En este informe elaborado por el CELS se da cuenta de los avances, falencias y omisiones del Estado argentino sobre sus obligaciones con la Convención. En especial, se señalan los desafíos y los obstáculos encontrados en su obligación de investigar todos los casos de desaparición forzada. Uno de ellos es central: la democratización de las fuerzas de seguridad, garantizar su gobierno político y trabajar en una reforma de sus normativas y de sus prácticas más violentas, concentradas generalmente en los sectores sociales más excluidos. También, lograr un cambio profundo de los sistemas de justicia, en algunos casos cómplices, pero en la mayoría con un acercamiento burocrático e indiferente ante estos casos, y romper las lógicas de impunidad imperantes.
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