Este informe sobre la escalada represiva contra la protesta social en nuestro país fue actualizado y enviado al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en seguimiento a la audiencia pública realizada ante la CIDH el 1 de marzo de 2018. También fue remitido al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas.
El documento remarca los aspectos más problemáticos de esta escalada represiva que se ha profundizado durante 2018: el uso irracional de la fuerza policial en operativos violentos y desproporcionados; otras prácticas policiales irregulares o ilegales; la judicialización de manifestantes; el uso de tipos penales graves a los que se recurre de manera arbitraria y fuera de precedentes; la invención de un fenómeno terrorista para justificar intervenciones violentas en disputas por la tierra; y la estigmatización y criminalización de personas migrantes utilizadas como chivo expiatorio.
Las situaciones detalladas en el informe reflejan cómo confluyen acciones desplegadas por agencias de los poderes ejecutivos y del sistema judicial en perjuicio de manifestantes y organizaciones sociales. Se afecta así de manera negativa sus actividades, su capacidad para reclamar y la posibilidad de ejercer el derecho a la protesta.
*Actualización: marzo 2019.
