La inflación y las medidas de austeridad, la desigualdad y la persistencia de problemas estructurales son los temas que preocupan al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas, luego de su evaluación al país.
Algunos actores del sector inmobiliario sostuvieron que la reforma de la ley de alquileres implicará la disminución de la oferta. La experiencia demuestra lo contrario. La regulación estatal protegerá los intereses de quienes alquilan y restringirá los honorarios que los corredores pueden cobrar. Comunicado de Habitar Argentina.
En nuestro país más de 7 millones de personas son inquilinas. Para lograr un acceso justo al hábitat es necesario que el Estado intervenga en el mercado de alquileres.
El Estado argentino tuvo que explicar ante el Comité DESC de las Naciones Unidas el impacto de las políticas económicas en los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro país. Los/as miembros llamaron la atención sobre los programas de seguridad social, la persecución sindical, el acceso al aborto seguro, la falta de aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental y el acuerdo con el FMI, entre otros temas.
Mientras el FMI procura que las cuentas fiscales “cierren” para garantizar el pago a los acreedores de la deuda, el Comité DESC de Naciones Unidas evalúa si el Estado argentino garantiza los fondos para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales que están contemplados en un Pacto que en nuestro país tiene rango constitucional.
Después de seis años de discusión, esta semana el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votará la Declaración sobre los derechos de las y los campesinos. El proceso para elaborar el documento final ha sido transparente y participativo y los Estados deben adoptarlo sin dilaciones.
La legislatura jujeña modificó por ley el uso y el modo de ocupación del suelo de una reserva natural, lo que generará la expulsión de las familias campesinas que habitan en ese territorio. Nos presentamos como amicus curiae, a partir del amparo que promovió la Organización Campesina de Los Perilagos, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena.
A partir de un amparo sobre acceso a la información pública, un juzgado ordenó a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires informar sobre las autorizaciones para emprendimientos inmobiliarios cerrados desde 2013 en adelante.
Este documento, compartido con el Comité DESC de las Naciones Unidas, grafica el deterioro en el acceso y el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales en la Argentina.
Este documento compila la información enviada al Comité DESC de las Naciones Unidas para su evaluación sobre el cumplimiento del país del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En un contexto de crisis económica y ajuste fiscal, que se suma a limitaciones estructurales, el panorama es preocupante.
Diputados nacionales de distintos partidos diagnosticaron e hicieron propuestas para resolver las condiciones de acceso a las viviendas en alquiler. Fue en una actividad de Habitar Argentina.
El Código Urbanístico que se está discutiendo en la Legislatura de la Ciudad reafirmará la desigualdad y la segregación que caracterizan a la ciudad de Buenos Aires.
La policía reprimió una protesta de habitantes de la villa 31 que reclaman participar en la toma de decisiones sobre la urbanización del barrio.
Después de casi 9 años, comenzará el juicio por el asesinato de Javier Chocobar, ocurrido dentro del territorio de la comunidad diaguita Los Chuschagasta. Chocobar fue la víctima fatal del ataque armado de Darío Amín y dos ex policías contra casi 30 integrantes de la comunidad.
El CELS se presentó como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires” en apoyo de la constitucionalidad de la ley provincial 10.606.
Después de una actuación judicial que le costó a Paraguay denuncias nacionales e internacionales por las gravísimas irregularidades en las acusaciones y condenas contra once campesinos, la Corte Suprema de ese país los absolvió. Resta avanzar en el esclarecimiento de las resposabilidades en la Masacre de Curuguaty.
La suspensión del Monotributo Social Agropecuario agravó la precariedad de más de 50.000 familias que se dedican a la agricultura familiar. Se enmarca en una política más general de desmantelamiento de las políticas destinadas a ese sector.
La Corte IDH fijó un plazo improrrogable de dos meses para que el Estado argentino responda las presentaciones del caso “Comunidades indígenas de Lhaka Honhat vs. Argentina”. La Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat y el CELS demandan por las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 del Departamento Rivadavia de la provincia de Salta.
La empresa multinacional Monsanto demandó al Estado argentino para que le permita patentar semillas transgénicas y consolidar su modelo de negocio en el país. En esta discusión entran en juego distintos derechos humanos: al trabajo, a una alimentación adecuada, a un medioambiente sano y a la biodiversidad.
Organizaciones sociales, el gobierno porteño y legisladores de la ciudad, elaboraron un documento de diagnostico y propuestas hacer frente a las principales problemáticas que tienen los inquilinos de Buenos Aires.
Por orden de la justicia cordobesa, la policía reprimió a los vecinos y no buscó canales políticos para resolver este conflicto.
Este documento fue preparado colectivamente como aporte al informe Empresas y Derechos Humanos que está elaborando la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la CIDH.
Las comunidades nucleadas en la Asociación Lhaka Honhat reclamaron además la reanudación inmediata de los trabajos para garantizar su acceso a la propiedad comunitaria, que el Estado paralizó.
Los despidos en la secretaría de Agricultura Familiar afectan directamente a las comunidades campesinas e indígenas, a sus modos de vivir y producir, y consolida un modelo basado en la concentración económica y el acaparamiento de tierras. Comunicado conjunto de organizaciones de todo el país.
Cuando en el país hay distintas manifestaciones contra los tarifazos y la influencia de los organismos internacionales de crédito, la audiencia en la CIDH mostró que no pueden abordarse políticas fiscales sin considerarlas desde los derechos humanos.
Presentamos un informe conjunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de una audiencia regional sobre el impacto de las políticas fiscales en los derechos humanos.
En la provincia de Buenos Aires hay un déficit de acceso justo al hábitat. El CELS junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y especialistas nos reunimos para debatir sobre estos temas.
En una nueva audiencia ante la Corte, el Estado no pudo mostrar avances significativos en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Los resultados dan cuenta de un total incumplimiento en cada aspecto de los objetivos dispuestos.
La CSJN confirmó una sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo que niega la personería gremial a los Metrodelegados. La decisión judicial puede implicar otra forma de obstaculización a la personería gremial de aquella asociación que representa al mayor número de trabajadores del subte y premetro de la ciudad de Buenos Aires.
En el Barrio Carlos Mugica, el sábado 24 de febrero dos familias fueron desalojadas de la vivienda en la que habitaban. La medida fue dispuesta por el Jefe de Gobierno con el argumento de que existía riesgo de derrumbe (provocado por el propio Gobierno al demoler los inmuebles lindantes). La relocalización forzosa se ejecutó con el despliegue de un operativo policial desmedido y culminó sentando un precedente pésimo para los procesos de reurbanización de villas.
La Relatora Especial sobre una vivienda adecuada de la ONU presentó un informe sobre estrategias de vivienda que impulsarían la igualdad socioeconómica e inclusión. Menciona buenos ejemplos de distintos países, la Argentina incluida.
Llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso emblemático en materia de garantía de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país.
La provincia de San Luis informó el faltante de antirretrovirales entregados por el Ministerio de Salud de la Nación. De ser así, el Estado federal violaría la ley 23.798 y una sentencia a favor de las personas con HIV, que litigamos desde el CELS, cuyos efectos colectivos siguen vigentes.
Los mayores niveles de pobreza, desempleo y desigualdad, así como la falta de acceso a la tierra y a la vivienda, lesionan gravemente el ejercicio efectivo de los derechos económicos y sociales básicos, y ponen en primera línea la discusión sobre el tipo de modelo excluyente que se está construyendo en la Argentina.
La ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat reconoce al déficit habitacional como un problema multidimensional: viviendas insuficientes dentro de un déficit urbano integral. La consecuencia es un límite para el ejercicio de otros derechos humanos, como el acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Esta publicación es un aporte para la efectiva implementación de esa ley.
El proyecto de ley que será tratado en las próximas semanas es un avance en la discusión sobre un nuevo marco normativo vinculado a la vivienda en alquiler. Sin embargo debe incorporar otros elementos importantes para garantizar el acceso justo a un vivienda.
Luego de la aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados sancionó la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena por cuatro años más. Es una herramienta para frenar los desalojos de las comunidades de sus territorios y relevar las tierras ancestrales en la Argentina.
La Cámara de Diputados debe tratar la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial, que ya fue aprobada en el Senado. Su objetivo de frenar los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios y hacer un relevamiento de las tierras ancestrales a lo largo del territorio nacional.
La desigualdad y la exclusión, la falta de acceso a la tierra y a la vivienda son el resultado de políticas públicas. El déficit habitacional argentino tiene características que pueden abordarse desde un paradigma de derechos humanos.
El viernes 29 a las 19 hs, junto con ACIJ, debatiremos con el público sobre los problemas de acceso al hábitat digno, luego de la proyección de “Los relocalizados”, película de Darío Arcella. Los y las esperamos en el Gaumont.
El 7 de septiembre el Senado debe tratar la prórroga de la ley 26.160, de Emergencia Territorial sobre la posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas. La ley suspendió los desalojos y obligó al Estado a realizar un relevamiento de las tierras.
La finalidad de este manual es facilitar la implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires y promover una comprensión integral de la problemática que aborda y de las herramientas de gestión territorial que ofrece, desde una perspectiva centrada en los derechos de la población.
La prórroga de la ley es un imperativo de derechos humanos. En la actualidad hay 1532 comunidades identificadas, de las que solo el 30% cuentan con el relevamiento de sus tierras ancestrales.
Se prohibió por ley a las inmobiliarias la exigencia de honorarios o comisiones a quienes alquilan. El proyecto que se votó no contempla otras medidas de protección a los inquilinos propuestas por distintas organizaciones.
El Comité DESC de la ONU publicó una observación general que resulta una guía y un insumo valioso para los Estados en la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.
El proyecto oficial incorpora muchas de las demandas de los inquilinos aun resulta insuficiente para garantizar el acceso justo a una vivienda digna a miles de hogares porteños
Observaciones del CELS al proyecto de un nuevo Código Urbanístico elaborado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno porteño admitió un 20% de aumento en la cantidad personas en situación de calle. Este incremento está vinculado a la situación económica y social de la ciudad donde aumentaron los indicadores de pobreza y desocupación. Además creció la cantidad de personas en alojamientos de tránsito que dependen de la ciudad.
En el barrio viven más de 800 familias sin acceso a servicios urbanos básicos. La justicia provincial intimó al municipio de Tigre y a la provincia de Buenos Aires a proveer en un plazo no mayor a 180 días el acceso a agua potable, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos
En un registro de crónica, el artículo analiza las condiciones en las que viven los habitantes de Garrote, la precariedad en las viviendas y las particularidades zonales, y las herramientas de las organizaciones de derechos humanos en los conflictos por el suelo.