiva con las medidas necesarias para garantizar la desinstitucionalización de las personas internadas.
Producto de una investigación en hospitales públicos de distintos lugares del país, la publicación diagnostica los problemas principales para el abordaje de los hechos de violencia institucional en las guardias. Y proponer estrategias para resolverlos.
Participamos de la audiencia “Situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad frente a la pandemia del COVID-19” durante el 177 periodo de sesiones de la CIDH.
La Ley 26.130 permite las esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad. Modificar esta norma es urgente.
#BastaDeEsterilizacionesForzadas
El duelo debe ser considerado como un derecho, que no puede quedar reducido a una cuestión individual. Se trata de acompañar a las familias y a las personas para que no estén solas frente al fallecimiento de sus seres querides y de darles a estas muertes un sentido compartido. Documento conjunto con Memoria Abierta.
Los peritajes pueden determinar el curso que toman los procesos judiciales y contribuyen a decisiones que garantizan o deniegan derechos. Compartimos los documentos elaborados para este curso.
Esta guía está dirigida a les operadores y auxiliares de justicia por su trabajo como peritos en las causas de determinación de capacidad y evaluación de internaciones de personas con discapacidad.
En este documento analizamos los artículos 12, 13 y 19 de la CDPD, a la luz de las interpretaciones de los órganos de monitoreo en relación con otros instrumentos legales.
Este trabajo aborda el trabajo pericial desde la experiencia de los organismos de derechos humanos. Propone una lectura de la lógica judicial que guía los procesos de verdad y justicia.
La finalidad de este trabajo es ofrecer una serie de conceptos que nos permitan desnaturalizar roles, conductas, formas de pensamiento, actitudes, lugares, históricamente asociados al género.
Este documento aborda la evolución del marco normativo sobre discapacidad psicosocial como una forma de comprensión de la normativa vigente, centrada en la capacidad jurídica como un derecho humano.
Este trabajo realiza un abordaje de los apoyos en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su vinculación con los procesos de determinación de capacidad jurídica.
Este trabajo reflexiona sobre la práctica pericial como una de las instancias en las que se aplican categorías sociales. La analizamos desde una mirada y un posicionamiento interdisciplinario.
Jorge Marcheggiano estaba internado en el Borda. Murió como consecuencia del ataque de un grupo de perros en el parque del Hospital.
Por orden del Juzgado Contencioso Administrativo 12 el Gobierno de la Ciudad deberá proveer equipos de protección e insumos para prevenir y evitar la propagación del Covid-19 en los psiquiátricos porteños. También deberá hacer protocolos de actuación específicos.
Encontramos falta de insumos para la protección del personal de salud, para evitar el contagio de las personas usuarias de los servicios de salud mental, escasa limpieza y deterioro de los tratamientos.
Las miles de personas que en la Argentina están encerradas en instituciones psiquiátricas necesitan políticas específicas que aborden el cuidado y el autocuidado.
Este documento es una guía que promueve usos del lenguaje respetuosos e inclusivos, que ayuden a superar el estigma hacia las personas con padecimiento mental.
Organizaciones de la sociedad civil hicimos un planteo colectivo a la Secretaría de Salud de la Nación, para que las “Pautas para la organización y funcionamiento de dispositivos de salud mental” sean obligatorias.
De aprobarse, la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud empeorará las condiciones de acceso a la salud en el país.
Por una acción de amparo de la CPM, el MDR y el CELS se creó una mesa de trabajo con el fin de construir respuestas para las violaciones a los DD.HH de las personas internadas en el hospital psiquiátrico Melchor Romero. El gobierno de la provincia de Buenos Aires comprometió presupuesto para soluciones habitacionales.
Fue tras el pedido de organizaciones de derechos humanos en el marco de una audiencia en la CIDH donde el Estado argentino tuvo que dar explicaciones sobre la situación de las personas institucionalizadas en hospitales psiquiátricos.
El 14 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia pública sobre las denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en los hospitales psiquiátricos de nuestro país. Expondrán representantes de las organizaciones que solicitamos la audiencia y del Estado argentino.
Las memorias del encuentro latinoamericano “Estrategias de trabajo interdisciplinario en casos de violaciones a los derechos humanos” recogen las principales conclusiones de dos jornadas de trabajo. Están ordenadas en tres ejes: el potencial reparador y las prácticas revictimizantes de los órganos del Estado; las elaboraciones narrativas de los casos y las tensiones interdisciplinares; el cierre del acompañamiento psicojurídico.
Cuando las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares buscan justicia, es fundamental que cuenten con un acompañamiento psicológico. Organizaciones de la región que hacemos este trabajo psico-jurídico nos reunimos en Buenos Aires para intercambiar estrategias.
Este documento, realizado para el seminario Estrategias de trabajo interdisciplinario en casos de violaciones a los derechos humanos, recoge la experiencia del Equipo de salud mental del CELS, los principios y coordenadas del abordaje psico-jurídico, y los aportes específicos de la salud mental al campo de los derechos humanos.