Las políticas migratorias pueden profundizar la exclusión de las personas migrantes y ser el origen de múltiples vulneraciones e inequidades, o pueden promover y proteger los derechos de las y los migrantes. Por esto, es clave que se avance en la revisión de estas políticas, tal como acordaron hacer los Estados miembros de la ONU al negociar un Pacto Global para las migraciones: “Estudiaremos la posibilidad de revisar nuestras políticas de migración con miras a estudiar sus posibles consecuencias negativas imprevistas” (Declaración de Nueva York, 19 de septiembre de 2016, párr. 45).
En tanto los mecanismos y procedimientos migratorios determinan el trato institucional y social a las personas migrantes, proponemos repensar cuatro aspectos: la regularización migratoria, los procedimientos para los casos de expulsión o deportación, el uso de la detención por razones migratorias como fuente principal de criminalización de la migración y las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia de las personas migrantes que fueron víctimas de delitos o de violaciones de los derechos humanos.
Las propuestas de este documento surgen de nuestra experiencia en América Latina. Trabajamos tanto en la identificación de las trabas institucionales que pueden dificultar el acceso a derechos de las personas migrantes, como en el desarrollo de propuestas concretas para solucionar estas trabas e incorporar los estándares internacionales de derechos humanos en las políticas migratorias de nuestros países. Más allá de los debates que las organizaciones tenemos con las autoridades gubernamentales sobre la implementación, la puesta en marcha y las modificaciones necesarias a estas políticas, nuestras experiencias muestran que lejos de ser solamente principios, estos estándares pueden informar, guiar y definir mecanismos concretos de la política migratoria. Para ello sugerimos principios rectores, líneas de acción, objetivos y medidas concretas que el Pacto Global debería contener.
