Hace un año, amplios sectores de la sociedad de Jujuy se movilizaron en contra de una reforma constitucional que tiene graves problemas de contenido y de procedimiento. Discutida en tiempo récord, sin participación de actores clave como las comunidades indígenas, la reforma parcial fue aprobada en junio de 2023. Entre otras cuestiones, la reforma ignora los derechos de los pueblos indígenas, remueve los controles hacia las empresas extractivas y criminaliza la protesta social. A partir de junio de 2023 y durante varios meses se sucedieron distintas formas de protesta (movilizaciones, bloqueos de rutas, asambleas) que fueron reprimidas con mucha violencia. Sobre quienes participaron de esas protestas (indígenas, trabajadores, ambientalistas) se desató una persecución política y judicial sistemática cuyas consecuencias sufren todavía hoy.
Entre el 21 y el 25 de agosto de 2023 ocho organizaciones internacionales de la sociedad civil realizaron una visita a Jujuy en la que dialogaron con integrantes de comunidades indígenas, referentes sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos, docentes, abogadas. También con distintos funcionarios provinciales del Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, el Ministerio Público de la Acusación y legisladoras provinciales. La comisión, coordinada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), estuvo integrada además por la fundación Pan Para el Mundo (Alemania), el Human Rights Law Centre (Australia), Observatorio Ciudadano (Chile), ProDESC (México), Dejusticia (Colombia), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Movement Law Lab.
El 17 de abril de 2024 se dio a conocer el informe final sobre la visita. Los hallazgos enfatizan que la reforma constitucional introdujo un “régimen de restricción permanente y desproporcionado del derecho a la protesta social” que criminaliza formas de protesta protegidas por el derecho internacional. Se documentaron también detenciones arbitrarias y graves lesiones físicas provocadas por el uso abusivo e indiscriminado de armas “menos letales”.
El grupo de organizaciones internacionales solicitan, entre otras cuestiones, que el Estado argentino cumpla con sus obligaciones internacionales en relación con el reconocimiento y protección de la propiedad colectiva de las tierras indígenas, y que el poder judicial examine a la luz de los estándares internacionales la probable inconstitucionalidad del proceso de reforma.
El informe completo puede leerse aquí.
Artículo de la primera edición de “Litio y derechos humanos en Argentina, Bolivia y Chile”, un espacio trimestral informativo y de análisis elaborado por el Observatorio Ciudadano de Chile, el Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES UMSA) de Bolivia y el CELS. El boletín completo se puede leer acá.