Los países de América Latina se caracterizan por tener políticas fiscales poco transparentes, poco participativas y de carácter predominantemente regresivo. En vez de reducir la desigualdad económica, estas políticas hasta han empeorado la situación de los más pobres en algunos casos.
El 11 de mayo de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia regional sobre “Control del gasto público, políticas fiscales y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina”. En ese marco, doce organizaciones presentamos un informe conjunto a la Comisión que muestra cómo la profundización de las políticas fiscales regresivas acentúa la pobreza y la desigualdad, con graves impactos en los derechos humanos.
El informe presenta evidencia sobre cómo el impacto de las políticas fiscales en la Argentina, Brasil, Colombia y Perú, determina el nivel de goce de los DESC, en particular de las poblaciones más excluidas social y económicamente. Demuestra también que los Estados no han hecho lo suficiente para movilizar los recursos financieros “hasta el máximo de los recursos disponibles,” o administrarlos de manera eficiente para “lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos” de su población, según lo disponen las normas regionales de derechos humanos.
Destaca además el rol importante de la CIDH en el escrutinio de las políticas fiscales y en el desarrollo de un marco de referencia y recomendaciones sobre cómo los Estados de la región podrían llevar a cabo el deber de hacer transversales los principios de derechos humanos en todo el ciclo de las políticas fiscales. Se debe asegurar la disponibilidad de los recursos públicos de manera suficiente, equitativa, sostenible y con rendición de cuentas, para garantizar la realización de los derechos.
