A partir de la causa judicial por espionaje en la Base Aeronaval Almirante Zar, el libro analiza las disputas y alianzas por la definición y configuración de las actividades legítimas de las fuerzas armadas. Es el primer título de la Colección Antropología Jurídica y Derechos Humanos, dirigida por María Pita.
El experto independiente sobre deuda externa de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, convocó a acercar información sobre El impacto de las actuales políticas económicas en los derechos humanos de las mujeres. El Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica, la Red de Feministas del Sur Global DAWN y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acercamos este informe.
Junto con el diario Tiempo argentino preparamos un suplemento especial a 42 años del golpe cívico-militar. Las notas abordan distintos aspectos del estado del proceso de memoria, verdad y justicia.
Desde comienzos de 2016 el Gobierno Nacional tomó decisiones y emitió claros mensajes intimidatorios hacia las personas involucradas en protestas y otras formas de conflictividad social, en un contexto en el cual esta conflictividad viene en aumento debido a una serie de medidas económicas y sociales de carácter regresivo. En este informe presentamos los aspectos de esta escalada que consideramos más problemáticos.
En un contexto de escalada represiva de la protesta social durante 2017, se reiteraron situaciones graves de violencia policial contra las y los manifestantes que afectaron también a periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y asistentes. En un documento conjunto de SiPreBA y el CELS, reunimos información sobre las consecuencias de estas represiones.
En los próximos meses los Estados miembros de la ONU negociarán el Pacto global para las migraciones. Seis organizaciones presentamos medidas concretas que el Pacto debería contener para garantizar los derechos de las y los migrantes.
El Código Civil y Comercial de la Nación modificó el “sistema de sustitución de la voluntad” por el modelo de “apoyo en la toma de decisiones”. Este documento busca asistir y responder a los desafíos que debe atravesar la labor judicial bajo el nuevo marco legal.
La ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat reconoce al déficit habitacional como un problema multidimensional: viviendas insuficientes dentro de un déficit urbano integral. La consecuencia es un límite para el ejercicio de otros derechos humanos, como el acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Esta publicación es un aporte para la efectiva implementación de esa ley.
De las 526 personas internadas en Romero, 217 son mujeres de entre 20 y 87 años, con un promedio de 25 años de encierro. Muchas de ellas ingresaron a los 20 años y desde entonces permanecen allí.
Este es el vigesimoprimer informe sobre los derechos humanos en la Argentina editado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Se presenta en una coyuntura muy particular, ya que una cantidad de decisiones, medidas y hechos afectan negativamente cuestiones críticas de la agenda y los mecanismos de protección de esos derechos.
El 24 de noviembre de 2017 se conocieron los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. En este documento presentamos diez preguntas y respuestas con los aspectos principales del caso y las responsabilidades del Estado en lo ocurrido desde el 1 de agosto.
El artículo aborda las dinámicas de violencias en las tomas de tierras y asentamientos y el rol de los mercados ilegales que encuentran condiciones para su expansión en los contextos de alta vulnerabilidad.
El Estado argentino no siguió los términos de la acción urgente 381/2017 de la ONU sobre la desaparición de Santiago Maldonado. En este informe solicitamos al Comité que requiera la adopción inmediata de las medidas esenciales que deben tomarse ante la desaparición de una persona.
La finalidad de este manual es facilitar la implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires y promover una comprensión integral de la problemática que aborda y de las herramientas de gestión territorial que ofrece, desde una perspectiva centrada en los derechos de la población.
La prórroga de la ley es un imperativo de derechos humanos. En la actualidad hay 1532 comunidades identificadas, de las que solo el 30% cuentan con el relevamiento de sus tierras ancestrales.
Las muertes en el penal se produjeron en un contexto en el que las políticas criminales y de seguridad se orientaban a sumar personas encarceladas. Murieron 33 de los 58 internos que estaban alojados en el pabellón de buena conducta. Solo dos de los detenidos tenían condena.