El Comité DESC en su última evaluación a la Argentina en el año 2011 expresó su preocupación por el elevado porcentaje de mortalidad materna, las disparidades entre provincias y el impacto del aborto inseguro como causa de la mortalidad materna. En ese sentido le recomendó al Estado garantizar el acceso a los abortos legales y asegurar el acceso a las prestaciones, suministros y tecnologías para disminuir los riesgos pre y post aborto. Las recomendaciones del Comité siguen vigentes y en estos días la Argentina será nuevamente evaluada.
Durante 2018 se debatió la legalización del aborto en el Poder Legislativo Nacional. Este debate comenzó en marzo en la Cámara de Diputados, con la presentación de un proyecto de ley elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro Y Gratuito, que contó con las firmas de más de 70 parlamentarias/os de todos los partidos políticos. Durante más de dos meses se realizaron reuniones informativas para alimentar el debate parlamentario y el 14 de junio la cámara baja aprobó un proyecto de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El proyecto, que contaba con un fuerte apoyo social, proponía modificar la regulación del aborto en Argentina dejando atrás el modelo de causales vigente desde 1921 para pasar a un modelo de regulación mixto de plazos y causales. Así, reconocía el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente sus embarazos hasta la semana catorce inclusive sin tener que explicitar las razones para tal decisión. Superado este plazo, la interrupción voluntaria podía llevarse a cabo en casos de riesgo para la vida o la salud de la mujer, en casos de embarazo producto de violación (tal como ya lo establece el Código Penal) y en caso de diagnóstico de inviabilidad fetal extrauterina. Lamentablemente, el 9 de agosto el Senado de la Nación rechazó el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados.
Luego del rechazo al proyecto, se identificaron retrocesos en torno a la garantía de acceso a los abortos legales. Así, se acrecentaron barreras formales e informales para las mujeres que solicitan la práctica a partir de las causales vigentes. Además, desde la sociedad civil, grupos de oposición a los derechos humanos de las mujeres intentaron impedir la realización de abortos legales y denunciaron a los profesionales que los realizaron. Por último, grupos que hicieron incidencia para el rechazo del proyecto de ley de legalización de la IVE han lanzado un partido político y se han iniciado campañas en contra de la Educación Sexual Integral.
A nivel nacional, el Poder Ejecutivo modificó la estructura ministerial mediante el decreto 801/2018, del 5 de septiembre. El Ministerio de Salud de la Nación quedó bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Así, no sólo pierde jerarquía si no también áreas de acción, dado que sus atribuciones quedan reducidas de 45 a una sola, que engloba cuestiones sanitarias. Al desconocerse los alcances que tendrá la reestructuración, los impactos que tendrá esta modificación en materia de acceso a la salud en todo el territorio nacional no son aún medibles. Sin embargo, la decisión resulta sumamente alarmante en lo que atiene a la capacidad el Estado para garantizar el acceso al derecho a la salud y, en particular, a las prácticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva. A los fines de evaluar esta capacidad deberá tenerse presente, tal como notó el Comité hace 7 años, las disparidades en el acceso en las distintas regiones del país y el rol que en ese contexto juega el Ministerio de Salud de la Nación como órgano regulador y federalizador de las prestaciones.
Este documento fue elaborado por Abogados Y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Asociación Católicas por el Derecho a Decidir ‐ Argentina (CDD), Asociación Lola Mora, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de la Mujer (CEDEM), Centro Intercambio y Servicios Cono Sur Córdoba (CISCSA), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM ‐ Argentina), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Instituto de Genero, Derecho y Desarrollo (INSGENAR), Lesbianas y Feministas por la descriminalización del aborto, Mujeres por Mujeres, Mujeres Autoconvocadas de Trelew, Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN).
