Expusimos sobre la situación actual en Argentina. durante la 58° sesión del Consejo de Derechos Humanos. Participamos de diálogos con las relatorías especiales, organizamos un evento paralelo sobre interseccionalidad propuesta y nos sumamos a un panel para debatir fortalecimientos de la sociedad civil en el sistema de Naciones Unidas.
Más de 50 organizaciones de la región expresamos nuestra profunda preocupación por la crítica situación que enfrenta la población en ese país. Durante los últimos meses, hemos atestiguado un incremento en actos de hostigamiento y criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos en el país, así como severos actos de represión como antesala de la toma de posesión presidencial del 10 de enero de 2025.
El representante del gobierno de La Libertad Avanza dijo que la pobreza está bajando, pero no pudo contestar por políticas sociales concretas para niñas, niños y adolescentes. Tampoco contestó sobre la entrega de insumos médicos para garantizar la salud sexual y reproductiva, y rechazó la existencia de la violencia de género. En la última audiencia atacó a las organizaciones de derechos humanos y las acusó de buscar venganza.
Este jueves 14 de noviembre en tres audiencias, distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales expondrán sobre los retrocesos en políticas públicas. Memoria, verdad y justicia, prevención, sanción y erradicación de las violencias de género, y políticas sociales y alimentarias son los principales ejes de los reclamos.
Alertamos sobre la falta de acceso a alimentos de los sectores más vulnerables. En la presentación, que hicimos junto al CETIM, también señalamos las graves restricciones al espacio cívico y la criminalización de las personas que se manifiestan.
Eso dice la evaluación sobre Argentina que hizo el Comité de los Derechos del Niño de ONU. El organismo mostró preocupación por la decisión oficial de no repartir alimentos y fondos a comedores y espacios comunitarios. También criticó el aumento de la pobreza infantil, la represión a la protesta y el proyecto para bajar la edad de imputabilidad.
Columna publicada en la edición de septiembre de Posdata, el boletín mensual del CELS.
Organizaciones de derechos humanos pedimos a las autoridades venezolanas respetar los derechos a la protesta y a la libre expresión. Es necesario encontrar vías de resolución pacífica a la crisis que fortalezcan la democracia en la región.
Junto a organizaciones internacionales y de la región reclamamos que las autoridades venezolanas pongan a disposición las actas de escrutinio y permitan un proceso de verificación independiente.
Sobre la criminalización de manifestantes, organizaciones y periodistas expusimos en la 56° sesión en Suiza. En las respectivas relatorías, explicamos que esto ocurre mientras las medidas de gobierno empobrecen a las mayorías y desde la cancillería argentina respondieron con mentiras. Además, ante el grupo sobre empresas transnacionales y derechos humanos expresamos preocupación sobre el uso de agrotóxicos. En Ginebra también realizamos un evento paralelo con otras organizaciones sobre los gobiernos de extrema derecha.
En una nueva gira por Europa, el presidente Javier Milei visitará Hamburgo y Berlín este fin de semana. Junto a la organización alemana Misereor publicamos este informe en español y alemán que refleja los riesgos concretos para la vigencia de los derechos humanos provocados por las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.
Durante este junio, el presidente de la Argentina tiene previsto un viaje a Alemania. El punto cúlmine de su recorrido estará dado por un premio que recibirá de parte de la Sociedad Hayek, como referente de la Escuela Austríaca de Economía. Junto a la Fundación Heinrich Böll realizamos este informe, que publicamos originalmente en alemán en su sitio web, para dar a conocer a las audiencias locales una reseña del gobierno libertario en Argentina.
El viaje de Milei a España nos legó un conflicto diplomático sin precedentes, pero fue también clave para entrever las estrategias de la ultraderecha hacia nuestra región. En este informe te contamos quiénes acompañaron al presidente libertario y qué hicieron en Madrid. Además, analizamos en qué consiste el proyecto de la Iberosfera propuesto por el partido Vox, anfitriones europeos de los encomenderos argentinos. Informe escrito en conjunto por el equipo del CELS y Edipo, el equipo de investigación de Revista Crisis.
Participamos de una audiencia de Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática para presentar un amicus curiae. Es indispensable que se desarrollen estándares sobre política fiscal para enfrentar las consecuencias del cambio climático.
Las organizaciones miembros de INCLO expresamos nuestra preocupación por las violaciones de las libertades civiles que ocurren en varios países del mundo en relación con el conflicto en Gaza.
Este fallo histórico es sobre colectivo de abogados CAJAR, que en los últimos 30 años sufrió persecuciones, escuchas, hostigamiento y un atentado contra sus integrantes. Desde el CELS nos presentamos como amicus curiae en el caso y la decisión sienta un precedente fundamental para todas las organizaciones de derechos humanos de la región.
Fue durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos que se realizó en Ginebra, Suiza. Conversamos con los relatores especiales sobre cómo las políticas económicas y sociales del gobierno degradan las condiciones de vida de las mayorías.
El trabajo del organismo es de gran importancia para la implementación de políticas públicas contra la discriminación y en favor de la igualdad. La decisión de eliminarlo por parte del Gobierno nacional pone en jaque los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino frente al Comité de ONU.
Ante la persecución a defensores de derechos humanos y la expulsión de mecanismos de Naciones Unidas, nos pronunciamos junto a otras organizaciones de la sociedad civil sobre este grave antecedente en la región.
Junto a más de de 230 organizaciones firmamos un documento acerca de la alarma que genera la reactivación de una ley que viola el derecho a la libertad de asociación, ya que ocasionaría la militarización del espacio cívico de la sociedad venezolana.
Ante las actuaciones del Ministerio Público de ese país que pretenden anular los resultados de las elecciones presidenciales, más de veinte organizaciones de la región solicitamos al gobierno actual respetar la voluntad democrática del pueblo guatemalteco.
Adherimos a una nota a los organismos internacionales firmada por más de 185 organizaciones de la sociedad civil pidiendo el inmediato alto al fuego de Israel en Gaza, además de medidas urgentes de carácter humanitario.
Junto con INECIP, presentamos un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para colaborar en la construcción de estándares jurídicos que guíen el diseño e implementación de regulaciones estatales para proteger los derechos humanos en cuanto a la producción y comercialización de armas de fuego.
Doscientas organizaciones de la región solicitamos al Estado guatemalteco a tomar las medidas necesarias para que se garantice el derecho de participación ciudadana. Las elecciones nacionales del 25 de junio fueron suspendidas por la justicia, aunque los reportes de todas las misiones de observación nacional e internacional señalaron que los comicios se desarrollaron sin incidentes.
En un contexto regional en el que crece la amenaza de gobiernos y grupos con posiciones autoritarias, organizaciones y referentes del continente instamos a los Estados a postular personas que demuestren independencia, formación y experiencia para fortalecer las misiones y funciones de la Comisión.
En su informe, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial le recomendó al Estado avanzar en el relevamiento y titularización de los territorios de los pueblos indígenas, poner fin a la criminalización de la protesta y estigmatización del pueblo mapuche y eliminar obstáculos para el acceso a derechos por las personas migrantes, entre otros puntos.
Lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Desde el CELS, junto a otras organizaciones, habíamos pedido que pudieran tener contacto con el expediente, algo que nunca les permitieron. Marielle era concejala y activista de DD.HH y fue asesinada junto a su chofer, en marzo de 2019.
Fue junto a sus familiares y organizaciones de México y Luxemburgo. Pedimos que se tomen las medidas necesarias y urgentes para la búsqueda del abogado Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, de quienes no se tiene información desde mitad de enero. Su desaparición fue luego de una asamblea por el incumplimiento de pagos de la empresa Ternium a la comunidad producto de la actividad minera.
El Estado argentino se enfrentó a su cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación sobre la situación de derechos humanos en el país, que realizan otros pares miembros de Naciones Unidas. Fue reconocida por los procesos de Memoria, Verdad y Justicia y por la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Mostraron preocupación por la violencia policial y el abuso de la utilización de las prisiones preventivas, entre otros temas centrales en la actualidad.
El lunes 23 de enero el Estado argentino será evaluado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ante sus pares, tendrá que informar sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Desde el CELS, junto a otras organizaciones, elaboramos informes como aportes previos para el diagnóstico y las recomendaciones de este mecanismo. Estaremos presentes en la sesión en Ginebra.
Attiya Waris visitó Argentina entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre. En su informe final, sugiere “revisar sobrecargos” y que el país “debe maximizar sus recursos para defender los derechos humanos”.
La Corte IDH estudia la demanda del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo (CAJAR) por las tareas de inteligencia ilegal, amenazas y persecución sufridos por sus integrantes durante los últimos 30 años. El caso representa una oportunidad para sancionar acciones y prácticas de inteligencia ilegal y arbitraria que los Estados despliegan contra organizaciones sociales y activistas de derechos humanos y evidencia la necesidad de contar con normas claras que regulen y controlen las actividades de inteligencia.
Organizaciones internacionales nos reunimos para conectar las agendas de América Latina con el proceso constituyente chileno. Luego del intercambio con representantes de la Convención Constitucional asumimos el compromiso de aportar desde nuestros territorios y experiencias a la consolidación de esta etapa de cambios políticos y sociales.
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial requirió explicaciones a Alemania, Suiza, el Reino Unido y EE.UU. por no respaldar la exención integral de los derechos de propiedad intelectual y no exigir la transferencia de tecnología a las empresas farmacéuticas.
Lo asesinaron de un tiro en la nuca mientras investigaba un caso vinculado a la “Aduana paralela”. El crimen fue encubierto por la Policía Bonaerense y la Federal, y los testigos fueron torturados, amenazados y agredidos. Uno de los acusados fue absuelto y el otro, sobreseído en distintos procesos. La familia, con la representación del CELS, llevó el caso a la Corte IDH, que le ordenó al Estado argentino la reapertura del proceso. La primera audiencia es el lunes 25 de abril.
Organizaciones de la región manifestamos nuestra preocupación por la suspensión de garantías constitucionales del pueblo salvadoreño como respuesta al aumento de la violencia y la criminalidad.
Solicitamos al CERD, de la ONU, que obligue a los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Noruega y Suiza a respetar, proteger y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. La distribución desigual de las vacunas es un ejemplo de lo que es la discriminación racial estructural.
Mientras se intensifican las denuncias por detenciones arbitrarias, restricciones a organizaciones sociales y otras violaciones de derechos, el Gobierno continúa sin cumplir las recomendaciones hechas por los mecanismos internacionales de protección.
En una audiencia ante la CIDH, organizaciones denunciaron más de 80 mil detenciones, torturas, ejecuciones y desapariciones.
La iniciativa busca crear un aparato paralelo de inteligencia subordinado al presidente de la República. Junto a la Organización Mundial Contra la Tortura y a otras organizaciones le expresamos al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, nuestra preocupación por el proyecto.
Junto con la Red Andina de Información y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, denunciamos al Estado Plurinacional de Bolivia por hechos de violencia contra trabajadores y medios de comunicación comunitarios en los días previos al golpe de Estado de noviembre de 2019.
El grupo de expertes independientes de la CIDH determinó que entre septiembre y diciembre de 2019 integrantes de las fuerzas del Estado cometieron masacres y ejecuciones extrajudiciales, torturas y persecución política de carácter racista y misógino.
Junto con otros organismos de derechos humanos, en esta sesión trabajamos en varios temas de seguridad y derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos exigimos el cese de la represión contra el pueblo nicaragüense y la liberación inmediata de todas las personas presas políticas.
La lógica económica que se impuso sobre el derecho a la salud nos pone ante una nueva división global entre países inmunizados y no, debido al acceso desigual a vacunas y a la escasez que una liberación de patentes podría revertir.
Solicitamos en la Reunión de las Altas Autoridades de Derechos Humanos (RAADDHH) la adhesión explícita del bloque sudamericano al pedido de suspensión de normas de propiedad intelectual para enfrentar la pandemia.
En el contexto de la violenta represión contra las protestas públicas en Colombia, organismos de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por la vigencia de un convenio entre fuerzas de seguridad de ambos países.
Saludamos la adopción por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de la resolución que reconoce la discriminación sistemática del pueblo palestino por Israel. Establece una comisión de investigación permanente sobre las violaciones al derecho internacional en los Territorios Palestinos Ocupados y en Israel.
650 organizaciones de la sociedad civil llamamos a una exhaustiva investigación de la represión de la protesta social y solicitamos a la CIDH una visita in loco y la creación de un grupo de expertos.
Con este informe, el organismo internacional pidió a Bolivia que investigue las violaciones cometidas por el gobierno de facto. Estos crímenes permanecen impunes hasta el día de hoy.