Bolivia. Un golpe con el sello de la OEA

Este capítulo forma parte de Post: Cómo luchamos (y a veces perdimos) por nuestros derechos en pandemia, un libro publicado en febrero del 2021 sobre los desafíos que enfrentamos como defensorxs de derechos humanos en un año de pandemia. “Bolivia. Un golpe con sello de la OEA” fue escrito por Camila Barretto Maia, especialista en relaciones internacionales y derechos humanos, y coordinadora del Área internacional del CELS. Su análisis se enfoca en la lucha por la democracia en Bolivia, entre la cancelación de las elecciones de 2019 y la restauración de la democracia un año después.

  

Perspectiva de género, maternidad y encierro

Organizaciones de la sociedad civil presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comentarios y recomendaciones sobre la aplicación de estándares con perspectiva de género para mujeres embarazadas o en posparto, mujeres trans privadas de la libertad y de niñes que viven con sus madres en centros de reclusión.

  

Cannabis: la ONU reconoce su uso médico

En un voto ajustado, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas aceptó el cambio de clasificación del cannabis, y así reconoció sus usos medicinales, en base a una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

  

Audiencia en la CIDH sobre la situación en Bolivia

Durante el 177 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvo lugar la audiencia “La situación de los derechos humanos en Bolivia” donde denunciamos el abandono de las víctimas por parte del Estado y la falta de justicia.

Regular el cannabis para mejorar la seguridad pública

En el marco del 63° encuentro de la Comisión sobre estupefacientes de la ONU, organizamos el panel “Explorar la regulación de los mercados del cannabis en Latinoamerica” junto a WOLA, MUCD y Elementa.

  

Chile: informe final de la Misión Internacional de Observación

El documento, elaborado por el conjunto de organizaciones veedoras que se trasladaron a Chile del 6 al 11 de noviembre del 2019, da cuenta de las violaciones generalizadas a los derechos humanos por agentes estatales. También recalca que esta violencia, constatada entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre 2019, fue exacerbada por el dictado presidencial de estado de excepción.

  

Bolivia: golpe de Estado y regreso de la “cuestión” militar

Condenamos el golpe de Estado, la persecución política y la violencia de quienes no respetan el orden democrático en Bolivia. El quiebre del estado de Derecho debe provocar la reacción inmediata de los estados de la región. Es imperioso que los mecanismos regionales y los órganos de la ONU inicien un diálogo con los países, en particular que se asegure el derecho a asilo y refugio.

  

Última audiencia ante la CIDH sobre el caso AMIA

Esta última audiencia llega después de que el Estado no mostrara avances en las reformas institucionales a las que se comprometió en 2005. Hace veinte años denunciamos al Estado junto con Memoria Activa como respondable de la falta de prevención del atentado, el desvío de la investigación y el encubrimiento, la denegación de justicia y la falta de verdad. Este año se cumplieron 25 años del atentado a la AMIA.

  

Acerca de la Comisión sobre Derechos Inalienables de los Estados Unidos

179 organizaciones de todo el mundo -entre ellas las que integran la red INCLO- y 251 ex miembros de administraciones anteriores, líderes religiosos, académicos, educadores y activistas, enviaron una carta al Secretario de Estado Mike Pompeo en rechazo de la decisión de Donald Trump de crear una Comisión sobre Derechos Inalienables.

  

Intimidación de ciudadanos brasileños comprometidos con la ONU

Durante dos eventos paralelos en Naciones Unidas, fueron intimidados Jean Wyllys y Luciana Zaffalon. Wyllys es activista de derechos LGBTI, ex congresista brasileño y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH debido a las amenazas de muerte contra él. Luciana Zaffalon es secretaria de la Plataforma Brasileña de Políticas de Drogas.

  

Grupo de trabajo de la ONU pidió a la Argentina visibilizar a la comunidad afrodescendiente y poner fin al excesivo control policial a vendedores ambulantes

El Grupo de Trabajo de Expertos de las ONU sobre Afrodescendientes visitó la Argentina entre el 11 y el 18 de marzo. En su declaración preliminar remarcó la discriminación estructural contra la comunidad afro y la persecución a migrantes africanos. Un conjunto de organizaciones les presentamos dos informes.

  

Sobre la situación en Venezuela

Es necesaria una salida democrática y pacífica y que se garantice la vigencia de los derechos humanos. El intento intervencionista de Estados Unidos debe ser rechazado por la comunidad internacional.

  

Rechazo a la amenaza de Bolsonaro de poner fin al activismo en Brasil

Cerca de 3 mil organizaciones no gubernamentales, colectivos y movimientos sociales nacionales e internacionales rechazamos la declaración del candidato presidencial Jair Bolsonaro de que, al ser electo, pondría “un punto final a todos los activismos en Brasil”. Especificamos las razones por las que representa una amenaza a la democracia en la siguiente nota de repudio.

  

Respuesta a EEUU sobre su retirada del Consejo de DDHH

La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU dijo que la decisión del país de abandonar el Consejo de Derechos Humanos respondió en parte a la oposición de 18 organizaciones a la propuesta de reforma del Consejo que había sido respaldado por Washington. El CELS, una de esas organizaciones, le contestó.

  

Comité de la ONU pidió mayor protección de los derechos de las y los niños

El Comité de los Derechos del Niño instó al Estado a garantizar el acceso a la educación sexual integral y a los servicios de aborto seguro para las adolescentes. También pidió que tome medidas para erradicar la violencia policial contra los jóvenes y derogue el DNU 70/2017 por su impacto negativo en la unidad familiar y el interés superior de los niños migrantes.

  

Pacto Global: organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a los cancilleres de la región

En las últimas décadas un número creciente de países de nuestra región han establecido políticas migratorias que reconocen los derechos de las personas migrantes. El documento final del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular es una oportunidad para incorporar muchos de los avances que se han logrado en el continente latinoamericano.