En agosto de 2014 se cumplieron cuatro meses de la declaración de la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires. Las medidas dispuestas reiteran las ya fracasadas: más policías en las calles legitimadas políticamente para utilizar la violencia y anuncios de reformas legislativas para restringir las excarcelaciones. Este documento, un power point, aborda … Continued
El proceso de reforma al código penal es una oportunidad para reparar cuestiones pendientes en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
En el documento hacemos referencia a algunas de las propuestas con las que acordamos así como hacemos observaciones críticas y sugerencias respecto de otras, ya que entendemos que no receptan estándares del derecho internacional de los derechos humanos o que sería inconveniente modificarlas para alcanzar una mejor protección legal. Por último, proponemos que se regulen nuevas figuras penales para casos de delitos de funcionarios.
públicos.
Diferentes debates sirvieron para el despliegue de un discurso de endurecimiento punitivo: la amenaza del narcotráfico como causa de todos los males; el debate irracional sobre un proyecto de reforma del Código Penal y la justificación de los ataques violentos contra ciudadanos involucrados en situaciones de supuesta o efectiva flagrancia como prédica de la ausencia del Estado. Las respuestas que se ofrecen son repetidas y de largo y probado fracaso.
Este cuaderno resume la historia y principales hitos de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos del CELS, creada en conjunto con la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1994 con el objetivo de formar abogados junto a la promoción de derechos.
El CELS y Conectas Direitos Humanos dieron seguimiento al proceso de revisión de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, conocidas como Reglas Mandela. El documento recoge las propuestas que presentamos.
A poco de cumplirse tres décadas de democracia, esta decimoctava edición del Informe Anual propuso, desde una mirada histórica, un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina a lo largo de 2012.
En esta publicación el CELS intenta abordar algunos de los vacíos en el debate público sobre la responsabilidad del Estado hacia la protección del derecho de protesta y de asamblea.
Este cuaderno detalla el desarrollo del trabajo histórico del CELS con migrantes y refugiados, los avances y deudas en la política migratoria, los cambios que introdujo en Argentina la nueva ley de migraciones y el rol central de las organizaciones sociales y movimientos de derechos humanos en el proceso.
Este material ofrece a los operadores del sistema de justicia puntualizaciones útiles sobre los fundamentos que deben guiar la labor pericial a partir del ordenamiento legal establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Ley Nacional de Salud Mental (ley 26.657) con su respectivo decreto reglamentario 603/2013.
El documento analiza su intervención en situaciones de protesta, como las que tuvo en el Parque Indoamericano, la Sala Alberdi y el Hospital Borda, entre otras. Investiga, además, otras prácticas de violencia en situaciones de desalojo, allanamientos y casos de uso letal de la fuerza.
En este informe elaborado por el CELS en 2013 se da cuenta de los avances, falencias y omisiones del Estado argentino sobre sus obligaciones con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
En 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto un fallo de Casación, que debía volver a hacer una revisión exhaustiva del fallo condenatorio a Carrera. En lugar de eso, la Sala III confirmó la condena a quince años de Fernando Carrera, garantizando la impunidad del accionar policial. Este informe analiza esa trama.
Este libro analiza los procedimientos y nociones que fueron utilizados por el terrorismo de Estado para el secuestro y la apropiación de los hijos de aquellos a quienes se desaparecía y se mataba.
Esta publicación se presenta como guía de trabajo que puede servir de orientación para aquellos operadores judiciales que tienen a su cargo tomar declaraciones –en los diferentes momentos del proceso– a personas que han padecido el delito de tortura.
En este informe analizamos la consolidación del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad a 10 años de la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. En sus páginas se advierte también sobre los problemas e inequidades que aún subsisten.