En la Cámara de Diputados se está discutiendo la reforma de seguridad enviada por el gobierno. Fue presentada como un incremento de la capacidad estatal para perseguir delitos graves, centralmente el narcotráfico. Si la desmenuzamos veremos que se trata de otra cosa.
Contra lo que sería más lógico, la “ley antimafia” no está orientada a disminuir a través de investigación y controles la rentabilidad de las actividades económicas ilegales. Su pilar es, en cambio, el concepto de “Zona Sujeta a Investigación Especial”: espacios geográficos donde funcionarios judiciales y policiales tendrán mayores márgenes de actuación, por ejemplo, para hacer allanamientos. En pocas palabras: zonas de excepción. No resulta muy aventurado especular que estas zonas no serán las rutas por las cuales ingresa el dinero generado en los mercados ilegales a la economía legal, sino los barrios populares empobrecidos donde es sencillo encontrar un puesto de microtráfico, a donde los consumidores se dirigen a comprar drogas.
Otra de las reformas propuestas relaja los controles al uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, al ampliar la figura de la “legítima defensa”. Además, alcanzaría con que la persona que perdió la vida por el accionar policial sea acusada de haber estado cometiendo un delito para que sus familiares no puedan llevar adelante un juicio. Los policías que matan están cada vez más cerca de ser convertidos en jueces de sus propios actos.
Mientras esto sucede en Diputados, en el Senado se está discutiendo la llamada Ley Bases que incluye el blanqueo de capitales, muchos de ellos provenientes de los negocios ilegales que la reforma de seguridad supuestamente busca perseguir. Esta situación arroja claridad sobre contra quiénes se ejercería el mayor poder de castigo que el gobierno nacional pretende conseguir.
Columna enviada en la edición de mayo de Posdata, el newsletter del CELS.