Durante los primeros años del siglo, el problema de la seguridad ciudadana adquirió protagonismo en el debate público, como resultado del crecimiento de distintos fenómenos relacionados con la violencia. Ese proceso se gestó en un contexto de profundas desigualdades sociales, donde las instituciones -en particular las policías y la Justicia- fueron deficientes para garantizar derechos y activas promotoras de la ilegalidad.
En este contexto, las políticas de seguridad no lograron ser asumidas más que como políticas de gobernabilidad, de reducción de daños ante el impacto social de cada nuevo hecho delictivo. Se pensó antes en respuestas rápidas y efectistas, que en las causas estructurales de los problemas. En el CELS creemos que no hay seguridad sin Estado de derecho y sin derechos; ellos son la garantía de que las políticas serán efectivas y no se convertirán en violencia desatada.
Índice
1
Presentación y agradecimientos
2
Políticas públicas y seguridad en una sociedad democrática.
3
Más derechos, más seguridad
4
Funcionamiento y prácticas del sistema penal de la provincia de Buenos Aires luego de la reforma procesal del año 1998
5
El Poder Judicial frente a la violencia institucional
6
Fiscales y defensores en la agenda democrática.
7
Propuestas para el fortalecimiento del Ministerio Público
8
Ejes para una reforma del Ministerio Público
