Hace diez años, el Estado argentino se comprometió a reformar la Ley de Inteligencia Nacional. Fue después de que Memoria Activa, representada por el CELS, demandó a la Argentina por privación de justicia en el caso del atentado contra la AMIA. Ese compromiso sigue pendiente. En estos días, el tema volvió a quedar en lo más alto de la agenda pública a partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman y del rol de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) en la investigación del atentado y las maniobras de encubrimiento.
Pero no se trata únicamente de cambiar las leyes sino sobre todo de cambiar la forma en que la política y la Justicia se relacionan con las áreas de inteligencia del Estado. Desde hace tiempo, se viene llamando la atención sobre los vínculos y pactos de gobernabilidad que se realizan con esta estructura. Hay que pensar otro modelo de agencia y para eso la actual Ley de Inteligencia Nacional es deficiente. Sancionada en 2001, fue importante para reafirmar la decisión de no militarizar la seguridad interior e impedir que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de inteligencia nacional. Sin embargo, la ley se quedó a mitad de camino. La ex SIDE ganó peso político y se quedó con la centralidad del esquema de inteligencia y el monopolio de, por ejemplo, las intervenciones telefónicas. Fue deficiente la regulación de los controles del propio Poder Ejecutivo, del parlamentario, y tampoco previó instancias de control de la sociedad. Igualmente cierto es que muchos de estos problemas se podrían haber saldado con la voluntad del sistema político de poner en marcha acciones de contralor, como la Comisión Bicameral del Congreso Nacional. Respecto del funcionamiento de la SIDE durante la dictadura militar, poco se sabe sobre si siguen en funciones personas vinculadas a esos tiempos. Se necesita la apertura de esos archivos.
Hay cuatro núcleos ineludibles en los que avanzar. En primer lugar, la regulación del manejo de los fondos destinados a la actividad de inteligencia y la rendición de cuentas de aquellos que son reservados. Luego, y para limitar la posibilidad de autonomización, establecer instancias de control político, parlamentario y de la sociedad civil. El tercer punto es la regulación del manejo de la información de estas agencias. De qué modo se clasifica y cómo se desclasifica. Si la actividad que realizan tiene carácter secreto –en general–, hay formas de regular el alcance de este secreto. Algunos países, por ejemplo, luego de una cierta cantidad de años, desclasifican los archivos de inteligencia y esta operación no depende de lo que decida un responsable político. ¿Quién puede acceder a ese material? Es importante generar reglas que permitan que el sistema judicial o la instancia de control parlamentario puedan contar con esa información en el marco de investigaciones. Se trata de generar las herramientas que den capacidad de gobierno y control político sobre este tipo de estructuras.
Por último, no se puede dejar de lado la relación espuria que algunos sectores de la Justicia federal fueron consolidando con la Secretaría de Inteligencia alimentada por la intervención que el poder político les permitió en la designación de funcionarios. La colonización de sectores del Poder Judicial es de largo aliento y muy preocupante. En algunas causas judiciales, como en la de la AMIA, se los vio cometiendo delitos (el pago a Telleldín, por ejemplo) o manejando la investigación. Cuando se habla de independencia y autonomía del sistema de justicia, este punto debe ser central en el debate. Muchas de las reacciones de la Justicia federal de la Capital, bajo el ropaje de afectación a esos valores, fueron respuesta a la posibilidad de que se afectaran estos vínculos, que por suerte hoy son mucho más explícitos.
El caso AMIA, con toda su tragedia, hizo visibles estos problemas de una agencia autonomizada con gran influencia sobre la política y su judicialización. Y nos permitió ver también las consecuencias de no haber avanzado en una transformación profunda de este esquema: hoy aparecen en el centro de la escena del sistema político argentino.
*Publicada en diario Perfil.