El 23 de diciembre 17 presos se fugaron de una comisaría del barrio de Liniers. Al día siguiente, el ministro de Seguridad de la Ciudad decidió apartar al jefe de la Policía, trasladándose la responsabilidad por la fuga. La decisión de remover a un funcionario como respuesta a un problema complejo, no solo es superficial. También es un claro ejemplo de ineficacia y está lejos de brindar una solución real a un problema que se repite.
Durante 2024, por lo menos 49 personas se escaparon de las comisarías y alcaidías porteñas en nueve ocasiones diferentes. En 2023, los momentos de fuga fueron diez. Sin embargo, esto no es más que el síntoma visible de un problema más complejo: la inexistencia de un sistema penitenciario adecuado y digno en la CABA. La situación ha empeorado con el paso de los años, mientras los funcionarios se limitan a pelearse y a culparse mutuamente.
La sobrepoblación en comisarías promueve la violencia y las fugas porque los policías no pueden controlar a tantos presos. También fomenta la formación de mercados ilegales: los policías no solo venden a los presos artículos de primera necesidad, también llegan a negociar la posibilidad de fugarse.
¿Cómo llegó la CABA a tener 2.100 personas detenidas en comisarías y alcaidías en condiciones inhumanas?
La falta de un sistema de encierro propio
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es casi autónoma. Aún no se ha completado el traspaso de los juzgados nacionales (que se encargan de los delitos comunes) a la órbita de del poder judicial porteño y una tarea que parece estar lejos de concretarse. Mientras este proceso no se resuelve, las personas privadas de libertad en CABA deben ser alojadas en las dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El problema es que el SPF comenzó a enfrentar problemas de sobrepoblación en 2018, como consecuencia de un aumento de las detenciones en la Ciudad y de reformas legislativas que hicieron que más personas quedarán privadas de la libertad por delitos que antes eran excarcelables. A fines de 2019, el SPF alcanzó un pico histórico de sobrepoblación con casi 14 mil personas privadas de la libertad. La mayoría de ellas provenían de la CABA y estaban alojadas en las unidades de Devoto y en los complejos penitenciarios de Ezeiza.
Frente a la situación, el SPF decidió no seguir recibiendo más detenidos de la CABA por razones sanitarias. Al no contar con un sistema de encierro propio, la Ciudad comenzó a alojar a los detenidos en comisarías y en las tres alcaidías que tenía en ese momento, las cuales funcionaban como alojamiento transitorio. Cabe destacar que, a diferencia de otras regiones del país, la Ciudad nunca había alojado de forma permanente a detenidos en dependencias policiales.
El número de personas detenidas en estos espacios creció de manera alarmante. En abril de 2020 había 139; en diciembre de 2024, la cifra supera las 2.100. El aumento fue del 141%.
Desde ese momento, la Ciudad ha reclamado al gobierno nacional que se encargue de las personas privadas de la libertad, pero la respuesta de Nación ha sido que no tiene espacio disponible y que la CABA debe crear sus propios lugares de detención.
La confrontación política y el abandono del sistema penitenciario
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, las cárceles federales pasaron a depender del Ministerio de Seguridad, lo que agudizó el conflicto entre Nación y la CABA. La Ciudad le reprocha al gobierno nacional que no termine la construcción de una nueva cárcel en Marcos Paz, obra que fue abandonada por falta de fondos; mientras que Nación sostiene que la financiación debe correr por cuenta de la CABA. En paralelo, Patricia Bullrich y Jorge Macri se muestran sonrientes en fotos anunciando que se transferirá el Servicio Penitenciario Federal a la Ciudad. Sin embargo, esta propuesta, que por ahora no tiene más que un carácter declarativo, solo sirve para que Bullrich pase la responsabilidad de los detenidos a Macri, mientras cumple el sueño de convertir el SPF en un sistema penitenciario de cárceles de máxima seguridad, inspirado en el modelo salvadoreño de Bukele.
Pero la realidad es que la Ciudad no tiene servicio penitenciario, cárceles ni infraestructura adecuada para enfrentar el problema.
¿A quién le importan las personas presas?
Mientras las acusaciones cruzadas entre los distintos niveles de gobierno continúan, la situación de colapso en los lugares de encierro de la Ciudad aumenta. Las condiciones de detención son realmente inhumanas. Las celdas carecen de luz natural y ventilación adecuada, algunas no tienen ventanas y otras están casi herméticamente cerradas. Las personas detenidas deben tomar turnos para acercarse a las pequeñas ventanas tipo tragaluz a fin de respirar aire fresco, especialmente en épocas de altas temperaturas. Los colchones no son suficientes, por lo que muchas duermen en el suelo, sobre cartones. Hay quienes tienen esposas sujetadas a muebles o duermen en los patios de las comisarías.
Frente a esta situación, la CABA decidió instalar containers (a los que llama “Alcaidías Modulares”) en diferentes puntos de la ciudad. Se trata de cajas de metal sin espacios para que las personas puedan salir a tomar aire, sin medidas de seguridad ni sistema contra incendios.
La ineficacia de la gestión de la Ciudad es evidente. Pero, lo que realmente queda claro es que a quienes son responsables de la gestión no les importa la suerte de las presas y los presos, ni las condiciones en las que viven. Mucho menos, cumplir con lo que establece la Constitución, que exige que los lugares de detención sean dignos.
El problema es simple
Aunque a primera vista el problema parece complejo, en realidad es sencillo: hay más personas detenidas en el SPF y la CABA que lugares para alojarlas. Las comisarías de la Ciudad están colapsadas y la cantidad de detenciones aumenta mes a mes, expandiéndose como una forma de control poblacional. Las detenciones parecen ser la herramienta preferida para gestionar la creciente población en situación de calle, implementando una política claramente persecutoria de la pobreza. Como consecuencia, cada vez más personas, muchas de ellas detenidas por delitos menores como el hurto, quedan privadas de libertad y son encerradas en estos espacios inhumanos.
La vocación de los poderes ejecutivos por encarcelar es muy alta. Sin embargo, la política de gestión de los lugares de encierro es cada vez más paupérrima y deshumanizante. Nadie puede negar que a primera vista es necesario que exista una política que se ocupe de los detenidos y la detenidas de la CABA y que les garantice condiciones dignas de detención. Esto implica que existan lugares apropiados de alojamiento donde las personas detenidas puedan tener espacio para dormir, comer, recrearse, etc. Se les debe dar acceso a la salud, a la alimentación y el contacto con sus allegados. Todo esto hoy no está garantizado.
Los actores del poder ejecutivo de la Ciudad y de la Nación deberían poder destrabar la situación y lograr construir una solución conjunta que contemple las condiciones de detención a las que se someten a las personas.