En el campo jurídico, la negación más radical del derecho a decidir fue efectuado a partir del surgimiento de categorías tales como demente, insano, alienado o incapaz. En los últimos 50 años, el movimiento de personas con discapacidad, el movimiento de vida independiente, asociaciones de usuarios de servicios de salud mental y los llamados estudios críticos de la discapacidad:
• Reclamaron el derecho de las personas con discapacidad a la autonomía personal y a tener pleno control sobre sus vidas.
• Impulsaron cambios normativos.
• Realizaron propuestas concretas para dejar atrás los viejos modelos de sustitución de la voluntad, y reivindicaron el derecho a la dignidad del riesgo.
Sin embargo, las reformas normativas alcanzadas se estancaron en una retórica de los derechos humanos y no fueron suficientes para hacer efectivo el derecho a decidir.
Nos proponemos en este trabajo realizar un abordaje de los apoyos en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su necesaria vinculación con los procesos de determinación de capacidad jurídica.
