Este fin de año es también el primer aniversario del experimento de gobierno ultralibertario. Como organización de defensa de los derechos humanos, en estos meses nos preguntamos más de una vez en qué medida la democracia está amenazada en nuestro país.
Nos enfrentamos a un proyecto político que asumió democráticamente, sostenido por un apoyo social importante. Al mismo tiempo, encontramos formas de ejercicio del poder que ponen en crisis aspectos nodales para el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Durante el año, se profundizó el intento de disciplinamiento social, a través de la represión de las protestas y la criminalización de manifestantes y de quienes organizan movilizaciones. Las calles vacías son promocionadas por el gobierno como uno de sus logros. Simultáneamente, las organizaciones sociales fueron estigmatizadas, perseguidas y criminalizadas. Hoy, tomar la decisión de salir a protestar es más difícil porque el gobierno convirtió en peligrosos los espacios de manifestación. La reiterada represión a las y los jubilados es expresiva de este afán.
La ampliación de las capacidades estatales de inteligencia y vigilancia acompañan este proceso de endurecimiento de la faz represiva del Estado. Un retórica repetida una y otra vez sobre el terrorismo como una amenaza interna y externa viene funcionando como justificación del incremento del control y del debilitamiento de las garantías.
Sobre el final del año, el gobierno dio un paso más en su reivindicación de las Fuerzas Armadas, asociada a una idea de endurecimiento, habilitándolas por decreto a intervenir en tareas de seguridad frente a amenazas externas no estatales y para la protección de indefinidos “objetivos de valor estratégico”. Así, el militarismo simbólico se acopló con la decisión de tener una herramienta concreta a mano.
En el plano de las decisiones de gobierno, el Poder Ejecutivo mostró su capacidad de cambiar las reglas del sistema institucional a través de decretos y reglamentaciones. Con el cheque en blanco que le otorgaron las facultades delegadas, avanza en modificar infraestructuras normativas sin mayor debate político y social.
Frente a posibles escenarios de mayor conflictividad social por el empeoramiento de las condiciones de vida o de mayor confrontación política por la consolidación de núcleos opositores al gobierno, ¿estas restricciones a la vida democrática se profundizarán? La pregunta está abierta, en las puertas de un año electoral.
En esta edición, compartimos una síntesis del trabajo que desplegamos durante este 2024. Gracias por el apoyo que nos dieron para realizarlo. Con el deseo de un buen comienzo de Año Nuevo, las y los invitamos a mantenernos en contacto en el 2025.
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