Tratar a la migración como un problema de seguridad genera violaciones sistémicas a los derechos humanos. Y no funciona. Cada vez más personas emigran en todo el mundo a pesar de correr riesgo de muerte, ya sea cruzando el Mar Mediterráneo o a lo largo del corredor Centroamérica-México-Estados Unidos. Las políticas restrictivas criminalizan y estigmatizan a los migrantes, exponiéndolos a la trata de personas, a la explotación laboral, a la detención y a ser separados de sus familias.
El CELS ha luchado desde los años noventa para situar a los derechos humanos en el centro de las políticas migratorias; una hazaña que se logró en la Argentina. Creemos que este modelo alternativo debe priorizar la regularización, lo que significa que el Estado garantice que los migrantes puedan obtener fácilmente la documentación nacional que es esencial para el pleno ejercicio de sus derechos. Este marco también debe garantizar el debido proceso en todos los procedimientos, el acceso a la justicia y a los defensores públicos, y prohibir la detención por infracciones migratorias.
Guiados por esta visión, hemos trabajado para influir en las políticas públicas, mejorar los estándares y cambiar los términos del debate a nivel regional e internacional. Se han logrado algunos avances, pero siguen ignorándose numerosos problemas sustanciales. Y en los países donde los políticos están impulsando el sentimiento anti migrante hoy en día –la Argentina incluida–, el escenario es desalentador.
