“Escándalo de espionaje” podemos leer en la cobertura periodística del último cambio de gabinete nacional, que incluyó acusaciones cruzadas sobre el uso político de información provista por los servicios de inteligencia. Estos no son meros chismes de palacio sino episodios que muestran en la superficie la continuidad de las antiguas prácticas de la inteligencia nacional y la pelea de algunos sectores de la exSIDE por recuperar la hegemonía que habían perdido en los últimos años.
El gobierno de Milei decidió continuar con la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. Es decir que el nombramiento de su responsable no requiere el acuerdo del Senado y por lo tanto no debe dar ninguna muestra de idoneidad, ni someterse al escrutinio público. En estos días, circula información sobre una reforma de todo el sistema de inteligencia que incluiría un esquema de ciberseguridad; no parece que vaya a haber una convocatoria a un debate previo. A su vez, hay iniciativas para reformar el sistema de defensa y seguridad para darle más funciones a las fuerzas armadas y rearticular la inteligencia militar. En paralelo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich profundiza su “guerra contra el terrorismo y la criminalidad organizada”, con la que justifica el patrullaje de las actividades en internet de cada unx de nosotrxs.
La expansión de la capacidad estatal de vigilar y acumular información sobre individuos, organizaciones y empresas se alimenta del secreto. Las supuestas amenazas a la seguridad se utilizan para que acciones como el seguimiento de personas, el monitoreo de sus comunicaciones, la investigación de sus cuentas bancarias o de sus vínculos sociales no estén sometidas al control. ¿Cómo se las lleva adelante? ¿Bajo qué normativa? ¿Con qué control judicial y político, con qué tecnología, con qué sistemas de almacenamiento, con qué mecanismos de prevención de filtraciones? Nada de esto puede saberse. Así es muy fácil realizar inteligencia con fines de persecución política, como quedó claro, por poner un solo ejemplo reciente, en el espionaje a lxs familiares de quienes murieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan. La oscuridad es deliberada porque así se protege el uso del aparato de inteligencia con fines de gobernabilidad política y no de defensa del interés nacional.
Este viernes 14 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos dará a conocer su sentencia en el caso AMIA. La intervención de la exSide y de la inteligencia de la Policía Federal, desde el momento de la explosión hasta el día de hoy, es uno de los factores que explican que aún no tengamos verdad y justicia. Treinta años después, los servicios de inteligencia no solo siguen operando si no que todo indica que mejorarán sus condiciones para hacerlo.
Texto enviado en la edición de junio de Posdata, el newsletter del CELS.