Las prácticas tributarias de las empresas y el control de los Estados respecto a dichas prácticas tienen un impacto en la recaudación de los recursos fiscales y, por esta vía, en la garantía de los derechos humanos. La enorme pérdida de recursos por causa de la evasión o elusión fiscales, los privilegios tributarios corporativos injustificados, los flujos ilícitos y la impunidad en la que operan los paraísos fiscales, son todas problemáticas que son incongruentes con las normas de derechos humanos.
Desarrollos normativos recientes han aclarado que es obligación de los Estados prevenir las violaciones de derechos humanos como resultado de las actividades de las empresas bajo su jurisdicción, tanto dentro como fuera de su territorio, al igual que la responsabilidad que las empresas tienen por dichas actividades. Por ello el rol que jueguen las instituciones regionales de derechos humanos es sumamente relevante para explicitar las obligaciones de los Estados de proteger los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas de respetarlos, en particular en materia de política fiscal.
En apoyo al objetivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de fortalecer la legislación y las políticas públicas en las Américas para abordar las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las empresas y avanzar en las normas legales pertinentes, el Center for Economic and Social Rights (CESR), el Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), Conectas Derechos Humanos, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, remitimos este documento a Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre DESCA de la CIDH. Se preparó en respuesta a la consulta para su elaboración del informe “Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos”.
