En la noche de 13 de febrero de 2016 Oscar, un niño de 8 años, fue asesinado por un grupo armado que disparó a mansalva contra un conjunto de casas ubicadas en el barrio Unión, partido de Merlo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Ocurrió en las inmediaciones del asentamiento “Nueva Esperanza”, resultado de una toma de tierras cuatro meses antes. Los ocupantes venían denunciando desde los primeros días del año que grupos de personas armadas se habían ubicado en uno de los límites del asentamiento, ejercían violencia contra los vecinos y, supuestamente, habían instalando bocas de expendio de drogas. Desde los medios se informó que el asesinato del niño había ocurrido en el contexto de un enfrentamiento entre bandas por el control de los terrenos. La versión era falsa y tenía la función de estimular las demandas de desalojo del predio.
Cinco días después del asesinato de Oscar, la Policía Bonaerense desalojó el asentamiento, incendió casillas, destruyó y robó pertenencias. Tras el operativo quedaron en la calle más de mil familias. Como era de esperar, los responsables del homicidio ya no estaban en el lugar. Se trató de una situación similar a la de agosto de 2014 en el barrio Papa Francisco de Villa Lugano (CABA): una serie de hechos de violencia protagonizados por bandas perfectamente identificadas por los ocupantes y por la policía, terminó siendo utilizado para justificar el desalojo de familias de muy bajos recursos, ajenas a las actividades de esas bandas. La pasividad política, judicial y policial ante los grupos violentos muestran que los robos, la venta de drogas, la ostentación y el uso de armas de fuego son funcionales al objetivo político final de algunos funcionarios: desalojar la toma sin tomar en consideración las necesidades y los derechos de los ocupantes.
