Esta semana trascendió una foto del mitin entre diputados y diputadas de La Libertad Avanza y un grupo de condenados por los crímenes de la dictadura, en la cárcel de Ezeiza. La imagen agrega una capa de sentidos a lo que ya había quedado claro en los días previos: posan para la cámara, sonríen, confraternizan.
En el documento que junto con Memoria Abierta publicamos hace algunas semanas sistematizamos todas las decisiones del gobierno que suspendieron o desfinanciaron las políticas de memoria, verdad y justicia. Acompañadas por las declaraciones de los ministros Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona y Luis Petri -que se agregan a la valoración positiva de los indultos realizada por el presidente Milei y a la trayectoria de la vicepresidenta Villarruel-, esas decisiones están orientadas a relegitimar a la dictadura en general y al accionar de las Fuerzas Armadas en particular. La intención de empujar los límites para volver a poner a los militares en tareas de seguridad interior debe interpretarse en este mismo sentido.
El movimiento de derechos humanos, múltiple, complejo, con distintos actores e inscripciones políticas, se encuentra hoy con un gobierno que nos considera un enemigo a destruir. Buscan el desprestigio, difunden noticias falsas, destruyen políticas públicas producto de luchas de décadas. Esta “batalla cultural” es necesaria para la consolidación del modelo de país que imaginan.
Los alcances y el éxito de esta maniobra en curso dependen de las capacidades sociales para activar resistencias eficaces y, sobre todo, para abrir nuevos horizontes para la memoria. Desde el CELS lxs invitamos a pensar juntxs los desafíos de esta época.
Texto enviado en el newsletter del CELS.