El derecho a la protesta social está amenazado. En la actualidad, distintos gobiernos despliegan acciones para impedir que las personas usen el espacio público y la esfera digital para plantear sus demandas. En América Latina, la represión, la criminalización y la estigmatización son las herramientas principales para la persecución de quienes se manifiestan. Son acciones que provocan un daño directo sobre personas específicas, al mismo tiempo que buscan deslegitimar, generar temor y desincentivar la participación política. En definitiva, el objetivo es acallar la discusión pública, tal como se analiza sobre la Argentina en Silenciar a través del miedo, informe realizado por el CELS en 2024.
Sin embargo, las restricciones al ejercicio de la protesta social no afectan a todas las personas de la misma manera. Las violencias contra mujeres y personas LGBTIQ+ que se manifiestan adquieren modalidades específicas según los distintos escenarios en los que ocurren. Según está documentado en el informe El derecho a la protesta. La necesidad de un abordaje interseccional y transfeminista, en América Latina esto puede incluir estigmatización por su identidad de género o el rol que se considera deberían ocupar en la sociedad; agresión verbal, física y sexual; criminalización con uso indebido del derecho penal y limitaciones legales al ejercicio del derecho de protesta.
Estas situaciones no pueden analizarse sólo por la categoría de género. Se agudizan cuando existen interseccionalidades que involucran a mujeres o personas LGBTIQ+, negras, marronas, afrodescendientes, migrantes, con discapacidades, campesinas, de pueblos indígenas, que viven en zonas rurales y/o barrios populares en condiciones de pobreza. Así, las violencias diferenciadas son consecuencia de la desigualdad histórica y estructural que caracteriza las relaciones de poder y la discriminación contra esos grupos sociales.
Los mecanismos internacionales y regionales de protección profundizaron los estándares que protegen los derechos a la reunión, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Advirtieron la necesidad de acciones específicas respecto de ciertos grupos en situación de mayor riesgo, como las mujeres y personas LGBTIQ+.
Este informe analiza esos instrumentos bajo una perspectiva interseccional para entender cómo operan las opresiones en distintos contextos y comunidades y, especialmente, cómo se implementan esos mecanismos. Busca ser un aporte para el desarrollo de estándares internacionales que permitan reconocer y poner en pie de igualdad los derechos de todas las personas a usar el espacio público y digital para expresar sus demandas.
Contenido
1. Introducción. La interseccionalidad en el derecho a la protesta
2. Por qué la perspectiva interseccional
3. Los estándares sobre el derecho a la protesta: un mapa de exploración
4. Revisión de los estándares y oportunidades para la aplicación de la interseccionalidad
5. Recomendaciones. Aportes para una nueva interpretación de los estándares de protección del derecho a la protesta desde la mirada interseccional
