En este informe solicitamos que la CIDH y su unidad DESC reconozcan la problemática de los asentamientos humanos precarios y que la contemple a la hora de analizar la situación de los derechos humanos en la región
La resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó por amplia mayoría la perspectiva de un centenar de organizaciones sociales.
En un documento enviado a los Estados miembros de la ONU, un centenar de organizaciones de todo el mundo expresó su preocupación por los efectos sobre los derechos humanos de la falta de mecanismos basados en normas internacionales para la reestructuración ordenada y oportuna de la deuda soberana.
Cien organizaciones de derechos humanos de todo el mundo destacan que la decisión del tribunal estadounidense sobre la deuda externa argentina tiene impacto en la vigencia de los derechos humanos y exigen la reforma del sistema financiero global.
Organizaciones integrantes de la Mesa de diálogo que acompaña a la comunidad indígena Potae Napocna Navogoh en el reclamo por el reconocimiento de su territorio presentaron hoy un amicus curiae ante la Corte Suprema de la Nación.
Este capítulo se refiere a la necesidad de construir una definición posible del derecho a la movilidad urbana, y de determinar cuáles son las condiciones para que las distintas agencias del Estado lo tomen en serio.
Este capítulo se propone actualizar el diagnóstico sobre el déficit habitacional y sus respuestas posibles. Como punto de partida para el análisis, se examinan los datos definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda.
Organizaciones plantearon la situación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de las comunidades campesinas de América Latina y el Caribe en una audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A través de una carta enviada al gobernador y vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli y Gabriel Mariotto respectivamente, el CELS junto a otras organizaciones exigen a las autoridades provinciales la implementación efectiva de la Ley de Acceso Justo al Hábitat (ley n° 14.449).
El CELS se presentó como amicus curiae en la causa iniciada por un grupo de habitantes de Villa Inflamable y Barrio Porst contra la Municipalidad de Avellaneda y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) por la falta de información, consulta y participación de los vecinos en el proceso de relocalización y urbanización dispuesto en la causa Matanza-Riachuelo.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierte lo poco que se ha logrado en estos cinco años en términos de mejorar las viviendas y escuchar a los verdaderamente afectados por la problemática.
Las inundaciones ocurridas el 2 y 3 de abril en la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, junto a las terribles secuelas provocadas -pérdida de numerosas vidas y daños graves- exigen intervención urgente del Estado en el desarrollo urbano y en las condiciones de hábitat de la población.
En la provincia de Salta, hay un incremento de conflictos entre integrantes de las comunidades indígenas nucleadas en la asociación Lhaka Honhat y un sector minoritario de la población criolla, propiciado por el grave atraso estatal en la entrega de tierras para las familias criollas y de reconocimiento y titulación del territorio indígena para las comunidades.
Esta nueva normativa reconoce la necesidad de abordar de manera integral la complejidad de la problemática habitacional, ampliando las capacidades de acción estatal sobre las diversas causas que la originan.
El presente artículo tiene el objetivo de contribuir al análisis de la situación de los trabajadores y sus organizaciones en la Argentina durante la etapa de la posconvertibilidad, con especial hincapié en el período comprendido entre 2006 y la actualidad.
En este capítulo se repasa la trayectoria de reclamos como: el derecho al acceso de la tierra y el territorio en el ámbito rural, así como al suelo y la vivienda en el ámbito urbano constituyen una deuda pendiente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) realizó hoy una audiencia pública por el conflicto que mantiene la comunidad Potae Napocna Navogoh – La Primavera con el gobierno de la provincia de Formosa relativo a la propiedad de las tierras.
El CELS, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), el Colectivo Voces de Alerta y el Colectivo por la Igualdad exigen información sobre las condiciones de las actividades mineras en la región de Famatina, provincia de La Rioja.
El CELS manifiesta su más enérgico repudio a la derogación de la ley 3.981 de la provincia de Río Negro, que prohibía la utilización de cianuro y mercurio en los procesos de extracción, explotación e industrialización de minerales metalíferos en todo el territorio provincial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) realizó hoy una audiencia pública informativa para debatir problemáticas relacionadas con el derecho a la vivienda.
Este artículo da cuenta de las consecuencias del modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales.
En este artículo se analizan las transformaciones legales y políticas acontecidas durante el 2010, a partir de la experiencia de las acciones realizadas por Lesmadres, 100% Diversidad y Derechos y el CELS
En este capítulo se realiza un balance sobre el impacto de las AUH y se busca reforzar el debate para garantizar su consolidación.
El CELS, junto a otros organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, funcionarios y académicos elaboraron un documento con pautas de actuación respetuosas de los derechos humanos para implementar ante los procesos de urbanización y relocalización de villas y asentamientos en la cuenca Matanza Riachuelo.
El CELS presentó un dictamen jurídico ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la causa en la que se discute el derecho a la tierra y el territorio de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh – La Primavera.
La Corte Suprema ordenó la reincorporación de los seis trabajadores de la empresa Supermercados Easy (CENCOSUD S.A.) que habían sido despedidos debido a su actividad sindical.
El pasado jueves 5 de agosto, en el marco de la presentación del libro que reseña los 15 años de experiencia del Panel de Inspección del Banco Mundial, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) debatieron sobre la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo
Para el Cuerpo, “se registran escasos avances en el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los gobiernos de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representados por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)”.
En este capítulo, por un lado, se da cuenta de los hechos desarrollados en la fábrica Kraft (ex Terrabusi) y en el subterráneo de Buenos Aires por ser paradigmáticos de las prácticas contrarias a la libertad sindical y por haber despertado un fuerte interés en la opinión pública.
Este capítulo analiza la ampliación del programa de las asignaciones familiares al sector informal y a los desempleados, implementada en el 2009.
El Cuerpo Colegiado presentó un informe sobre las acciones comprendidas por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) hasta diciembre de 2009 donde no se registraron avances significativos en acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición del ambiente (agua, aire y suelo) de la misma y la prevención de daños futuros.
Se cumple un año de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el caso Riachuelo que fijó estándares en materia ambiental y de derechos humanos.
En este capítulo se analiza la situación de déficit habitacional a fin de poner en evidencia la ausencia de una política integral, coordinada y sostenida en el tiempo que responda a esta problemática.
En este capítulo, se analiza el proceso de intervención de la CJSN y los desafíos y oportunidades que habilita para lograr la reducción de la contaminación ambiental en la cuenca.
El CELS, junto a otras organizaciones sociales, elaboró un documento sobre el rol del Congreso en la resolución democrática del conflicto por las retenciones móviles .
La debacle del 2001 fue la conclusión de una profunda y prolongada crisis económica y social, que comenzó tres años antes y provocó una reducción del 20% del PBI.
En este capítulo se hace hincapié en la obligación estatal en materia de derechos humanos de garantizar el acceso universal y equitativo a los servicios de agua y saneamiento a todos los habitantes y atender a los factores que provocan la polución constante de las fuentes de agua y del hábitat, haciendo foco en que este asunto requiere atención inmediata y prioritaria.
En este capítulo se analiza lo acontecido en materia de políticas sociales en Argentina durante la gestión de Néstor Kirchner, en particular en el 2007: las dirigidas a los trabajadores asalariados formales y las políticas destinadas a los sectores no integrados al mercado laboral formal, mediante los programas sociales de transferencias de ingresos.
Esta publicación analiza el programa Familias, creado como una de las alternativas para salir del plan Jefes y Jefas de Hogar e incluye un subsidio que se entrega fundamentalmente a las madres, a cambio de que realicen controles de salud y garanticen el acceso a la educación para sus hijos.
Este artículo se ocupa de analizar la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ley 26 061), aprobada y promulgada a fines de 2005. Esta norma constituye la innovación jurídica más importante en materia de infancia, como mínimo, desde el retorno de la democracia.
En este artículo se identifican los problemas de medio ambiente prioritarios en el país en el período analizado por este Informe.
Este capítulo analiza las características de la concesión otorgada a la empresa Aguas Argentinas S.A. con el fin de identificar los motivos que, además de aquellos expuestos por el Poder Ejecutivo Nacional en el decreto que rescinde el contrato, pueden haber provocado su fracaso.
En el contexto posterior a la crisis del 2001, surgió el primer programa de transferencia de ingresos aplicado masivamente en el país: el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Luego, entre los años 2003 y 2004, el Estado Nacional instrumentó nuevos programas sociales, entre ellos, Familias por la Inclusión Social y Adulto Mayor Más.
La prohibición de regresividad (o prohibición de retroceso) en materia de derechos sociales (o derechos económicos, sociales y culturales, como se los denomina en el terreno internacional) reconoce fuentes diversas: tanto el derecho y la doctrina constitucional de varios países caracterizados por la adopción del modelo de Estado social constitucional, como el desarrollo normativo del derecho internacional de los derechos humanos.
En este capítulo se describen casos que muestran que el reconocimiento del sujeto indígena con el debido respeto por sus formas culturales y el establecimiento de espacios de participación política indígena constituyen el mínimo indispensable para que los derechos reconocidos viren de la retórica a la práctica concreta.
El objetivo de este capítulo es dar cuenta de las principales herramientas de intervención estatal utilizadas en materia de ingresos desde comienzos de 2002.
En este documento del Centro de Estudios legales y Sociales (CELS), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Universidad de San Andrés (UdeSA) analizan los problemas sociales y políticos argentinos que se manifestaron dramáticamente en la crisis de finales de 2001.
Esta publicación es resultado de un análisis sobre los problemas sociales y políticos argentinos que se manifestaron dramáticamente en la crisis de finales de 2001 que realizaron El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Universidad de San Andrés (UdeSA).
Este capítulo realiza un balance de la situación de los pueblos indígenas que residen en el país.
En este capítulo se ofrece un diagnóstico sobre los resultados ambientales de la intensificación agrícola y la sobreexplotación exportadora y se denuncia la destrucción del capital ambiental en el país.