La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de la Nación recomiendan los medicamentos como método para la realización de abortos tempranos. Desde hace años la OMS aconseja en sus guías y protocolos la utilización de una combinación de mifepristona y misoprostol o, en el caso de los países donde no hay disponibilidad de mifepristona como en la Argentina, de dosis compuestas sólo de misoprostol.
También desde hace quince años, la OMS incluye al misoprostol en su lista de medicamentos esenciales. Tal como lo han advertido los órganos de protección de derechos humanos, los Estados tienen la obligación mínima de asegurar la disponibilidad y acceso a los medicamentos incluidos en esta lista.
Sin embargo, en la Argentina persisten diversos obstáculos en la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de estos medicamentos. En el país no se produce ni comercializa mifepristona, los precios del misoprostol en farmacias son altos y las condiciones de venta son restrictivas.
Un cambio sustancial en las políticas públicas sería que el Estado nacional impulse la compra de pastillas de misoprostol en el Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe y asegure su distribución en el sistema público de salud, en todo el país. También, que el misoprostol producido por ese laboratorio público esté a la venta en farmacias.
Para asegurar la calidad en la atención médica, el Estado tiene que garantizar la disponibilidad de ambos medicamentos. Para ello, puede aprovechar las capacidades instaladas en las decenas de laboratorios públicos argentinos e impulsar la producción pública de mifepristona.
También el Estado Nacional tiene que asegurar la accesibilidad a estas tecnologías médicas, en condiciones de igualdad y sin discriminación: el tratamiento tiene que estar disponible sin cargo en el sistema público de salud y el Estado controlar que las obras sociales y empresas de medicina prepaga garanticen su cobertura para sus afiliados y afiliadas.
