A seis meses de iniciada la gestión, el gobierno de Javier Milei desmanteló, total o parcialmente, políticas claves para el proceso de memoria, verdad y justicia. El relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas y el registro audiovisual de los juicios por delitos de lesa humanidad son dos ejemplos. A otras políticas, como las reparaciones, las pusieron en suspenso o las fueron debilitando, entre ellas las relacionadas con la preservación y funcionamiento de sitios de memoria.
La política de memoria, verdad y justicia se ve afectada por una combinación del ajuste general de los fondos públicos y el desfinanciamiento y/o vaciamiento de estructuras. En marzo, fueron despedidos dieciocho trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El gobierno los reincorporó en condiciones de extrema precariedad con contratos trimestrales
A esto se suman los discursos reiterados de los máximos funcionarios del gobierno que caracterizan al proceso de justicia como un acto de hostigamiento y humillación a las Fuerzas Armadas, a las políticas de memoria y educación en derechos humanos como adoctrinamiento, a las políticas de reparación como un “curro” de los organismos de derechos humanos y del colectivo de víctimas, y a las políticas de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas como un “accionar paraestatal”. El nuevo gobierno sostiene posiciones revisionistas y negacionistas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Este tipo de posiciones representan un daño mayúsculo a la construcción social, política e institucional que simboliza el Nunca Más para la democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El CELS y Memoria Abierta elaboramos un informe en el que analizamos la afectación a las políticas públicas claves en esta materia, que durante la democracia han sido: el enjuiciamiento y castigo a los responsables de crímenes masivos cometidos durante la última dictadura, la desclasificación y relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la incorporación a la currícula educativa del estudio crítico del terrorismo de Estado, las reparaciones a las víctimas, la búsqueda de bebés y niños apropiados durante la última dictadura, y la recuperación de sitios vinculados a la represión para su resignificación como espacios de memoria.
