Por Sol Hourcade. Publicada en Télam.
Casi 50 años después de haber ejecutado la masacre de Trelew, Roberto Guillermo Bravo tuvo que rendir cuentas ante una corte federal y un jurado de Miami, Estados Unidos. Cuatro familias de las víctimas de la masacre del 22 de agosto de 1972 presentaron una demanda en su contra en el marco de una ley que garantiza a víctimas de torturas y ejecuciones extrajudiciales la posibilidad de demandar civilmente la compensación por los daños sufridos. Lo hicieron luego de muchos años de terror, persecuciones, familias diezmadas y luego de conseguir retomar el camino de la justicia en la Argentina aunque con muchas demoras y un gran ausente: Bravo.
Tuvieron que recurrir a los Estados Unidos porque Bravo se escondió allí desde 1973. En 2010 se solicitó su extradición a nuestro país, pero fue rechazada. Las familias persistieron. En 2012 en la Argentina se obtuvo una sentencia en que se condenó a tres de los responsables de la masacre y se la declaró delito contra la humanidad. Por lo tanto, los delitos cometidos esa fría noche de agosto en la Base Naval Almirante Zar, fueron declarados imprescriptibles. La sentencia fue revisada en 2014 por la Cámara Federal de Casación Penal y confirmada.
A lo largo de los procesos judiciales intentados por las familias y sobrevivientes, en los setentas y a partir de 2005 una vez superada la impunidad impuesta por leyes e indultos, se pudieron producir importantes pruebas que determinaron quiénes eran testigos de los hechos y quiénes son los responsables. Entre ellos, en 2008, se identificó a Roberto Guillermo Bravo. Esas pruebas fueron determinantes para el juicio que se realizó en los Estados Unidos entre el 27 de junio y el 1º de julio pasado. El CELS acompañó a las familias en ese camino y luego tendió el puente para lo que vendría.
Allí, los testimonios de lxs sobrevivientes Alberto Camps, René Haidar y Antonia Berger, luego desaparecidxs por la siguiente dictadura, llegaron a un jurado compuesto por siete ciudadanxs estadounidenses. Ellxs escucharon las experiencias, las crueles persecuciones de muchas familias de lxs fusiladxs en una tierra para ellxs desconocida: Trelew, Argentina. Escucharon peritos que les contaron sobre las lesiones que sufrieron las víctimas, sobre la escena montada por la Armada Argentina para instalar la idea de un nuevo intento de fuga de lxs presxs políticxs que días antes habían escapado del penal de Rawson, sobre nuestra historia en aquellos años y los siguientes y nuestro arduo camino en búsqueda de verdad y justicia.
Gracias al gran trabajo del Center for Justice and Accountability, sus abogadas, y de lxs abogadxs y trabajadorxs de los estudios jurídicos Keker, Van Nest & Peters y Markus / Moss PLLP llegamos al veredicto que tanto esperábamos pero no imaginábamos. Roberto Guillermo Bravo fue considerado responsable de las ejecuciones extrajudiciales de Rubén Bonet, Ana María Villarreal, Eduardo Cappello y de la tentativa de ejecución extrajudicial y tormentos de Alberto Camps y se le impuso el pago por daños compensatorios y punitivos por millones de dólares. Si bien el jurado se pronunció sobre los cuatro hechos denunciados, en definitiva, reconoció el fusilamiento de las 19 víctimas.
En tiempos de oleadas negacionistas y de cuestionamientos al proceso de justicia por parte de los perpetradores y sus defensores, luego del testimonio bajo juramento de Bravo el día 28 de junio nos descubrimos ante un hecho histórico. Cayó definitivamente en el olvido la versión fabricada de los hechos que Bravo, sus camaradas y la dictadura de Lanusse quisieron imponer: en la Argentina o en los Estados Unidos una masacre es una masacre.