Alquilar es cada vez más habitual en las grandes ciudades argentinas y en particular en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta forma de acceder a la vivienda se aceleró en los últimos años, con el encarecimiento del suelo urbano y la escasez de crédito hipotecario, entre otros factores. Las condiciones de alquiler en el principal aglomerado urbano del país empeoraron en casi todos los aspectos y la situación económica de esta población se vuelve cada vez más frágil.
Este relevamiento que hicimos junto a ACIJ, IDAES, CEUR Conicet y el Instituto de Geografía de la UBA continúa la serie comenzada en 2020. Registra el deterioro en la calidad de vida de quienes alquilan y provee datos estadísticos a seis meses de la derogación de la ley que los regulaba.
Los resultados muestran que antes de la derogación la mitad de los contratos ya no respetaban la ley vigente. Tras la derogación, las condiciones empeoraron aún más. Los contratos disminuyeron, se redujo su duración y aumentó la frecuencia de actualización de los precios. Por otro lado, la encuesta muestra una situación económica cada vez más precaria: el 62% de los hogares inquilinos declara ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Mientras que en otras ciudades del mundo se aplican medidas que protegen a la parte más débil de la relación, el actual gobierno nacional dispuso una radical desregulación del mercado de alquileres y, como gestiones anteriores, omitió toda política en beneficio de la población inquilina. Esto, según los datos relevados, repercute en la previsibilidad que debería contar un sector cada vez más numeroso y que tiene más dificultades para acceder a una vivienda digna.
Foto de portada: Movida Colectiva.