El poder ejecutivo reformó la estructura del sistema de inteligencia a través del DNU 614/2024, decisión que no fue discutida aún en el Congreso de la Nación. Entre las reformas, amplió el poder estatal de vigilancia digital permitiendo actividades que estaban vedadas y que estarán a cargo de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC).
En la nueva arquitectura jurídica la vigilancia masiva parece legal: alcanza con que sea orientada a recabar “información relevante” para la “consecución de los intereses estratégicos” del país. Basta este criterio difuso para que conversaciones telefónicas, correos electrónicos y chats puedan ser capturados, analizados y conservados.
Al mismo tiempo, el incremento del presupuesto para el sistema de inteligencia permite pensar que, además de adecuar el marco normativo, se está adecuando la infraestructura para estos nuevos objetivos. En simultáneo, la reforma no estableció mecanismos de control para este tipo de actividades. El horizonte es, entonces, más vigilancia y más secreto.
El DNU también rehabilitó que los organismos de inteligencia sean auxiliares del poder judicial “en tareas de su especialidad”, a pedido del juez competente. Y facultó a que informen si en el ejercicio de sus funciones recogen información relevante para una investigación judicial. Esta participación de los servicios de inteligencia en la investigación penal fue prohibida en nuestro país luego de experiencias tan lamentables como el fracaso de la investigación del atentado a la AMIA y las infinitas operaciones políticas y mediáticas derivadas de causas judiciales.
Así las cosas, mientras otras funciones del Estado son “ajustadas” y las reformas normativas debilitan los controles para llevar la capacidad estatal a un mínima expresión, en este caso apuestan a un Estado fuerte, más opaco, con más capacidad de vigilancia y menos posibilidades ciudadanas de acceder a la información y monitorear sus actividades.
Con la expectativa de que se discutan judicial y políticamente estas habilitaciones, presentamos un pedido de inconstitucionalidad de la reforma del sistema de inteligencia.
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