La empresa multinacional Monsanto demandó al Estado argentino para que le permita patentar semillas transgénicas y consolidar su modelo de negocio en el país. En esta discusión entran en juego distintos derechos humanos: al trabajo, a una alimentación adecuada, a un medioambiente sano y a la biodiversidad.
Organizaciones sociales, el gobierno porteño y legisladores de la ciudad, elaboraron un documento de diagnostico y propuestas hacer frente a las principales problemáticas que tienen los inquilinos de Buenos Aires.
Por orden de la justicia cordobesa, la policía reprimió a los vecinos y no buscó canales políticos para resolver este conflicto.
Este documento fue preparado colectivamente como aporte al informe Empresas y Derechos Humanos que está elaborando la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la CIDH.
Las comunidades nucleadas en la Asociación Lhaka Honhat reclamaron además la reanudación inmediata de los trabajos para garantizar su acceso a la propiedad comunitaria, que el Estado paralizó.
Los despidos en la secretaría de Agricultura Familiar afectan directamente a las comunidades campesinas e indígenas, a sus modos de vivir y producir, y consolida un modelo basado en la concentración económica y el acaparamiento de tierras. Comunicado conjunto de organizaciones de todo el país.
Cuando en el país hay distintas manifestaciones contra los tarifazos y la influencia de los organismos internacionales de crédito, la audiencia en la CIDH mostró que no pueden abordarse políticas fiscales sin considerarlas desde los derechos humanos.
Presentamos un informe conjunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de una audiencia regional sobre el impacto de las políticas fiscales en los derechos humanos.
En la provincia de Buenos Aires hay un déficit de acceso justo al hábitat. El CELS junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y especialistas nos reunimos para debatir sobre estos temas.
En una nueva audiencia ante la Corte, el Estado no pudo mostrar avances significativos en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Los resultados dan cuenta de un total incumplimiento en cada aspecto de los objetivos dispuestos.
La CSJN confirmó una sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo que niega la personería gremial a los Metrodelegados. La decisión judicial puede implicar otra forma de obstaculización a la personería gremial de aquella asociación que representa al mayor número de trabajadores del subte y premetro de la ciudad de Buenos Aires.
En el Barrio Carlos Mugica, el sábado 24 de febrero dos familias fueron desalojadas de la vivienda en la que habitaban. La medida fue dispuesta por el Jefe de Gobierno con el argumento de que existía riesgo de derrumbe (provocado por el propio Gobierno al demoler los inmuebles lindantes). La relocalización forzosa se ejecutó con el despliegue de un operativo policial desmedido y culminó sentando un precedente pésimo para los procesos de reurbanización de villas.
La Relatora Especial sobre una vivienda adecuada de la ONU presentó un informe sobre estrategias de vivienda que impulsarían la igualdad socioeconómica e inclusión. Menciona buenos ejemplos de distintos países, la Argentina incluida.
Llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso emblemático en materia de garantía de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país.
La provincia de San Luis informó el faltante de antirretrovirales entregados por el Ministerio de Salud de la Nación. De ser así, el Estado federal violaría la ley 23.798 y una sentencia a favor de las personas con HIV, que litigamos desde el CELS, cuyos efectos colectivos siguen vigentes.
Los mayores niveles de pobreza, desempleo y desigualdad, así como la falta de acceso a la tierra y a la vivienda, lesionan gravemente el ejercicio efectivo de los derechos económicos y sociales básicos, y ponen en primera línea la discusión sobre el tipo de modelo excluyente que se está construyendo en la Argentina.
La ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat reconoce al déficit habitacional como un problema multidimensional: viviendas insuficientes dentro de un déficit urbano integral. La consecuencia es un límite para el ejercicio de otros derechos humanos, como el acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Esta publicación es un aporte para la efectiva implementación de esa ley.
El proyecto de ley que será tratado en las próximas semanas es un avance en la discusión sobre un nuevo marco normativo vinculado a la vivienda en alquiler. Sin embargo debe incorporar otros elementos importantes para garantizar el acceso justo a un vivienda.
Luego de la aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados sancionó la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena por cuatro años más. Es una herramienta para frenar los desalojos de las comunidades de sus territorios y relevar las tierras ancestrales en la Argentina.
La Cámara de Diputados debe tratar la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial, que ya fue aprobada en el Senado. Su objetivo de frenar los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios y hacer un relevamiento de las tierras ancestrales a lo largo del territorio nacional.
La desigualdad y la exclusión, la falta de acceso a la tierra y a la vivienda son el resultado de políticas públicas. El déficit habitacional argentino tiene características que pueden abordarse desde un paradigma de derechos humanos.
El viernes 29 a las 19 hs, junto con ACIJ, debatiremos con el público sobre los problemas de acceso al hábitat digno, luego de la proyección de “Los relocalizados”, película de Darío Arcella. Los y las esperamos en el Gaumont.
El 7 de septiembre el Senado debe tratar la prórroga de la ley 26.160, de Emergencia Territorial sobre la posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas. La ley suspendió los desalojos y obligó al Estado a realizar un relevamiento de las tierras.
La finalidad de este manual es facilitar la implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires y promover una comprensión integral de la problemática que aborda y de las herramientas de gestión territorial que ofrece, desde una perspectiva centrada en los derechos de la población.
La prórroga de la ley es un imperativo de derechos humanos. En la actualidad hay 1532 comunidades identificadas, de las que solo el 30% cuentan con el relevamiento de sus tierras ancestrales.
Se prohibió por ley a las inmobiliarias la exigencia de honorarios o comisiones a quienes alquilan. El proyecto que se votó no contempla otras medidas de protección a los inquilinos propuestas por distintas organizaciones.
El Comité DESC de la ONU publicó una observación general que resulta una guía y un insumo valioso para los Estados en la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.
El proyecto oficial incorpora muchas de las demandas de los inquilinos aun resulta insuficiente para garantizar el acceso justo a una vivienda digna a miles de hogares porteños
Observaciones del CELS al proyecto de un nuevo Código Urbanístico elaborado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno porteño admitió un 20% de aumento en la cantidad personas en situación de calle. Este incremento está vinculado a la situación económica y social de la ciudad donde aumentaron los indicadores de pobreza y desocupación. Además creció la cantidad de personas en alojamientos de tránsito que dependen de la ciudad.
En el barrio viven más de 800 familias sin acceso a servicios urbanos básicos. La justicia provincial intimó al municipio de Tigre y a la provincia de Buenos Aires a proveer en un plazo no mayor a 180 días el acceso a agua potable, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos
En un registro de crónica, el artículo analiza las condiciones en las que viven los habitantes de Garrote, la precariedad en las viviendas y las particularidades zonales, y las herramientas de las organizaciones de derechos humanos en los conflictos por el suelo.
Las organizaciones sociales y ambientales que conforman el Cuerpo Colegiado alertan sobre un conjunto de faltas y fallas políticas e institucionales que han tendido a profundizarse en los últimos años. Reclaman a las autoridades que asuman de manera principal el compromiso que les cabe en la materia.
Ayer a la noche, el Ministerio de Trabajo de la Nación suspendió, por segunda vez, las elecciones del sindicato de empleados y trabajadores del Ingenio Ledesma (SOEAIL). Esta decisión ocurre en un contexto de criminalización de la protesta y de la organización social en la provincia.
En un contexto de creciente conflictividad laboral, organizaciones sindicales, de abogados laboralistas y de derechos humanos discutimos sobre la independencia de la justicia del trabajo y la defensa los derechos laborales.
Facundo Jones Huala, integrante del Pueblo Mapuche, fue detenido el 26 de junio de manera arbitraria. Organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y gran cantidad de colectivos denunciamos utilización de herramientas judiciales para criminalizar a líderes indígenas y perseguir y hostigar a las comunidades indígenas.
Esta publicación desarrolla diez ejes que requieren de políticas públicas, normativa y gestión territorial para transforar las dinámicas que reproducen la precariedad habitacional. El acceso al hábitat digno implica el acceso universal a la tierra, la vivienda, las infraestructuras básicas, los servicios, acordes a las realidades urbanas y rurales.
Se presentó en la Legislatura Porteña el proyecto de ley que busca regular el mercado de alquileres en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa cuenta con el apoyo de legisladores de distintos bloques.
Son los dueños del taller textil en el que una mujer y cinco menores de edad murieron como consecuencia de un incendio en 2006. Las personas migrantes son especialmente perjudicadas por la explotación laboral en los talleres.
Distintas organizaciones de la sociedad civil solicitamos a la ministra Carolina Stanley que asegure la continuidad de las pensiones dadas de baja y le planteamos la insuficiencia de las explicaciones que se brindaron públicamente.
El proyecto busca garantizar una mayor protección estatal de los inquilinos frente al abuso del mercado inmobiliario y equilibrar la relación entre locadores y locatarios.
El déficit en el acceso al hábitat digno afecta a quienes viven en las ciudades, a campesinos e indígenas, a sectores sociales de ingresos bajos y medios. Durante una jornada, especialistas de la Argentina y de la región debatieron sobre cómo facilitar el acceso a la vivienda e intervenir en la desigualdad territorial.
En la capital de la provincia de Neuquén la policía de la provincia llevó adelante un operativo de desalojo violento en el que más de diez personas fueron heridas por el uso de balas de goma. Las familias ocupaban un terreno en reclamo de su derecho a la tierra y la vivienda y había un proceso de conciliación convocado por la Defensoría del Pueblo.
El Consenso Nacional para un Hábitat Digno propone un debate amplio y crítico y la puesta en marcha de diez políticas y estrategias dirigidas a garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural adecuado en la Argentina.
El porcentaje de inquilinos aumentó de 11 a 18 por ciento entre 2001 y 2016, en un contexto en el que el mercado impone los costos y las condiciones. Ley de alquileres entró en debate. Opinión de Luna Miguens y Leandro Vera Belli.
Organizaciones de la sociedad civil firmamos una carta de repudio a la detención de Agustín Santillán y otros referentes Wichís en Formosa.
La Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, provincia de Buenos Aires, confirmó la medida cautelar que ordenó el suministro de servicios urbanos básicos al barrio Garrote
El Acuerdo para la Reactivación de la Construcción busca promover la actividad económica a través de la construcción de 100 mil viviendas, pero no contempla medidas para intervenir sobre el mercado del suelo lo que terminará favoreciendo la especulación.
En la Argentina alquilan 7 millones de personas. Es necesario un marco normativo que regule los alquileres y políticas públicas que incidan en la oferta y garanticen la satisfacción del derecho a una vivienda adecuada. Con frecuencia los inquilinos están expuestos a prácticas abusivas del mercado inmobiliario y las familias son empujadas hacia los mercados de alquiler informal y al hacinamiento.
Siete organizaciones presentamos a la CIDH nuestros comentarios sobre su informe preliminar “Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en las Américas”.