A seis meses del inicio del gobierno de Javier Milei, el recorte sobre las políticas de cuidado se profundizó. La subejecución y el vaciamiento de los diferentes programas implican el retiro del Estado para quienes más lo necesitan. Este segundo monitoreo, describe el avance y su impacto en las distintas poblaciones del cuidado.
En continuidad con el Mapa Político del gobierno de Javier Milei publicado en la Revista Crisis #61, en esta oportunidad hacemos zoom sobre el Ministerio de Capital Humano. Presentamos una radiografía política a seis meses de su creación, una pormenorizada revisión de la avanzada antiderechos en la administración pública y un análisis del proyecto frustrado del sector más conservador de la alianza ultraderechista. Informe especial del CELS y EDIPO (Equipo de Investigación Política de Revista Crisis).
El Senado tratará esta semana el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Un centenar de organizaciones solicitamos que se rechace este modelo de privilegios, que compromete los derechos humanos y el ambiente por los próximos 30 años.
Es en la causa penal contra la ministra Pettovello por los alimentos retenidos en galpones que debían ser entregados a comedores y merenderos. En la presentación compartimos nuestros argumentos sobre las obligaciones del Estado de garantizar el derecho a la alimentación.
Preocupa que el organismo difunda información falsa. Más aún, que el Directorio Ejecutivo siga avalando un programa de gobierno que tiene como principal resultado el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Distintas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil le enviamos una carta.
Para aportar nuestro análisis sobre estos proyectos y explicar sus impactos, participamos del debate del plenario de comisiones. De la instancia también fueron parte diversas organizaciones, cámaras empresarias, sindicatos y referentes de la academia, cultura y la ciencia.
El proyecto de Ley Bases incluye la eliminación del Plan de Pagos de Deuda Previsional, que permite que las personas que no alcancen los 30 de aportes puedan jubilarse. Si se aprueba, nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez varones no podrán jubilarse. Tendrá, además, consecuencias gravísimas para las mujeres, sobrerrepresentadas en los sectores de bajos ingresos y en la economía informal.
Los dos proyectos de ley que ya comienza a tratar el Senado son una muestra clara de la propuesta política del gobierno nacional: consagrar la desigualdad social. De un lado, beneficios para las grandes corporaciones -nacionales y extranjeras- y, del otro, perjuicios para quienes dependen de sus ingresos en pesos, especialmente la población trabajadora y jubilada.
En una carta dirigida a senadores y senadoras, advertimos que el proyecto contiene artículos que contradicen principios jurídicos nacionales e internacionales vigentes. Entre otros puntos, el proyecto vulnera el principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú, dado que los cambios propuestos implican disminuir los niveles de protección ambiental ya alcanzados.
En CABA aumenta la criminalización mientras se reduce el presupuesto para políticas destinadas a las personas en situación de calle. Decir que hacen “orden y limpieza” califica directamente a quienes allí habitan como objetos de intervención de higiene urbana o control policial, en vez de entender que son personas con derechos, cuyas vulneraciones el Estado tiene la obligación de reparar.
Si se aprueba, la nueva legislación profundizará la brecha entre ricos y pobres, trasladará bienes hacia sectores empresarios y afectará el acceso a los derechos humanos de las mayorías. Desde el CELS elaboramos un documento de análisis y lo enviamos a los representantes del Congreso. Pedimos que rechacen el proyecto y se abra la participación ciudadana.
Seis organizaciones de sociedad civil presentamos en Alemania una queja para echar luz sobre la responsabilidad de la empresa en los impactos negativos por el uso de semillas transgénicas y agroquímicos a base de glifosato.
Lanzamos una base de información dinámica y colaborativa que registra y sistematiza el impacto de los cambios en las principales políticas que se habían logrado para avanzar hacia una organización social de los cuidados más justa e igualitaria. El desarrollo y seguimiento del Monitor de La Cocina de los cuidados está a cargo de la economista Lucía Cirmi y la socióloga María José Rodríguez, con la colaboración del CELS. Este primer informe llega, en abril 2024, en un contexto de ajuste con al menos un 40% recorte en el gasto público, una devaluación del 118% y una inflación de 68% en 3 meses.
Conformamos una mesa intersectorial con representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias, de la academia, funcionarias y legisladoras para monitorear el impacto de las políticas del gobierno nacional en el acceso a los cuidados. El espacio también desarrollará acciones políticas y jurídicas ante la afectación de derechos.
Mientras el gobierno nacional celebra el “déficit cero” como el principal logro de sus primeros cien días, destruye los ingresos de las mayorías, recorta las jubilaciones, aumenta la pobreza infantil y desmantela las dependencias públicas. Daños difíciles de reparar.
Participamos de la audiencia pública de opinión consultiva solicitada por Argentina.
Desde el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, con especialistas y organizaciones de la sociedad civil, enviamos un comunicado al organismo acerca de las consecuencias económico sociales que las políticas de ajuste están generando en nuestro país.
El fondo fiduciario para la integración socio urbana es parte de una política estatal, impulsada por organizaciones y adoptada durante dos gobiernos, que desde hace siete años busca mejorar la vida de más de 5 millones de personas en barrios populares. Comunicado conjunto con ACIJ, Techo y Hábitat para la Humanidad Argentina.
Desde diciembre los espacios comunitarios dejaron de recibir los productos. Con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular presentamos una cautelar para que el Ministerio de Capital Humano garantice de manera urgente el derecho a la alimentación.
Con distintas organizaciones ambientalistas y sociales expresamos nuestra preocupación y repudio ante el lobby que realizan las grandes mineras transnacionales en el Congreso durante el tratamiento de la ley ómnibus.
Elaboramos un documento sobre los estándares internacionales de derechos humanos, incorporados en la Constitución argentina, que no son respetados en el DNU 70/23. En el material, que enviamos al Congreso como aporte para la tarea de legisladoras y legisladores, ofrecemos una guía de las declaraciones, convenciones, principios y observaciones del sistema internacional sobre los derechos afectados.
Este informe busca conocer con mayor profundidad las características de los hogares inquilinos en barrios populares en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Este informe caracteriza la situación socio-económica y las condiciones habitacionales y contractuales de hogares que residen en piezas en alquiler en hoteles-pensión y conventillos en CABA.
Las medidas anunciadas implican la violación de derechos sociales y económicos de amplios sectores de la población y agudizarán el empobrecimiento y una crisis social de difícil recuperación. Este tipo de ajuste no puede ser planteado como el único camino posible.
La Legislatura neuquina aprobó una ley que obliga a la provincia a aplicar un protocolo para consultar a las comunidades antes de avanzar con proyectos que puedan afectarlas. Es la primera norma de este tipo en el país y un ejemplo de articulación entre autoridades públicas y representantes de los pueblos indígenas.
En un trabajo del CELS con otras organizaciones enviamos nuestras contribuciones a la Opinión Consultiva de la Corte sobre el derecho al cuidado. Este proceso comenzó luego de que el Estado argentino le solicitara a la Corte que se pronuncie acerca del contenido y el alcance del cuidado como derecho humano y su vinculación con otros derechos.
En Diputados se aprobó una reforma que sostiene las principales protecciones que se habían logrado. Con una modificación en la actualización, que ahora será cada seis meses y con el índice Casa Propia, y la explicitación de la prohibición de contratos en dólares, se ratifica el espíritu de la ley actual. Esta medida debe ser acompañada por un Estado que la haga cumplir.
Más de veinte organizaciones le pedimos al Congreso que proteja a quienes dependen de su trabajo para tener un lugar donde vivir. Este martes 10 de octubre la Cámara de Diputados trata dos proyectos de reforma. El que impulsa la oposición perjudica a les inquilines, les quita garantías y previsibilidad al contrato de alquiler.
Junto con otras organizaciones, entregamos a la Comisión de Legislación General un documento con los principales puntos por los que nos oponemos a una reforma que dé marcha atrás con derechos conquistados. El proyecto ya recibió media sanción de la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados volverá a discutir reformas a la ley de alquileres, aprobada hace tres años. Un sector plantea volver atrás e incluso que el mercado funcione con menos protecciones que las que existían antes de su sanción. Aunque hay casi 8 millones de inquilines, el alquiler no ocupa un lugar relevante de la política habitacional. El retroceso en la mejora de las condiciones para los hogares inquilinos no puede ser la respuesta.
Con la narración de la periodista Noelia Barral Grigera y la participación de analistas, militantes sociales, especialistas en economía y política, entre otres, estrenamos una serie en podcast sobre la deuda externa argentina. En seis episodios disponibles en Spotify contamos qué es la deuda, cuáles son sus alcances y por qué es importante entender que tiene efectos concretos en derechos como el trabajo, la salud y la educación.
Con la participación de Eial Moldavsky, estrenamos una serie web en nuestro canal de YouTube. Desde una mirada sobre la vida cotidiana y la experiencia de jóvenes, queremos preguntarnos dónde queda en la agenda pública el debate por las necesidades de todes que la realidad convierte en negocios para algunes.
La justicia porteña ordenó la creación de distintas herramientas para atender la crisis habitacional de uno de los barrios con mayor presión inmobiliaria. Además del registro, se deberá implementar una línea de comunicación directa para asistir a las familias en riesgo de desalojo.
El pago del alquiler se lleva una porción cada vez más grande de los ingresos mensuales: más de la mitad de los hogares inquilinos sufren aumentos por fuera de lo que establece la ley y se endeudan para poder pagar. Esta precariedad económica y habitacional queda en evidencia en los resultados de un relevamiento que realizamos un grupo de organizaciones.
Encuesta realizada por el CELS en conjunto con la Escuela IDAES, ACIJ, el Instituto de Geografía de la UBA, CEUR-CONICET y la Red Contested Territories, sobre la situación socioeconómico y habitacionales de los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires.
A través de un convenio, el Estado cedió 140 hectáreas a una organización social del sur de Mar del Plata para un proyecto agroecológico. En un contexto de alta inflación y pobreza creciente, la acción del Estado nacional para fomentar la producción de alimentos es fundamental.
Tras su visita a la Argentina, la experta independiente sobre los efectos de la deuda externa, Attiya Waris, presentó en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que destaca el impacto negativo del endeudamiento sobre los derechos humanos.
Ante la moratoria que permitirá que 800.000 personas puedan jubilarse, el FMI advirtió que el gobierno deberá tomar “medidas tempranas y decididas” para garantizar las metas fiscales acordadas. Contar con un ingreso digno durante la vejez es un derecho, y por lo tanto, no puede ser variable de ajuste. Las metas pueden alcanzarse aumentando la recaudación sobre los sectores que mayor riqueza concentran y así evitar que las medidas impacten sobre los derechos de las mayorías.
Las políticas de control del Estado no llegan a los mercados barriales y en un sistema alimentario concentrado, las grandes empresas y cadenas agroalimentarias siguen imponiendo las condiciones.
Entre el 7 y el 11 de noviembre participaremos en Buenos Aires del Foro Feminista -organizado por feministas de la sociedad civil-, de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL y de una extensa agenda de eventos paralelos abiertos.
La toma impuso en la agenda pública la situación desesperada de millones de personas, problemática que para esas personas sigue sin resolverse. Sin políticas que generen lotes accesibles, los sectores populares no tienen más opción que ocupar predios vacíos.
Attiya Waris visitó Argentina entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre. En su informe final, sugiere “revisar sobrecargos” y que el país “debe maximizar sus recursos para defender los derechos humanos”.
El fuego intencional está asociado con frecuencia al avance de proyectos inmobiliarios o de la ganadería, que se imponen sobre el cuidado del ambiente y el acceso a la tierra y la vivienda. Es preciso poner en marcha un modelo de gestión del territorio que priorice los bienes comunes y los derechos de las mayorías.
Este miércoles 22 de junio a las 19hs conversaremos con representantes de organizaciones que plantean otra forma organizar la producción y distribución de alimentos a nivel global y local.
El derecho a la alimentación suficiente y de calidad depende de todo el proceso de producción de alimentos, desde su elaboración hasta su distribución y consumo.
Sin consenso para volver atrás, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió un dictamen de mayoría que respeta lo conquistado en la ley de alquileres.
En Santiago del Estero, la familia Mendoza resiste junto al MOCASE Vía Campesina los intentos de desalojo y los ataques de quien pretende usurpar el territorio donde viven y producen desde hace más de 30 años. Desde el CELS nos presentamos como amicus curiae en la causa que ordenó el desalojo por fuera de los estándares internacionales.
El gobernador de la provincia de Jujuy busca criminalizar una política pública orientada a reconocer derechos campesinos e indígenas largamente postergados.
El mercado de alquileres no es un mercado cualquiera. En su lógica de funcionamiento, se pone en juego quién puede y quién no puede acceder a una vivienda. Se decreta el “fracaso” de la Ley de Alquileres. Pero, lejos de ser así, generó un marco de protección mínimo.
Ante el tratamiento en el Congreso de la ley que dé origen al parque, desde el CELS creemos que es imprescindible que se garantice la participación de estas comunidades en la gestión del parque y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras donde viven y trabajan desde hace varias generaciones.