El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el Caso de Fernando Carrera puso fin a casi doce años de injusticia, pero al mismo tiempo reconoció una serie de problemas estructurales en el funcionamiento de las policías y el Poder Judicial.
Las causas armadas son causas penales en las que la policía inventa un delito o le atribuye un delito a una persona que no participó en el hecho. En muchos casos se manipulan o fraguan pruebas. Estas prácticas persisten o incluso pueden haber aumentado si tenemos en cuenta la cantidad de denuncias que los organismos estatales, organizaciones sociales y de derechos humanos recibimos en los últimos años.
A lo largo de nuestro relevamiento vimos que muchas “causas armadas” tenían como objetivo dar una respuesta rápida ante casos perturbadores en los que la opinión pública y las autoridades presionan por un esclarecimiento inmediato. En esos hechos la policía recurre a jóvenes que ya tiene identificados y que en ocasiones tuvieron conflictos con el sistema penal, y los presenta como los responsables a partir de pruebas dudosas.
El débil control político y la convalidación judicial de las actuaciones policiales son los factores que incentivan el fraguado de hechos y la invención o manipulación de pruebas por parte de los efectivos.
