En esta investigación discutimos la aptitud de los programas sociales implementados desde mediados de 2002, particularmente el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, para garantizar el derecho social a un nivel de vida adecuado. Si bien el origen del plan habla de la creación de un “derecho familiar a la inclusión social”, en modo alguno los beneficios asignados alcanzaron para definir el reconocimiento de un auténtico derecho social. Aún así, la lógica de intervención del Estado en materia social debe apuntar a generar auténticos espacios de inclusión y a fortalecer el ejercicio de derechos tanto económicos, sociales y culturales, como civiles y políticos, evitando acciones asistenciales y de corto plazo que, si bien pueden mitigar las condiciones más extremas de la pobreza estructural, reproducen la exclusión y ahondan la brecha entre los sectores sociales relegados y el sistema político.
Índice
1
Presentación
2
Características generales del Plan Jefes y Jefas
3
De qué derecho hablamos
4
Mecanismos de asignación y control
5
Acceso a la información pública y control social
6
Efectos sobre la reducción de la pobreza y la indigencia
7
A modo de síntesis
8
Anexos
