El 22 de octubre el gobierno chileno contactó equivocadamente a la organización Omega Research Foundation tratando de comprar una cantidad enorme de armas antitumultos.
Confundiendo la ONG de derechos humanos con un fabricante de armas, el gobierno de Sebastián Piñera pidió cotización para 100 mil cartuchos de gas lacrimógeno, 50 mil cartuchos de perdigones de goma y 7 mil litros de gas pimienta. Habían empezado las manifestaciones hacía una semana y el gobierno buscaba equiparse.
Tras seis semanas de represión que dejaron un saldo de muertos, heridos y detenidos impensable desde la salida de Pinochet, quedó en evidencia que las armas “menos letales” son inadecuadas para la gestión de protestas. Además de su mal uso, la falta de controles y de supervisión impide desincentivar, prevenir e investigar estos abusos en el accionar de las fuerzas de seguridad.
No son 30 pesos, son 30 años
Los últimos dos meses han sido excepcionales en la vida de Chile. El aumento del boleto de subte a mediados de octubre derivó en la expresión generalizada de descontento, con millones de personas en las calles cuestionando el modelo económico y social del país. “No son 30 pesos, son 30 años”, reclamaban los carteles en las protestas del norte al sur del país andino.
Desde el principio de las manifestaciones, las autoridades llevaron adelante una represión sostenida e indiscriminada. Múltiples organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno empezaron a documentar las numerosas y variadas violaciones a los derechos humanos: asesinatos, torturas, abuso sexual, detenciones arbitrarias, persecución a líderes sociales o uso indebido de la fuerza son algunas de las situaciones que constató in situ la misión internacional de observación de organismos de derechos humanos que estuvo en Chile a principios de noviembre. Ya se hablaba de 20 muertos y centenares de heridos. Sus conclusiones fueron contundentes.
Armas no letales vs. armas menos letales
Uno de los rasgos salientes de las situaciones que observó la Misión fue el uso abusivo, desproporcionado e ilegal de balas de goma y perdigones, que han provocado hasta el momento más de 200 personas con lesiones oculares y, en algunos casos, pérdida total de la vista. Según consignó la Cruz Roja Chilena a la agencia Reuters, más personas han perdido uno de sus ojos en las primeras 3 semanas de protesta que en los últimos 20 años.
El uso de las llamadas armas “menos letales” –en este grupo también se incluyen el gas lacrimógeno y los camiones hidrantes, entre otros– está cuestionado en los últimos años por diferentes razones. Por un lado, están los ejemplos de países de distintas latitudes, como Líbano, Iraq, Hong Kong, Ecuador, Colombia y Chile por solo nombrar los del último trimestre, que recurren a ellas en el contexto de protestas con daños a la salud, heridas, lesiones irreversibles y hasta la muerte de manifestantes o transeúntes.
La repetición de estos hechos pone en jaque la denominación inicial de armas “no letales”, mal llamadas así por la prensa y las fuerzas policiales y militares en Chile y en otros países. Por su poder de daño, es más correcto llamar armas “menos letales” a estos dispositivos que fueron desarrollados en sus inicios para fines militares, y que, con el tiempo, empezaron a utilizarse para el control de multitudes. Por ejemplo, una versión de municiones de madera fue introducida por las fuerzas coloniales británicas. Se usaron contra manifestantes en Malasia, Singapur y Hong Kong en los años 1960 y luego fueron transformadas en proyectiles de PVC, inauguradas en Irlanda del Norte.
Otra problemática en cuanto a las armas menos letales es que no existen controles ni estándares sobre su producción, comercio o su uso en contexto de protestas. Los mecanismos internacionales no han logrado estar al paso de los rápidos avances en el desarrollo de las tecnologías y técnicas para el control de multitudes. Los distintos países también han implementado su uso sin una reglamentación o entrenamientos adecuados.
¿Es necesario el uso de armas menos letales en protestas?
Las respuestas varían según el tipo de arma, pero es también muy importante la forma de uso.
Las autoridades están ligadas por estándares internacionales a hacer un uso racional y progresivo de la fuerza. En este sentido, apareció la necesidad de una opción entre el bastón y el arma de fuego. Las armas “menos letales” en contextos de protesta social podrían constituir una alternativa de aplicación reducida de la fuerza. Sin embargo, en la práctica, suelen ser usadas de manera indiscriminada, provocando daños serios a las personas.
Pero también, la ausencia de regulaciones hace que sea la oferta y la demanda la que dicte qué se produce y comercializa. El desarrollo de este tipo de armas se ha expandido en todo el mundo durante las últimas dos décadas y la cantidad de empresas que las fabrican y comercializan ha aumentado notablemente. En ausencia de lineamientos sobre uso seguro por autoridades competentes, en la actualidad son los mismos fabricantes quienes proveen los manuales de uso a las policías.
En las últimas décadas hemos visto un importante desarrollo y expansión del mercado de estas armas. Pero la lógica del mercado hace que en este campo des-regulado, las innovaciones pueden ser sinónimas de más nocividad: incrementar el poder de daño, o retardar el tiempo de recuperación, lo que conlleva un costo humano inaceptable. ¿Cuán duras o cuán grandes pueden ser las balas de goma? ¿Cuál debe ser la concentración de químicos en un cartucho de gas lacrimógeno? ¿Con cuánta fuerza debe salir el agua de los camiones hidrantes? ¿Cómo debe ser la composición del gas pimienta? Todas estas preguntas tienen hoy una misma respuesta: lo que decidan las compañías que las producen.
El costo humano de la represión cuando “Chile despertó”
Luego de 6 semanas de protestas sociales en Chile, el saldo de daños humanos ocasionados por la respuesta del estado es incalculable. El caso chileno muestra dramáticamente todas las facetas problemáticas de estas armas, en particular cuando se analiza el uso de perdigones y balas de goma.
En primer lugar, está el problema del uso de armas que son demasiado peligrosas, y que no deberían ser usadas en ningún caso para el control de multitudes. Existen dudas en este momento acerca de la composición de las municiones usadas en Chile, dado que los análisis hechos por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, han encontrado que las balas de goma disparadas por los Carabineros están compuestas de plomo y más sustancias duras en un 80%, lo cual no coincide con la información provista por los fabricantes.
En segundo lugar, está el uso inadecuado de las armas. Uno de los ejemplos más salientes en Chile (y en toda nuestra región), es el uso de balas de goma como método de dispersión de manifestaciones. Este método, si bien está naturalizado en las instituciones policiales, trae enormes peligros: empleado desde corta distancia su poder de daño puede ser similar al de las municiones de plomo. Disparado desde mayor distancia son muy poco precisas. Las lesiones encontradas en espalda y glúteos muestran que se disparó a individuos que estaban tratando de alejarse, y que los impactos sólo apuntaban a dificultar su retirada.
Los excesos en el uso de la fuerza no son excepcionales en las instituciones policiales latinoamericanas. Carabineros, como tantas otras en la región, es una fuerza policial que tiene una nítida impronta militar, con prácticas heredadas de la dictadura militar (1973-1990) y no ha sufrido reformas sustanciales desde la transición democrática.
En tercer lugar, el caso chileno en particular muestra el uso abusivo de estas armas con el objetivo explícito de provocar daño. Las 241 lesiones oculares evidencian los disparos apuntados a la cara, a corta distancia y a propósito, de acuerdo a numerosos testimonios. De acuerdo a la Dra. Rohini Haar, médica experta de la agrupación Physicians for Human Rights e investigadora de la Universidad de Berkeley, California, “desde un punto de vista médico, estas armas no deberían ser usadas en manifestaciones. Disparan docenas, o a veces cientos, de pequeñas municiones al mismo tiempo. Al impactar en zonas delicadas de la cara y del cuello pueden causar heridas mortales, ceguera, contusión cerebral u otras discapacidades”. Desde el principio de las protestas se registran más de 2800 heridos, de los cuales 1180 por perdigones y más de 8000 detenidos.
De acuerdo con Andrés López Cabello, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y miembro de la misión de Observadores Internacionales de Derechos Humanos que visitó Chile del 6 al 11 de noviembre de 2019, “los tribunales de justicia no han estado a la altura para proteger a los manifestantes y controlar la violencia estatal. Con una actitud reactiva, se han limitado a la investigación de los abusos. No hay elementos reales de prevención ni de protección. Mientras tanto el gobierno solo reaccionó defendiendo a las fuerzas”.
Está por verse cómo evolucionan los hechos en Chile en relación a otro aspecto problemático de estas armas, la falta de control y rendición de cuentas. Por lo general, dado que estas armas son consideradas inocuas, no existen dispositivos o mecanismos de control y supervisión sobre su uso, y se debilitan así los procesos de rendición de cuentas en casos de usos inadecuados o excesivos.
Coincidentemente, mientras las protestas se desarrollaban en las calles de Santiago y otras ciudades chilenas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó la primer herramienta internacional sobre el tema, los Lineamientos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Armas Menos Letales en la aplicación de la ley. Aconsejan que en el contexto de protestas el uso de armas “menos letales” debería ser el último recurso, privilegiando tácticas de de-escalamiento de la violencia, para evitar el pánico y las corridas.
Los disparos apuntando a la cara y a los miembros superiores constituyen un uso ilegal del armamento.
Un signo alentador ha sido las reacciones de la comunidad médica en Chile, que tanto desde el Colegio Médico, como la Sociedad de Oftalmología hicieron llamados públicos a las autoridades sobre la forma en que se usaron las armas. Es tiempo de que las múltiples evidencias en la región lleven finalmente a terminar la naturalización del uso de estas armas de manera indiscriminada y como método de dispersión de manifestaciones.
El CELS, miembro de la red INCLO, y otras organizaciones sociales y expertos trabajamos hace años sobre el uso de armas “menos letales” en contexto de protesta social. En base a nuestras investigaciones y monitoreo, concluimos que las balas de goma y perdigones no son armas adecuadas para dispersar o utilizar en este contexto y por ello deberían ser prohibidas para este uso.
Publicado en Democracia Abierta