Restringir la movilidad de las personas está entre las principales medidas recomendadas ante la pandemia del COVID-19, según la OMS y autoridades sanitarias en todo el mundo. Se trata desde reducir la circulación en las calles hasta limitar la circulación entre países. Son medidas necesarias y urgentes desde el punto de vista de la salud pública, que muestran a la vez los deterioros que ya estaban en marcha de los sistemas de protección social en la región. En el caso de les migrantes, el cierre de las fronteras impacta de manera diferenciada en aquelles con menos recursos simbólicos y materiales. Por eso es primordial poner en marcha medidas que reduzcan este impacto.
Hace pocos días alrededor de 20 familias de Colombia y Venezuela que viajaron por días hasta llegar a la frontera con Argentina se encontraron con los pasos cerrados y los hoteles con restricciones para alojar extranjeros. En el grupo había niños, niñas y adolescentes, madres solas con hijes y familiares de migrantes que ya vivían en la Argentina. Con pocos recursos, quedaron en la calle. Ante esa situación de vulnerabilidad, sobre todo ante el riesgo de contagio por coronavirus o dengue, las autoridades decidieron como excepción dejarlos ingresar y buscar los medios para que puedan cumplir con las normas de aislamiento, por medio de la asistencia de organizaciones sociales y de la ONU que trabajan en las fronteras. Situaciones como esta están sucediendo en toda la región.
A las medidas de restricción a la llegada de personas provenientes de países de riesgo se sumaron días atrás medidas más extremas de cierre de fronteras, en especial el cierre de los pasos terrestres con países vecinos. Colombia estuvo entre los primeros a hacerlo el 14 de marzo para la frontera con Venezuela. Entre el 16 y el 17 anunciaron el cierre total de sus fronteras y también lo hicieron Ecuador, Perú y Argentina. Siguieron Chile, Brasil y Bolivia, el 18 y el 19 de marzo. Brasil también ya había decretado el cierre de la frontera con Venezuela antes del cierre general.
Si bien se presenta como provisoria, lo cierto es que se trata de una situación extrema y sin precedentes, que genera interrogantes de orden práctico y político. El primer tema son los impactos inmediatos que esas medidas van a tener, teniendo en cuenta el volumen y la naturaleza constante de los flujos intrarregionales. Desde fines del siglo XX, el 60% de la migración en América del Sur proviene de países de la región. El flujo de colombianes con necesidad de protección que se desplazan por la región no ha cesado desde la década del 2000, a lo que se suma el flujo de venezolanes que se ha incrementado en los últimos años.
El cierre absoluto de fronteras puede vulnerar los derechos de personas migrantes y grupos específicos. A la vez, nos deja más vulnerables a todes. Las medidas sanitarias preventivas parten de un principio básico que es que, para que funcionen, deben abarcar a todes, sin dejar afuera a nadie. Una vez prohibido el ingreso, ¿quién se encargará en el país de origen o de tránsito que las personas que no pudieron cruzar cumplan con las medidas sanitarias preventivas? Las fronteras terrestres son líneas imaginarias y, en América Latina, son además porosas: hay numerosos puntos de cruce irregular. El cierre de las fronteras políticas no implica, por lo tanto, el fin de la migración, y reduce la capacidad del Estado para acompañar a esos grupos.
Los impactos concretos de las medidas restrictivas para contener el avance del coronavirus se verán en las próximas semanas y probablemente sólo serán comprendidos cuando pase la crisis. Pero podemos pensar algunas hipótesis para implementar excepciones que, al proteger a las personas migrantes, nos protejan a todes.
Los vínculos con el país de destino y la residencia de hecho
La mamá de una migrante venezolana que ya vive en Brasil no pudo ingresar a ese país porque no tuvo acceso a la información del cierre de fronteras. Fue el 18 de marzo, cuando la medida entraba en vigencia. El 22 de marzo, el Ministerio de Justicia de Brasil dictó el cierre de la frontera con Uruguay y precisó que estaban exceptuades migrantes sin residencia por razones de unidad familiar con brasileñes. Esta disposición debería ampliarse y aplicarse a todo el cierre de frontera para que situaciones como la de esa migrante no vuelvan a repetirse.
Colombia exceptuó del impedimento de ingreso a les niñes que puedan probar que estudian en escuelas colombianas. Si bien la medida permite asegurar garantías para algunes migrantes transfronterizos y en situación irregular, no es suficiente.
Brasil y Argentina, a la vez, exceptúan claramente del cierre a les nacionales y les residentes del país de destino. Cobra centralidad el estatus regular del migrante. Sin embargo, aun en los supuestos más favorables, les migrantes en situación migratoria irregular no podrán ingresar, tampoco aquellos que ya están en la frontera, ni aquellos que tienen una necesidad imperiosa de salir de su país y/o encontrarse con sus familias.
Preocupa esta definición porque los Estados de la región demoraron u obstaculizaron la implementación de medidas de regularización migratoria; situación que en los últimos años implicó que aumentara la cantidad de personas migrantes que viven en situación de irregularidad. Colombia pasó casi un año sin un programa de regularización para les venezolanes. Chile, Perú y Ecuador, con el objetivo de disuadir el ingreso, instituyeron programas inaccesibles mediados por la exigencia de visas para el ingreso de las personas provenientes de Venezuela. La Argentina venía implementando desde enero de 2019 un sistema online de radicación que dificultó el acceso de les migrantes con menos recursos, aunque desde en febrero de 2020 las autoridades migratorias comenzaron a hacer ajustes para modificar esa situación.
Si bien uno de los problemas de la irregularidad es justamente la dificultad de dimensionarla, en este contexto político e institucional existen numerosos casos de migrantes que viven hace años en países de la región pero que no pueden acreditar una residencia regular. También pueden darse casos de migrantes que fueron a visitar a familiares al inicio del año, pero que no van lograr volver por las medidas de cierre de frontera. Muches de elles, quedarán en zonas limítrofes, expuestos a grave vulnerabilidad. Es necesario que les agentes de frontera acepten otras pruebas del vínculo con el país, como la existencia de familiares u otros elementos que demuestren una residencia de hecho.
Posibles abusos en el control migratorio
Las medidas de cierre de frontera también habilitan –en algunos países de manera más explícita que en otros– a les agentes migratorios, a las fuerzas de seguridad y, en algunos casos, a las autoridades provinciales y municipales, a impedir el ingreso y la permanencia de migrantes en el país. Algunos, como en Brasil, habilitan la deportación inmediata. En la Argentina, agentes de la Dirección Nacional de Migraciones hicieron inspecciones en las casas y en los hoteles donde había personas que llegaron del exterior provenientes de países identificados como de riesgo.
Si bien son decisiones basadas en medidas provisorias de emergencia sanitaria es importante reconocer que este contexto habilitó nuevos niveles de vigilancia y control migratorios. El objetivo legítimo de controlar la diseminación del contagio y proteger la salud no suspende la obligación de los Estados de realizar, en todos los casos, un ejercicio de ponderación entre los derechos en juego.
En Jujuy, el gobierno provincial solicitó a la justicia la expulsión de dos migrantes que estaban en la provincia. La justicia lo autorizó basada en la decisión del cierre de fronteras, pero la Dirección Nacional de Migraciones consideró que no podía ejecutarse por la situación humanitaria de les involucrades y el cierre de frontera también definido por Bolivia. El mismo gobierno provincial exigió que los hoteles desalojaran a migrantes que ya habían ingresado al país antes del cierre de frontera, sin considerar que muches de elles tenían necesidades de protección internacional. El activismo de otres funcionaries y organizaciones que trabajan en la frontera logró modificar la medida y les migrantes pudieron volver a su alojamiento.
Pocos días después, Migraciones dictó una medida que prorroga los plazos de las residencias precarias y para realizar trámites. Suspende, a la vez, todas las intimaciones y órdenes de expulsión, una medida importante para proteger derechos, reducir la incertidumbre y garantizar la implementación de las medidas preventivas de salud colectiva.
Prevenir la xenofobia
Las medidas que fueron tomando los gobiernos en todo el mundo, pero también las noticias de algún modo particularizaron y contribuyeron a la estigmatización de ciertas nacionalidades en relación al coronavirus. En los últimos días, nacionales de Brasil y de China relataron situaciones de xenofobia en los edificios en los que viven en Buenos Aires, en muchos casos desde hace años.
Esta nueva situación emerge en un contexto de niveles crecientes de xenofobia en los últimos años. En la región, discursos de algunas autoridades estatales vincularon la migración a la delincuencia e incluso le echaron la culpa de la sobrecarga de los sistemas de salud y educación a les migrantes. En muchos casos fueron acompañados de medidas concretas, como la adopción de visas a determinadas nacionalidades y el aumento de las expulsiones.
Como dijo la Corte Constitucional Ecuatoriana el 19 de marzo de este año, el cierre de fronteras no es absoluto. Tras la decisión de cerrar sus fronteras, los Estados de la región deben ajustar estas medidas a los casos concretos para la protección de todes. Hay señales de que avanzamos en esta dirección, pero es necesario precisar las excepciones –es decir, establecer criterios sobre prevención y cuidado de la salud, así como de protección de derechos en el caso de personas en situación de calle, personas con necesidad de protección internacional, las necesidades de unidad familiar y el interés superior del niñe–. A la vez, es importante en una situación de excepción como la actual mantener mecanismos de control ante posibles abusos de las autoridades migratorias, de frontera y policiales.
En épocas de crisis, solidaridad entre los pueblos e integración regional
La llegada a América Latina del COVID-19 presenta duros desafíos para los Estados. El cierre de las fronteras es una de las medidas extremas que impuso la emergencia sanitaria como forma de achatar de manera rápida la curva del contagio en un contexto como el latinoamericano, de déficit estructural de financiamiento de los sistemas de salud.
Ahora bien, una cosa es el cierre de fronteras y otra muy distinta es esta misma medida tomada de manera unilateral por cada Estado, sin preocupación por la vida de las personas que queden en aquella zona de frontera. Por ello, resulta necesario establecer un mecanismo específico de evaluación en el ingreso o salida de personas para que puedan llevar adelante las medidas de aislamiento social.
Más allá de eso, los espacios de integración regional institucionalizados, como el Mercosur, ofrecen la posibilidad de buscar respuestas dentro de acuerdos normativos vigentes. Activar ese mecanismo permitiría construir respuestas comunes a la emergencia. En concreto, una directriz unificada respecto de criterios de excepción que permitan abrir la frontera en casos específicos puede ser necesario para prevenir violaciones de derechos y para garantizar la efectividad de las medidas sanitarias tomadas en cada uno de los países. Además, las autoridades de todas las áreas de gobierno deben comprometerse a proteger a las personas bajo sus jurisdicciones, lo que incluye en particular las zonas de frontera, independiente de su nacionalidad o estatus migratorio.
La primera característica de esta crisis es su naturaleza global y no se puede afrontar solamente dentro de cada territorio nacional. Las zonas de fronteras serán particularmente vulnerables a las políticas que se apliquen de uno y otro lado. Es urgente que los Estados pongan en el centro el principio de solidaridad entre los pueblos y rescaten los mecanismos de coordinación regional.
*Publicado en LatFem.