Finalizó el primer año de gestión liberal libertaria y el recorte en políticas de cuidado continúa: de 50 relevadas, sólo 5 se mantienen vigentes. En este nuevo monitoreo, analizamos las consecuencias concretas que genera el ajuste en el día a día.
Con más de la mitad de la población con problemas habitacionales, la interrupción de las políticas públicas de acceso a la vivienda agravarán las condiciones de vida de millones de familias.
Décadas de reclamos de las comunidades originarias de Lhaka Honhat, en el norte de Salta, provocaron que la Corte Interamericana condene al Estado argentino por violar sus derechos. El 5 de febrero de 2020, la sentencia de ese tribunal internacional les reconoció su derecho a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, al acceso a la alimentación y al agua. Acá recuperamos la historia de la organización y de su lucha.
A través de un amicus curiae solicitamos además que termine con la persecución judicial sobre las familias acusadas de usurpación y se garanticen alternativas de acceso a la vivienda.
La presentación es en favor de la Comunidad Ranquehue quienes ocupan de manera ancestral el territorio en la ladera sur.
Columna publicada en “Litio y derechos humanos en Argentina, Bolivia y Chile”, un espacio trimestral informativo y de análisis elaborado por el Observatorio Ciudadano de Chile, el Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES UMSA) de Bolivia y el CELS.
Columna publicada en “Litio y derechos humanos en Argentina, Bolivia y Chile”, un espacio trimestral informativo y de análisis elaborado por el Observatorio Ciudadano de Chile, el Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES UMSA) de Bolivia y el CELS.
La norma suspendía los desalojos de todas las comunidades hasta que se completara el relevamiento de sus territorios. Era una herramienta para avanzar en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
La necesidad de un marco normativo que regule la responsabilidad de las empresas en las afectaciones negativas por el avance del agronegocio es el tema del artículo del CELS en el informe Con la soja al cuello 2024.
Cuatro capítulos, cuatro países, cuatro historias que muestran cómo el uso de pesticidas afecta la salud, el acceso a la tierra y el medio ambiente de distintas comunidades de Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil.
El juzgado federal de Pehuajó exigió al Estado nacional que asegure la continuidad de las obras financiadas por el FISU en barrios populares. Fue a partir de una acción de amparo colectiva y una medida cautelar que presentamos junto con vecinas y vecinos de 37 barrios de todo el país.
El juez dictó sentencia en el amparo colectivo que iniciamos con la UTEP en febrero pasado. Desde diciembre, el gobierno de Milei dejó de entregar comida a los espacios comunitarios a pesar del fuerte crecimiento de la pobreza y la indigencia.
Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Cuerpo Colegiado presentamos una acción de revocatoria contra la decisión del pasado 22 de octubre que puso fin al proceso de ejecución del caso colectivo estructural “Mendoza”, que tenía el objetivo de asegurar el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y la protección de los derechos socioambientales de la población afectada por su contaminación.
Junto con ACIJ, Escuela IDAES, el Instituto de Geografía de la UBA y CEUR-CONICET, relevamos la situación de los hogares inquilinos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Los datos recabados a seis meses de la derogación de la ley, muestran un empeoramiento de las condiciones contractuales y de vida de quienes tienen que alquilar para tener una vivienda.
En una decisión regresiva y violatoria de los derechos socioambientales de la población de la cuenca, el máximo tribunal dio por finalizada su intervención en el seguimiento de la ejecución del Caso “Mendoza”.
Más concentración, menos soberanía alimentaria y un acceso a la comida cada vez más difícil para los sectores populares. El CELS, la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA) realizamos un relevamiento sobre el vaciamiento de políticas, organismos y leyes y su impacto sobre la producción y consumo de alimentos.
El Gobierno pretende derogar la ley que pone freno a los desalojos y ordena el relevamiento de los territorios ancestrales. Además, profundiza discursos y políticas estigmatizantes, discriminatorias y racistas. Junto con otras organizaciones, denunciamos la situación de emergencia.
A diez meses de gobierno de La Libertad Avanza, el recorte en políticas de cuidado continúa: de 49 relevadas, sólo 7 se mantienen vigentes. Para analizar el impacto de este ajuste, realizamos una encuesta de alcance nacional. Dificultades en el acceso a la alimentación y a la salud, y sobrecarga en los tiempos de cuidado, son algunas de las consecuencias.
Acompañamos la demanda de 11 barrios populares en Pehuajó, Moreno y Mercedes para que se reinicien las obras que se frenaron en diciembre de 2023. Denunciamos el desfinanciamiento de políticas que buscan garantizar el acceso a servicios básicos, hábitat e infraestructura.
Custodiadas por fuerzas de seguridad, topadoras de la empresa inmobiliaria Sucre entraron al territorio donde la comunidad indígena vive y trabaja desde hace décadas. Pedimos al procurador general de la provincia que cesen los abusos y se respete el protocolo para este tipo de conflictos.
Organizaciones civiles y comunidades indígenas presentamos una acción judicial ante el Tribunal Superior de la provincia. De acuerdo con la demanda, el decreto 7751/2023 viola derechos humanos y normas ambientales establecidos en tratados internacionales, en la Constitución Nacional y en la provincial.
Columna publicada en “Litio y derechos humanos en Argentina, Bolivia y Chile”, un espacio trimestral informativo y de análisis elaborado por el Observatorio Ciudadano de Chile, el Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES UMSA) de Bolivia y el CELS.
Diferentes organizaciones y especialistas en la defensa de los derechos humanos celebran el progreso en los sistemas de cooperación tributaria inclusivos y efectivos para abordar las desigualdades extremas y la emergencia climática.
La justicia federal le ordenó al Ministerio de Capital Humano garantizar la continuidad de los programas y planes alimentarios que brindan los espacios comunitarios porque está en riesgo el derecho a la alimentación de amplios sectores sociales. Lo hizo en el marco de una acción colectiva iniciada por la UTEP y el CELS, a la que se sumaron la Fundación de la Isla Maciel, AJUS y Fundeps.
Cada vez son menos quienes pueden vivir como quieren y más quienes viven como pueden en lugares muy chicos, compartidos, con alquileres impagables o mudándose seguido. A su vez, se construyen miles de metros cuadrados que no ocupa nadie. Tener un lugar para vivir como querés debería ser posible y sobre eso proponemos conversar con la muestra fotográfica que organizamos el CELS, Inquilinos Agrupados, Ni un Menos y Movida Colectiva. Inaugura este viernes 12 de julio a las 18hs en Bartolomé Mite 1767 (CABA) y estará activa durante dos meses.
A seis meses del inicio del gobierno de Javier Milei, el recorte sobre las políticas de cuidado se profundizó. La subejecución y el vaciamiento de los diferentes programas implican el retiro del Estado para quienes más lo necesitan. Este segundo monitoreo, describe el avance y su impacto en las distintas poblaciones del cuidado.
En continuidad con el Mapa Político del gobierno de Javier Milei publicado en la Revista Crisis #61, en esta oportunidad hacemos zoom sobre el Ministerio de Capital Humano. Presentamos una radiografía política a seis meses de su creación, una pormenorizada revisión de la avanzada antiderechos en la administración pública y un análisis del proyecto frustrado del sector más conservador de la alianza ultraderechista. Informe especial del CELS y EDIPO (Equipo de Investigación Política de Revista Crisis).
El Senado tratará esta semana el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Un centenar de organizaciones solicitamos que se rechace este modelo de privilegios, que compromete los derechos humanos y el ambiente por los próximos 30 años.
Es en la causa penal contra la ministra Pettovello por los alimentos retenidos en galpones que debían ser entregados a comedores y merenderos. En la presentación compartimos nuestros argumentos sobre las obligaciones del Estado de garantizar el derecho a la alimentación.
Preocupa que el organismo difunda información falsa. Más aún, que el Directorio Ejecutivo siga avalando un programa de gobierno que tiene como principal resultado el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Distintas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil le enviamos una carta.
Para aportar nuestro análisis sobre estos proyectos y explicar sus impactos, participamos del debate del plenario de comisiones. De la instancia también fueron parte diversas organizaciones, cámaras empresarias, sindicatos y referentes de la academia, cultura y la ciencia.
El proyecto de Ley Bases incluye la eliminación del Plan de Pagos de Deuda Previsional, que permite que las personas que no alcancen los 30 de aportes puedan jubilarse. Si se aprueba, nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez varones no podrán jubilarse. Tendrá, además, consecuencias gravísimas para las mujeres, sobrerrepresentadas en los sectores de bajos ingresos y en la economía informal.
Los dos proyectos de ley que ya comienza a tratar el Senado son una muestra clara de la propuesta política del gobierno nacional: consagrar la desigualdad social. De un lado, beneficios para las grandes corporaciones -nacionales y extranjeras- y, del otro, perjuicios para quienes dependen de sus ingresos en pesos, especialmente la población trabajadora y jubilada.
En una carta dirigida a senadores y senadoras, advertimos que el proyecto contiene artículos que contradicen principios jurídicos nacionales e internacionales vigentes. Entre otros puntos, el proyecto vulnera el principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú, dado que los cambios propuestos implican disminuir los niveles de protección ambiental ya alcanzados.
En CABA aumenta la criminalización mientras se reduce el presupuesto para políticas destinadas a las personas en situación de calle. Decir que hacen “orden y limpieza” califica directamente a quienes allí habitan como objetos de intervención de higiene urbana o control policial, en vez de entender que son personas con derechos, cuyas vulneraciones el Estado tiene la obligación de reparar.
Si se aprueba, la nueva legislación profundizará la brecha entre ricos y pobres, trasladará bienes hacia sectores empresarios y afectará el acceso a los derechos humanos de las mayorías. Desde el CELS elaboramos un documento de análisis y lo enviamos a los representantes del Congreso. Pedimos que rechacen el proyecto y se abra la participación ciudadana.
Seis organizaciones de sociedad civil presentamos en Alemania una queja para echar luz sobre la responsabilidad de la empresa en los impactos negativos por el uso de semillas transgénicas y agroquímicos a base de glifosato.
Lanzamos una base de información dinámica y colaborativa que registra y sistematiza el impacto de los cambios en las principales políticas que se habían logrado para avanzar hacia una organización social de los cuidados más justa e igualitaria. El desarrollo y seguimiento del Monitor de La Cocina de los cuidados está a cargo de la economista Lucía Cirmi y la socióloga María José Rodríguez, con la colaboración del CELS. Este primer informe llega, en abril 2024, en un contexto de ajuste con al menos un 40% recorte en el gasto público, una devaluación del 118% y una inflación de 68% en 3 meses.
Conformamos una mesa intersectorial con representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias, de la academia, funcionarias y legisladoras para monitorear el impacto de las políticas del gobierno nacional en el acceso a los cuidados. El espacio también desarrollará acciones políticas y jurídicas ante la afectación de derechos.
Mientras el gobierno nacional celebra el “déficit cero” como el principal logro de sus primeros cien días, destruye los ingresos de las mayorías, recorta las jubilaciones, aumenta la pobreza infantil y desmantela las dependencias públicas. Daños difíciles de reparar.
Participamos de la audiencia pública de opinión consultiva solicitada por Argentina.
Desde el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, con especialistas y organizaciones de la sociedad civil, enviamos un comunicado al organismo acerca de las consecuencias económico sociales que las políticas de ajuste están generando en nuestro país.
El fondo fiduciario para la integración socio urbana es parte de una política estatal, impulsada por organizaciones y adoptada durante dos gobiernos, que desde hace siete años busca mejorar la vida de más de 5 millones de personas en barrios populares. Comunicado conjunto con ACIJ, Techo y Hábitat para la Humanidad Argentina.
Desde diciembre los espacios comunitarios dejaron de recibir los productos. Con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular presentamos una cautelar para que el Ministerio de Capital Humano garantice de manera urgente el derecho a la alimentación.
Con distintas organizaciones ambientalistas y sociales expresamos nuestra preocupación y repudio ante el lobby que realizan las grandes mineras transnacionales en el Congreso durante el tratamiento de la ley ómnibus.
Elaboramos un documento sobre los estándares internacionales de derechos humanos, incorporados en la Constitución argentina, que no son respetados en el DNU 70/23. En el material, que enviamos al Congreso como aporte para la tarea de legisladoras y legisladores, ofrecemos una guía de las declaraciones, convenciones, principios y observaciones del sistema internacional sobre los derechos afectados.
Este informe busca conocer con mayor profundidad las características de los hogares inquilinos en barrios populares en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Este informe caracteriza la situación socio-económica y las condiciones habitacionales y contractuales de hogares que residen en piezas en alquiler en hoteles-pensión y conventillos en CABA.
Las medidas anunciadas implican la violación de derechos sociales y económicos de amplios sectores de la población y agudizarán el empobrecimiento y una crisis social de difícil recuperación. Este tipo de ajuste no puede ser planteado como el único camino posible.
La Legislatura neuquina aprobó una ley que obliga a la provincia a aplicar un protocolo para consultar a las comunidades antes de avanzar con proyectos que puedan afectarlas. Es la primera norma de este tipo en el país y un ejemplo de articulación entre autoridades públicas y representantes de los pueblos indígenas.