El nombramiento por decreto y en comisión de dos integrantes de la Corte Suprema –uno de los cuales está en funciones– reaviva la pregunta por cuál es el rol del Poder Judicial en general y, en particular, sobre cuál debe ser su papel en momentos, como el actual, en el que el Poder Ejecutivo juega al límite con las reglas establecidas en la Constitución Nacional, con algunas decisiones que están en el borde y otras que ya lo traspasaron.
El Poder Judicial llega a este momento con un acumulado que no favorece una intervención capaz de cumplir un rol de garantía y resguardo institucional: sus estructuras superiores llevan muchos años más concentradas en las dinámicas de acumulación de poder propio –en la rosca, para decirlo más claro– que en el aporte que podrían realizar para garantizar la vigencia de los derechos y la vida democrática en el país.
La trayectoria de la discusión sobre el mega DNU 70 de diciembre de 2023, las facultades delegadas y la innumerable cantidad de veces que el poder ejecutivo modificó leyes excediendo sus facultades de reglamentación muestran una acción muy limitada, autoimpuesta por el propio Poder Judicial. Que le hayan tomado juramento a Manuel García-Mansilla, legitimando la maniobra presidencial, es ejemplo de este diagnóstico.
Al mismo tiempo, se consolida un proceso de ampliación y endurecimiento de los aparatos de seguridad e inteligencia que también nos aleja de la vigencia de las garantías y los derechos civiles y políticos.
Este endurecimiento adquiere, además, la característica de focalizarse tanto en los sectores sociales más empobrecidos como en los grupos que se organizan políticamente y quienes protestan, como quedó claro el miércoles pasado.
La ley propagandizada como “antimafia” agravó la figura de la asociación ilícita y creó una zona de excepción para debilitar las garantías constitucionales. Está clarísimo que estas figuras se aplicarán a quienes viven en los barrios populares y que lo intentarán usar contra quienes se organicen para reclamar. Las leyes de reiterancia y reincidencia llevarán al encarcelamiento de más personas, que provendrán de los mismos sectores sociales empobrecidos. Simultáneamente, el Poder Ejecutivo nacional (al igual que varios ejecutivos provinciales) no pierde oportunidad de limitar las manifestaciones públicas con modificaciones regulatorias y amenazas a quienes deciden protestar. Más allá de algunos funcionarios que aparecen como excepciones, el Poder Judicial en su conjunto no reacciona ni pretende hacer valer su rol de protección en este escenario.
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