“Nosotros creemos en la verdad. Si el policía hizo las cosas mal, las paga. Si el policía actuó cumpliendo su deber para salvar a un ciudadano, haya sido torpe o no, vamos a proteger al ciudadano, diga lo que diga el juez. El juez hizo algo que no se hace”, respondió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en una entrevista en la que se le preguntó su posición en el caso Chocobar. La idea de fondo de este tipo de expresiones es que para “conjurar el delito” se puede matar a quien sea identificado como “delincuente” en defensa del “ciudadano”. Y de que eso es hacer lo debido, cumplir con el deber.
Pero, ¿qué significa actuar como policía y hacer lo debido en nuestro sistema político? ¿El policía está autorizado a matar en cualquier caso? ¿El Estado promueve las muertes policiales o intenta evitarlas? ¿Da lo mismo que el Estado mate o no mate? ¿Por qué importa lo que dice la autoridad política a cargo de las fuerzas policiales federales? ¿Quién fija las reglas y quién decide cuándo la policía actúa dentro de la legalidad?
El Estado viola los derechos a la vida y a la integridad física cuando sus agentes actúan por fuera de los estándares permitidos. Al mismo tiempo viola el derecho a una protección judicial efectiva cuando no realiza una investigación seria y exhaustiva al producirse uno de estos crímenes. Las autoridades y el sistema de justicia tienen el deber de controlar que la conducta de los policías se ajuste a los estándares y directivas sobre uso racional de la fuerza en cada caso. La investigación y sanción de los responsables de ejecuciones debe operar también como garantía de no repetición. Sin embargo, existe una especie de protección corporativa y política que funciona como convalidación de los intentos de encubrimiento de las propias fuerzas involucradas en los hechos.
Índice
1
Las muertes cometidas por policías como problema público
2
¿Cómo se mide la letalidad policial?
3
Uso abusivo de las armas de fuego
4
Impunidad: deficiencias en las investigaciones judiciales y administrativas
5
Obligaciones estatales
