Mientras elaboramos esta agenda mensual sobre temas de derechos humanos, el acceso a la salud y a la educación superior están en el centro de las preocupaciones sociales. Se cumplen diez meses de la asunción del gobierno, y la política de desfinanciamiento de las funciones sociales del Estado amenaza las infraestructuras necesarias para garantizar los derechos más básicos.
En materia de salud, al ajuste orientado por el mantra del “déficit cero” se agregan las decisiones que “liberan” el funcionamiento del mercado. Así, las empresas de medicina prepaga y las farmacéuticas aumentaron los precios de manera desmedida, en el último caso muy por encima de la inflación general. En un contexto de empobrecimiento agudo de la población, el cuidado de la salud se está convirtiendo en un bien de lujo.
Para llamar la atención sobre este cuadro general elaboramos el informe Salud en agonía, en el que sistematizamos datos sobre el acceso a la salud en el país y recuperamos experiencias de personas que se acercaron este año a la Clínica jurídica del CELS buscando asistencia para acceder a servicios de salud indispensables.
El anuncio del Ministerio de Salud de que cerraría el Hospital Nacional Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones, generó una amplia movilización social. En los últimos días, el gobierno afirmó que no se trata de un cierre sino de una “reestructuración”. Al mismo tiempo la viceministra de Salud afirmó que “el hospital es inviable”.
Según el tercer informe de La cocina de los cuidados, producto de un relevamiento nacional de 1730 casos, el 65% de las familias de la Argentina hizo recortes en su alimentación en el último año. Los impactos del empobrecimiento social como política de Estado se sentirán durante mucho tiempo.
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