La declaración es un documento acordado por los estados parte de las Naciones Unidas, en el que reconocen derechos y se comprometen a respetarlos, promoverlos y garantizarlos. Esta, en particular, es producto de años de trabajo y debate, y reconoce por primera vez al campesinado y su rol en la lucha contra el hambre y la protección de la naturaleza.
A principios de 2000, el movimiento campesino comenzó un trabajo de sensibilización e incidencia con la presentación de numerosos casos de discriminación y violación de los derechos humanos por la consolidación del agronegocio y el extractivismo de las empresas trasnacionales a escala global, lo que incluía desalojos y desplazamientos forzosos de sus tierras, la apropiación de las semillas, la pérdida de la biodiversidad, la tala indiscriminada de los bosques, la apropiación del agua. En 2008, La Vía Campesina aprobó la Carta de los Derechos de las Campesinas y los Campesinos y comenzó el proceso en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 2012, el gobierno de Bolivia asumió el desafío de presentar el proyecto de la actual declaración en el Consejo y se aprobó una resolución que dio inicio al proceso formal y a la creación un Grupo de Trabajo (GT).
La Declaración fue adoptada por la Asamblea General en diciembre de 2018.
