El 27 de diciembre de 2023 el gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. Luego del tratamiento fallido de la iniciativa en la Cámara de Diputados durante el verano, desde el Poder Ejecutivo se presentó un nuevo texto a fines de este abril. En esta versión del proyecto, conocido como “Ley de Bases”, nuevamente se pretende avanzar en un cambio de régimen, con los siguientes puntos clave:
– El pedido de facultades legislativas extraordinarias.
– El fin de la posibilidad de jubilarse para la mayoría de la población.
– Una reforma laboral que desprotege al trabajador.
– Una reforma tributaria regresiva y el blanqueo de capitales.
– El cambio de prioridades en la producción energética.
– Un programa de privatizaciones y reforma del Estado.
– Y el uso de la fuerza en actos administrativos sin intervención judicial.
Si se aprueba, la nueva legislación profundizará la brecha entre ricos y pobres, trasladará bienes hacia sectores empresarios y afectará el acceso a los derechos humanos de las mayorías.
El proyecto pretende que se declare la “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año” y que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo nacional facultades legislativas vinculadas a esos temas. Aún con más limitaciones que en el proyecto original, el Ejecutivo sigue reclamando facultades extraordinarias para gobernar por decreto.
Insistimos en que esta herramienta fue pensada en la Constitución para situaciones de emergencia. En este caso la delegación se realiza sobre cuestiones que hacen a la estructura del país, y sobre las que se busca hacer modificaciones perdurables.
Esto es especialmente preocupante si consideramos que el pretendido cambio de régimen que busca implementar el Poder Ejecutivo contiene materias explícitamente regresivas en materia de derechos humanos y que llevarían a la desprotección jurídica de la ciudadanía.
En este sentido, el artículo 3 faculta al Ejecutivo a modificar o eliminar las competencias, funciones o responsabilidades; reorganizar, modificar o transformar la estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia de organismos de la administración central o descentralizada. Si bien se establece que no se podrán disolver organismos del sistema de Ciencia y Técnica como el CONICET, la ANMAT, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), sí podrá llevar a la práctica cualquier otra acción que impida su funcionamiento. Lo mismo ocurre con otros organismos como el INCAA, el INCUCAI, la Unidad de Información Financiera (UIF) o el INTA.
La redacción de éste artículo, por ejemplo, deja abierta la posibilidad de la eliminación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo autónomo y autárquico que actualmente funciona bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Creado en 1987, el BNDG es una de las respuestas del Estado argentino para reparar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, que incluyó la apropiación ilegal de niños y niñas. Desde su creación, permitió que más de 130 nietos y nietas conocieran su origen e identidad.
El artículo siguiente habilita al Ejecutivo a disponer de las Empresas y Sociedades del Estado contempladas en el artículo 8, inciso b de la ley 24.156, más allá de las señaladas como privatizables (Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina, Intercargo. Quedan sujetas a privatización y concesión AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos) y las dos empresas sobre las que el Estado debe conservar acciones mayoritarias: Nucleoeléctrica Argentina SA (art. 8) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (art. 9).
Esta versión del proyecto también faculta al gobierno a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”, los cuales son una herramienta para asegurar el presupuesto de programas públicos para que tengan estabilidad. El Procrear, las becas Progresar, los fondos de emergencia para los incendios forestales o la protección de bosques nativos, son algunos de esos programas. El Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, por ejemplo, está destinado a obras viales y ferroviarias. El Fondo de Garantías Argentino se creó para el financiamiento de Pymes, el Fondo de Integración Socio Urbana, para llevar adelante las obras en barrios populares. También hay un fondo especial para las víctimas de trata de personas. No hay un estudio disponible sobre el impacto en caso de cancelarlos.
Esto es sólo una reseña de lo que el proyecto afecta a partir del pedido de facultades legislativas extraordinarias. Sobre este y los otros puntos que analizamos como regresivos para los derechos humanos, la soberanía y en definitiva, para el acceso a una vida digna, desde el CELS elaboramos este documento que enviamos a representantes del Congreso. Planteamos que la iniciativa debe ser rechazada y que estos temas se deben abrir a la participación ciudadana.
