El CELS expresa su preocupación ante la absolución de los efectivos de la Policía de la provincia de Chubut imputados por el homicidio de Julián Antillanca, sucedido en la madrugada del 5 de septiembre de 2010 en la ciudad de Trelew.
Se cumplen tres años de la desaparición de Luciano Arruga.
Bruno Pappa, de 26 años fue asesinado ayer, en el barrio de Chacarita, por un efectivo de la Policía Metropolitana que se encontraba fuera de servicio.
El efectivo de la Policía Metropolitana David Alejandro Barrios asesinó a dos jóvenes durante un supuesto asalto ocurrido arriba de un colectivo en la localidad bonaerense de Avellaneda.
A 11 años de los homicidios la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires condenó a 15 años de prisión al ex cabo de la bonaerense Rubén Omar Champonois. El policía baleó a los jóvenes cuando Riquelme huía del robo a un banco llevando a Witis como rehén.
Ariel Domínguez fue asesinado por parte del efectivo de la comisaría n° 44 de la Policía Federal, Marcelo Mendoza, en día de ayer en el barrio de San Telmo.
Ramón Aramayo, hincha de San Lorenzo, fue asesinado por la Policia Federal en la entrada del estadio de Vélez Sarsfield.
El CELS y la Comisión Provincial por la Memoria realizarán una conferencia de prensa en la que exigiran al gobierno de la provincia de Buenos Aires que tome medidas urgentes para ponerle un freno a la violencia policial en la provincia.
Los escasos avances en la causa ponen en evidencia la falta de voluntad política del Poder Ejecutivo provincial para determinar las responsabilidades policiales y la incapacidad de la Justicia para hacer avanzar la investigación.
El CELS se incopora a la querella de la causa que investiga la desaparición forzada de Luciano Arruga, quien fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador.
El domingo pasado, Guillermo Trafiñanco, de 16 años fue asesinado con un balazo por la espalda por la policía de la provincia de Río Negro.
Este libro trata sobre las muertes producidas por la violencia de Estado, específicamente por las muertes a las que se llama de gatillo fácil. Pero, sobre todo, trata sobre cómo los familiares de las víctimas de esa violencia se han organizado para impugnarla y para “demandar justicia”.
Se trata de la segunda carta que el CELS envía al ministro Julio Alak solicitándole información respecto de los hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2009, durante el recital de “Viejas Locas”, y sobre las causas que rodearon la muerte de Rubén Carballo.
El 26 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Capital Federal condenó a seis años y cuatro meses de prisión al cabo de la Policía Federal Miguel Angel Gómez por matar a Franco Chaile en 2006.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó informes al ministro de Justicia, Julio Alak, por la represión policial durante el recital del grupo de rock “Viejas Locas” en las inmediaciones del estadio de Vélez Sarsfield.
El sargento de la Policía Federal, Miguel Ángel Gómez, será juzgado por el asesinato de Franco Chaile en 2006
En una conferencia de prensa, el Centro de Estudios Legales y Sociales junto con la Defensoría del Pueblo y la Defensoría General del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, solicitaron al gobierno porteño la disolución de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el organismo.
El CELS reclamó el esclarecimiento de los brutales homicidios y sostuvo que estos casos no se solucionan ni evitan con reformas legales que busquen limitar el régimen de excarcelaciones.
Este libro examina los complejos caminos que un caso judicial atraviesa cuando allí mismo se discuten los umbrales del poder violento de la policía tomando como ejemplo el caso Walter Bulacio.
En este capítulo se destacan a una serie de fallos ocurridos en 2005 que permiten profundizar la mirada sobre la respuesta de la justicia frente a la violencia policial.
En este capítulo se denuncia que, a partir de un relevamiento de las personas muertas en el contexto de partidos de fútbol en los últimos setenta años, es posible observar que en la mayoría de los casos los funcionarios policiales están involucrados por responsabilidad directa o por no cumplir con sus funciones de seguridad dentro y fuera de los estadios.
En este capítulo se señala al hecho de que a partir de 2001 las cifras totales de homicidios dolosos se han reducido en mayor medida que las que reflejan las muertes en las que ha habido algún tipo de participación policial.
En Argentina, los organismos internacionales han tenido un papel central para el afianzamiento de la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones.
En 2004 se redujo la cantidad de personas muertas en hechos de violencia con participación de las policías Federal y Bonaerense.
En Argentina, los hostigamientos, ataques, intimidaciones y amenazas sufridas por los militantes sociales y los defensores de los derechos humanos se volvieron cada vez más frecuentes entre 2002-2003.
En el año 2001, se pueden contraponer los efímeros, aunque profusamente publicitados, planes sociales destinados a la niñez, con un creciente desarrollo de prácticas violentas de las que son víctimas las personas menores de edad.
En esta sección del capítulo centramos el análisis en las prácticas de torturas aplicadas por la policía en todo el territorio nacional, a partir del estudio de información proveniente de distintas fuentes.
Este capítulo aborda la dimensión cuantitativa de la violencia policial en el área metropolitana de Buenos Aires y la respuesta judicial que recibe. Si bien hay funcionarios judiciales que actuaron correctamente en la investigación y sanción de hechos de violencia y delitos cometidos por policías, fue posible observar una serie de prácticas judiciales que evitan … Continued
Los casos de Cabezas o Sebastián Bordón desencadenaron reformas policiales que pusieron sobre la mesa el riesgo que, para la convivencia democrática, significaba el desarrollo de instituciones de seguridad que entendían al derecho como un obstáculo en su accionar.
El informe da cuenta de algunos de los aspectos fundamentales del debate, de los alegatos finales, de la sentencia del tribunal, y de la postura de nuestras instituciones en el juicio oral y público por el homicidio de José Luis Cabezas.
La violencia contra las mujeres, en sus diversas manifestaciones, es una de las violaciones de sus derechos humanos más graves, frecuentes y extendidas. Viola su derecho a la integridad personal y a la salud y menoscaba el pleno goce de sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales.
El año 1998 ha concluido sin que se aclarara el principal crimen político ocurrido durante 1997: el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. La investigación del hecho dejó al descubierto la complicidad y la participación policial en el asesinato; pero también, el trágico hecho ha servido para desplegar en la escena pública, tanto los … Continued
Este capítulo tiene como principal objetivo evidenciar las graves violaciones al derecho a la vida y a la defensa en juicio producidas por las fuerzas policiales y de seguridad.
El año 1997 estuvo atravesado por la lucha contra la impunidad. Fue el año en que la sociedad argentina mostró su hastío y su hartazgo por la impunidad.
Durante 1996 aconteció una trágica saga de hechos de extrema violencia policial contra ciudadanos.
Durante 1995 se agudizó la violencia en manos de las fuerzas de seguridad a partir del aumento de la represión del delito menos por parte de agentes fuera de servicio.
El atentado a la Amia, es el hecho que sin duda puede señalarse como el más saliente en materia de xenofobia y violencia contra la comunidad judía en la Argentina, más allá de sus implicancias a nivel internacional.
La violencia policial y de agentes armados plantea uno de los problemas mas complejos en la lucha por la vigencia de los derechos humanos. La mayoría de estos hechos se presentan a la opinión pública como acontecimientos normalizados y naturalizados.
El año 1994 estuvo marcado por dos hechos puntuales: la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos al texto de la Constitución y la jerarquía constitucional que se le dio a los pactos; el atentado de la AMIA.
Esta publicación intenta ser un aporte para todos aquellos que están comprometidos en reflexiones serias acerca del gravísimo problema que la violencia institucional, pero también la violencia urbana, para la vigencia de la democracia en nuestro país.
Este trabajo deriva de la observación del fenómeno de muertes violentas por el accionar policial, cuyo número creciente se advirtió con claridad en 1985 en la lectura cotidiana de los periódicos.