La desaparición del niño Loan Danilo Peña conmueve a millones de personas en todo el país, pendientes de la búsqueda y de una explicación para su ausencia. Desde el 13 de junio cuando fue visto por última vez, se hicieron evidentes los problemas de las instituciones públicas para dar una respuesta: poderes judiciales y ministerios públicos incapaces de dirigir una investigación, medidas básicas no realizadas a tiempo, funcionarios que especulan con la trascendencia del caso, filtraciones a los medios de comunicación que promueven la espectacularización. La distancia entre la respuesta estatal y las necesidades sociales, comunitarias, familiares se revela en toda su magnitud.
Como en otros hechos que tuvieron gran impacto en la sociedad, la desaparición exige una explicación. Quienes atraviesan una pérdida tienen derecho a la verdad, a saber qué pasó y si hay responsables. La comunidad tiene derecho a contar con los elementos que permitan reconstruir la verdad histórica. Necesitamos saber cómo fueron los acontecimientos que nos marcaron como sociedad, que son parte de lo que somos. La responsabilidad no es únicamente del Estado, pero son las dependencias que lo integran las que tienen a su alcance, o deberían tener, las capacidades y el poder de investigación para indagar en los hechos. En esas capacidades se funda también el poder de impartir justicia.
A lo largo de nuestra historia reciente, en gran cantidad de episodios que implicaron violaciones de derechos humanos la posibilidad de reconstruir la verdad está en jaque por problemas serios de las investigaciones policiales y judiciales. Hace pocos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo señaló específicamente respecto al atentado a la AMIA: “ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos a través de la investigación y el proceso penal”.
Por momentos, la situación económica y la escalada de la confrontación política parecen poner en segundo plano a problemas antiguos y arraigados. Uno de ellos es la capacidad estatal de investigar y ofrecer explicaciones certeras sobre hechos graves. Esas explicaciones son el punto de partida de la reparación y de la posibilidad de entender y asignar responsabilidades individuales y colectivas. En su lugar, asistimos a una sucesión de pasos en falso, de especulaciones, de puestas en escena, de relatos falsos echados a rodar o convalidados por los mismos funcionarios que deberían construir una respuesta fidedigna. Esa deserción estatal es otra de las formas de desamparo.
Texto enviado en la edición de julio de Posdata, el newsletter del CELS.