Desde comienzos de 2016 el Gobierno Nacional tomó decisiones y emitió claros mensajes intimidatorios hacia las personas involucradas en protestas y otras formas de conflictividad social, en un contexto en el cual esta conflictividad viene en aumento debido a una serie de medidas económicas y sociales de carácter regresivo. Muchas intervenciones del Poder Judicial, tanto federal como de las provincias, también se alinearon con esta política intimidatoria que tiene como efecto concreto la limitación del ejercicio del derecho a la protesta. También gobiernos provinciales o locales recurrieron a la intimidación, la represión y la criminalización como forma de resolver conflictos sociales. Entre varios hechos, se destacan:
• La criminalización de la dirigente Milagro Sala y de su agrupación, la Organización Barrial Túpac Amaru, en la provincia de Jujuy
• Reiteradas represiones violentas a trabajadores de ingenios azucareros en la provincia de Salta y Jujuy, que esta comisión ya escuchó en marzo de 2017, pero que se siguieron sucediendo durante todo el año
• El desalojo violento de los docentes que, como modo de reclamo salarial, intentaban instalar una Escuela Itinerante en la plaza frente al Congreso Nacional en la Ciudad de Buenos Aires
• Reiterados episodios de represión policial violenta a indígenas wichi en las provincias de Chaco y Formosa
• Graves episodios de represión a distintas comunidades mapuches en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén. En el contexto de estas represiones murieron los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel
• Represión y detención de quince mujeres y cinco hombres luego de la movilización por el Paro Internacional de Mujeres, el 8 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires
• Represión a un grupo de manifestantes de movimientos sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires
• La represión posterior a la movilización en demanda de la aparición con vida de Santiago Maldonado, en la Ciudad de Buenos Aires
• Represión policial violenta y detención de decenas de manifestantes en las movilizaciones contra la reforma previsional, en la Ciudad de Buenos Aires
En este informe presentamos los aspectos de esta escalada que consideramos más problemáticos: el uso irracional de la fuerza policial en operativos violentos y desproporcionados; otras prácticas policiales irregulares o ilegales; la ausencia de control judicial sobre la actuación judicial; la judicialización de manifestantes; el uso de tipos penales graves a los que se recurre de manera arbitraria y fuera de precedentes; y la invención de un fenómeno terrorista para justificar intervenciones violentas en disputas por la tierra. A estos puntos se suma la ausencia de dispositivos para la negociación tanto de las demandas de fondo como de las características de la protesta.
