Licencia para espiar

Paula Litvachky advierte sobre el “bajísimo nivel de control judicial -que en algunos casos es directamente una habilitación- de las actividades de inteligencia orientadas a tener información sobre la actividad política o social de organizaciones, referentes o familiares”. Considera a esas interferencias “una limitación de la vida democrática”.

  

Cómo llevar a juicio al último fusilador impune

El ex marino Roberto Guillermo Bravo fue condenado por un jurado popular en Estados Unidos a pagar una indemnización de USD 27 millones a los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew, el fusilamiento de militantes de Montoneros, FAR y ERP que intentaron fugarse del Penal de Rawson en agosto de 1972. Qué significó este juicio.

  

Hay que garantizar un piso de derechos para inquilines

El mercado de alquileres no es un mercado cualquiera. En su lógica de funcionamiento, se pone en juego quién puede y quién no puede acceder a una vivienda. Se decreta el “fracaso” de la Ley de Alquileres. Pero, lejos de ser así, generó un marco de protección mínimo.

  

Juicio Contraofensiva y la deuda de juzgar a la estructura de inteligencia

Después de dos años de audiencias, terminó el juicio con condenas a prisión perpetua para cinco de los seis imputados que llegaron al veredicto. Fue un importante y conmovedor. En especial, logró avanzar sobre un gran pendiente: la reconstrucción, por lo menos en parte, de la estructura de inteligencia del terrorismo de Estado y su intervención en el plan de exterminio.

  

Los derechos humanos no son, lamentablemente, de todos

Postular que las organizaciones de derechos humanos deben ser neutrales es pretender sacarlas de la lucha política, es decir del lugar donde la realidad adquiere sus formas. Es con más política, no con menos, que los derechos de todes pueden no solo respetarse sino realizarse.

  

Los riesgos de las “políticas antiterroristas”

La creación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento oculta el nulo avance de la investigación del atentado a la AMIA. El incumplimiento del Estado de los compromisos ante la CIDH habilita a este organismo a enviar el caso AMIA ante la Corte Interamericana. El alineamiento argentino con la política de Estados Unidos e Israel puede tener graves efectos para el país.

  

La ONU pide que el acuerdo con el FMI no recorte derechos sociales

Mientras el FMI procura que las cuentas fiscales “cierren” para garantizar el pago a los acreedores de la deuda, el Comité DESC de Naciones Unidas evalúa si el Estado argentino garantiza los fondos para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales que están contemplados en un Pacto que en nuestro país tiene rango constitucional.