La igualdad de derecho institucionalmente reconocida a todos los ciudadanos no implica por sí sola y para los sectores subalternos especialmente -como es el caso de los habitantes de villas-, su goce. La igualdad formal se ve seriamente cuestionada al enfrentarse con un sistema de distribución injusto y pautas culturales discriminatorias. Sin embargo, en tanto el Estado democrático garantice la vigencia de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, otorga legitimidad a las demandas por el acceso a derechos fundamentales. Es el histórico reclamo de estos derechos ciudadanos el eje de las luchas y demandas de las organizaciones barriales y villeras. Más importantes aún ante la escasa presencia de políticas públicas destinadas a planificar concreta y eficazmente el problema de la vivienda y los servicios colectivos.
Con la democracia instaurada en 1983, la organización de la población villera ha ido en notable aumento. Sin embargo la vulnerabilidad de este sector social continúa siendo preocupante. Ese fue el móvil fundamental para la instrumentación en el CELS del Programa de Apoyo Jurídico Popular, sobre el que contamos en este folleto un año de trabajo, desde julio de 1989 al mismo mes de 1990.
Índice
1
Introducción
2
Procesos de victimización de los pobladores de villas y barrios de emergencia
3
Recursos Humanos y forma de trabajo del Programa, de Apoyo Jurídico Popular
4
El trabajo con el Movimiento de Villas y Barrios Carenciados de la Capital Federal
5
El trabajo institucional con los organismos del Estado: el problema de la tenencia de las tierras
6
El trabajo en el barrio
7
El trabajo de Apoyo Jurídico Popular: tipo de consultas atendidas
8
Programa de Apoyo Jurídico Popular – CELS- Córdoba
