La Corte Suprema de Justicia de la Nación eligió un caso sobre libertad de expresión para anunciar cómo este tribunal considerará los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En el caso que motivó esta decisión, en 2011 la Corte IDH declaró que el Estado argentino fue responsable de la violación del derecho a la libertad de expresión de dos periodistas por hechos que habían ocurrido en 1995 cuando el ex presidente Carlos Menem los denunció por haber hecho pública información sobre su hijo. En 2001, la Corte Suprema de ese entonces dejó firme la condena contra los periodistas quienes, agotadas las instancias del poder judicial local, recurrieron al sistema interamericano -representados primero por la asociación Periodistas y luego por el CELS- porque la decisión de la máxima instancia argentina era contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Luego de un largo proceso internacional la Corte IDH, en 2011, dictaminó que, efectivamente, el Estado argentino había violado el derecho a la libertad de expresión y que, entre otras medidas, la sentencia debía ser dejada sin efecto. En un voto por mayoría, la Corte Suprema decidió que no lo hará.
Con esta decisión la Corte les quita fuerza al impacto del derecho internacional de los derechos humanos a nivel interno y al sistema interamericano de protección de derechos humanos. El caso plantea un verdadero debilitamiento de la protección judicial e internacional de las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
