Nos propusimos construir información actualizada sobre la magnitud y las características que presenta la persecución penal de los abortos y los eventos obstétricos. El relevamiento abarca dos tipos de situaciones muy distintas: en primer lugar, se relevaron los procesos penales iniciados por abortos propios, es decir, interrupciones voluntarias de sus embarazos. En segundo lugar, se relevaron procesos penales en los cuales la muerte de “un/a recién nacido/a” en los momentos inmediatamente posteriores al parto -prematuro, espontáneo, a término- es atribuida a la conducta de la gestante. La investigación de estos dos tipos de hechos tiene fundamento en la relación que podemos establecer entre ellos, en la medida en que su criminalización aparece determinada por la ilegalidad del aborto en la Argentina (por fuera de las causales establecidas en la ley), el estigma y el alcance de su extensa sombra punitiva.
Nuestra pregunta sobre cómo opera la criminalización del aborto no se restringió a las causas caratuladas con esa figura penal que es lo que el Poder Judicial reconoce como persecución en esos casos, sino a lo que reconstruimos de las lógicas reales de criminalización que avanzan con otras figuras penales y sobre otros hechos vinculados con la gestación, pero que no siempre son abortos propios. En otras palabras, el universo de mujeres criminalizadas por la noción de que el aborto es un delito es más amplio que el conjunto de casos etiquetados judicialmente con la figura penal de aborto.
Esta investigación tiene dos fuentes de datos. A partir de un corpus de notas de prensa de más de 50 medios nacionales pudimos hacer un análisis cualitativo sobre quiénes son las personas criminalizadas -en general mujeres cis, pobres, con hijes- y qué características tienen los procesos. A partir de las respuestas a pedidos oficiales de acceso a la información pública pudimos reponer cuantitativamente los datos de la criminalización.
Los datos de Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Jujuy, San Luis, La Pampa y la Justicia Nacional que tiene a cargo estas causas en el territorio de la CABA suman 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos.
La mayoría de las mujeres criminalizadas pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. Son menores de 30 años y muchas tienen une o más hijes.
En el proceso penal que se llevó adelante contra ellas, la mayoría no accedió a una defensa particular y se vulneraron sus derechos. Este es un aspecto más que da cuenta de la selectividad con la que opera la criminalización.
Si atendemos al funcionamiento de conjunto, como un sistema que se produce entre las agencias policiales, el poder judicial, el personal de salud, los medios de prensa y, luego en algunos casos, el sistema penitenciario, podemos entender el dispositivo de castigo que se pone en marcha y los efectos que tiene sobre las vidas de estas mujeres desde el momento mismo de su señalamiento como criminales. Independientemente del resultado que arroje el proceso judicial, el castigo ya operó sobre ellas y afectó a quienes la rodean: hijes y otres familiares.
*Informe actualizado el 28/12/2020.
