La semana pasada, un conjunto amplio de referentes políticos, sociales y académicos, junto con organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, firmamos un pronunciamiento reafirmando algunos principios básicos para la seguridad en democracia (www.contralaviolenciainstitucional.org). Entre otras cuestiones, señalamos la necesidad de mantener una clara separación entre el ámbito de la seguridad y el de la defensa, ante los intentos de algunos sectores de involucrar a las FFAA en tareas para las que no están preparadas, como, por ejemplo, la persecución del narcotráfico. Las experiencias internacionales muestran que la participación de militares no resuelve el problema, sino que crea otros bajo la forma del aumento de la violencia y las graves violaciones a los derechos humanos.
Chocobar. Otro de los puntos del pronunciamiento se refiere al deber del Estado de priorizar el derecho a la vida y, por lo tanto, de hacer cumplir las normas que regulan y limitan el uso de la fuerza letal por parte de los efectivos de las fuerzas de seguridad. Parece mentira que, luego de 35 años de gobiernos democráticos, haya que volver a colocar este punto en la discusión pública. Pero los mensajes que algunas autoridades políticas han emitido en los últimos meses lo tornan necesario.
Ante casos como los asesinatos de Rafael Nahuel en Río Negro, Pablo Kukoc en la Ciudad de Buenos Aires o el niño Facundo Ferreira en Tucumán, funcionarios de diversos signos políticos salieron rápidamente a respaldar lo actuado por los efectivos policiales involucrados, sin esperar a que las investigaciones avancen y se pueda establecer si actuaron o no conforme a la ley. Ni la ministra de Seguridad ni el propio presidente de la Nación dudaron en poner a Luis Chocobar, el policía local de Avellaneda que mató a Kukoc por la espalda, como ejemplo a seguir. Al mismo tiempo, el gobierno nacional presenta una concepción de la seguridad en la que las fuerzas policiales no deberían estar sometidas a la Justicia ni a la política, según las palabras de la propia Patricia Bullrich. Si se tomara esta concepción en serio, el ministerio que ella conduce no tendría razón de existir, ya que su misión es precisamente ejercer el control político de las fuerzas de seguridad.
Datos. Desde el gobierno nacional se intenta instalar la idea de que hasta ahora estaba vigente una “doctrina” que consideraba que los policías siempre eran culpables. En palabras de la ministra, “cada vez que un agente cumplía con su deber terminaba siendo el victimario y no la víctima”. Esta idea contradice la experiencia de todos quienes han sufrido la violencia policial, de los familiares y los militantes de derechos humanos, que conocen bien los altísimos niveles de impunidad con los que cuentan los policías que cometen abusos o asesinatos.
Para no quedarnos únicamente con esa percepción que viene de la experiencia inmediata, en el CELS hicimos un relevamiento con el objetivo de contrastar si esta “doctrina de la culpabilidad policial” se verifica en los hechos. A pesar de la inexistencia de estadísticas oficiales sobre este punto, conseguimos identificar una muestra de treinta hechos en los que efectivos policiales mataron a particulares, ocurridos en la ciudad de Buenos Aires entre 2014 y 2016, en los que resultaron muertas 33 personas. De los 38 efectivos policiales involucrados en esos hechos, 27 fueron absueltos, sobreseídos o su causa fue archivada; otros 7 se encuentran con sus causas aún en trámite, y solo 4 fueron condenados. Esto no implica en principio emitir un juicio de valor sobre esas resoluciones judiciales, ya que para poder hacerlo habría que revisar una por una cada causa, tarea que el CELS está realizando. Pero los resultados son más que elocuentes para demostrar que no existe una “doctrina” ni un complot para culpabilizar a los policías.
Fuera de servicio. El relevamiento mencionado forma parte de una investigación más amplia sobre letalidad policial, realizada en conjunto por el CELS, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) de La Plata, la Asociación Pensamiento Penal (APP) y las cátedras de Criminología de las universidades nacionales de Rosario y Mar del Plata (con el título “Muertes naturalizadas”, se puede consultar en www.cels.org.ar). La investigación confirma una tendencia de los últimos años: la mayor parte de las personas muertas por la policía caen víctimas de disparos efectuados por efectivos que están fuera de servicio. En 2017, en el AMBA eso ocurrió en el 66% de los hechos registrados. En un 95% de los casos de trató de varones, y en el 86% eran menores de 35 años.
Ahora bien, la letalidad policial debe ser estudiada en correlación con la mortalidad policial. Allí los datos indican que la mayor parte de los policías muertos de forma violenta también estaban fuera de servicio: en 2016, en el AMBA, fueron asesinados 9 policías en servicio y 28 que estaban fuera de servicio, y en 2017 los números fueron 14 y 25 respectivamente. Es decir, los policías matan y mueren en proporción mucho mayor cuando no están en servicio y circulan con el arma o la tienen en sus casas. De este modo, los efectivos intervienen como victimarios y/o como víctimas en interacciones violentas que el Estado intensifica al poner en circulación gran cantidad de armas que son portadas y utilizadas por los policías fuera de servicio. Un caso reciente ilustra este punto: la semana pasada, un efectivo de la Policía Federal que estaba trabajando como chofer de Uber mató de un tiro a un joven de 15 años que supuestamente quiso asaltarlo en Villa Soldati. Más allá de que el caso está siendo investigado, lo que debería discutirse es si un policía, fuera de su horario de servicio, puede circular en un automóvil de alquiler y transportar pasajeros y, al mismo tiempo, estar portando un arma cargada provista por el Estado.
Violencia intrafamiliar. Otros dos puntos relevantes surgen de la investigación sobre letalidad policial y están relacionados con el uso del arma fuera de servicio. En primer lugar, lo que se podría denominar exportación de violencia desde la CABA hacia el Conurbano. Los datos del CELS muestran que los policías que actúan en la ciudad de Buenos Aires, es decir, que formaban parte de la Policía Federal y de la Metropolitana hasta fines de 2016 y que desde entonces conforman la Policía de la Ciudad, matan mucho más en el Conurbano que en la ciudad donde prestan servicio. Entre enero de 2017 y abril de 2018, efectivos de la Policía de la Ciudad mataron a 13 personas en CABA y a 24 en el Conurbano, es decir, donde presumiblemente viven y por donde se trasladan cuando no están en servicio. La otra cuestión importante es que si bien, como se dijo, la mayor parte de las víctimas de la letalidad policial son varones, se reiteran casos de femicidios protagonizados por efectivos policiales haciendo uso de su arma reglamentaria. Entre 2016 y 2017 registramos al menos diez casos de varones policías que asesinaron a sus parejas, y en seis de esos casos la víctima también era policía.
La letalidad policial constituye un problema que debe ser abordado por las autoridades sin instalar fantasías, como la supuesta existencia de una “doctrina” que busca culpabilizar a policías que cumplen con su deber. Esas mentiras confunden a la opinión pública y ensucian el debate. El Estado no puede renunciar al control y la regulación del uso de la fuerza policial. En una sociedad democrática, una policía que mata menos es una policía más eficaz, porque la protección de la vida es el primer deber del Estado. Por el contrario, encubrir o promover las acciones ilegales de las fuerzas de seguridad no contribuye en nada a mejorarlas y volverlas más profesionales.
*Publicado en Perfil.